La reforma constitucional: regresiva, inquisitiva y golpista

La iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sin previa consulta pública y con urgencia inusitada promueve la 4T a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, tiene implicaciones nocivas de carácter superlativo para el destino democrático de todo el Estado mexicano. Y de aprobarse, indudablemente se constituirá en un medio efectivo de control, para eliminar contrapesos políticos y crear condiciones propicias para consolidarse un régimen autoritario sin instituciones regidas por principios de independencia, autonomía e imparcialidad, que objetivamente tengan la real capacidad de restaurar el orden legal y constitucional cuando éste haya sido vulnerado.  

Como un propósito oculto que subyace en el fondo de la propuesta, para regresar al pasado, restar independencia, y con ello hacer añicos la autonomía e imparcialidad judicial, la iniciativa pretende a contrapelo de las ideas más progresistas, echar prácticamente a la basura el logro obtenido en cuanto a que la designación de los jueces y magistrados especializados en materia de responsabilidad penal, así como su vigilancia y disciplina, quede a cargo de un órgano técnico y  profesional alejado de la política, como es el Consejo de la Judicatura Federal. En cambio, la pretendida reforma constitucional sucumbe ante la tentación del poder totalitario, mostrando su decisión de otorgar esas importantísimas funciones a un instituto eminentemente político, sujeto obviamente a los vaivenes de la política, como es el Senado de la República, cuyos miembros además de no tener el perfil de profesionales en derecho, obedecen innegablemente a las consignas o instrucciones de su partido o jefe político, relegando así a la Corte Suprema,  a un papel meramente administrativo respecto de ellos.

De esa manera, no se garantizaría ya, en materia penal, ni siquiera en la propia Constitución, la imparcialidad judicial, al existir entonces los mecanismos de control político que necesariamente generan suspicacia al momento de realizarse las funciones de nombramiento, vigilancia y disciplina de los jueces, lo cual, indudablemente tendría influencia en el sentido de los fallos.

Es fácil imaginar: si un juez en materia de responsabilidad penal, es nombrado por el Senado de la República integrado por los más populares políticos del momento, y ese mismo órgano es quien puede evaluarlo, vigilarlo y disciplinarlo por supuestas faltas administrativas, entonces es claro que esas actividades también las realizará buscando la manera de agradar a la voluntad popular; y, derivado de eso el juez o magistrado también  se verán influenciados para que sus decisiones, sean igualmente populares, al gusto de las mayorías, para no ser sancionados, relegándose de ese modo el respeto al debido proceso y al derecho mismo, a un segundo plano, cuando mucho.  

Esas reformas al sistema, aderezadas con otras de corte totalmente inquisitorial, como es la posibilidad de mantenerse en prisión a los imputados en la comisión de algún delito, ya mediante arraigo o medias cautelares, bajo parámetros de enorme discrecionalidad, sin que previamente haya una sentencia condenatoria, posibilitarían la violación constitucionalizada de los principios de presunción de inocencia y debido proceso.

Y por si fuera poco, la posibilidad de intervención de comunicaciones en delitos político-electorales y la persecución de empresarios por delitos fiscales, bajo el tratamiento de delincuencia organizada, según la reforma propuesta, sin duda sembrarían el temor de los opositores al régimen gobernante y darían a éste el poder de aniquilarlos de manera institucionalizada.

La iniciativa de reforma que se comenta, ojalá y finalmente no se apruebe, pues de ser así, sus efectos serían evidentemente catastróficos para el orden jurídico-democrático del país.