Opinión
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La policía podrida es obra de Javier Corral

Los cuerpos de los casi muchachos fueron encontrados ayer en una zona desértica en las afueras de la ciudad; al suroriente. Sus padres los habían reportado como desaparecidos desde el 27 de diciembre

LA COLUMNA
de El Diario

jueves, 14 enero 2021 | 06:00

-La policía podrida es obra de Javier Corral

-Traerán a general para la Vial

-Quiere dar sorpresa exmagistrado duartista

-Maderistas quieren debate antes de elección

Es literalmente criminal el batuque propiciado por Javier Corral en el Gobierno del Estado. Es el primer responsable de la corrupción, abusos y asesinatos cometidos por policías bajo su cargo en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Ahora tocó el infortunio a dos jovencitos, Irving Adolfo y Fátima. No sabemos todavía con detalle las razones, pero cayeron en manos de agentes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), y/o Fuerzas Estatales, y/o Grupos de Operaciones Especiales e Inteligencia de la SSPE.

Los cuerpos de los casi muchachos fueron encontrados ayer en una zona desértica en las afueras de la ciudad; al suroriente. Sus padres los habían reportado como desaparecidos desde el 27 de diciembre. Encontraron también allá el cuerpo de un tercer joven.

Han confirmado ya las propias autoridades estatales que elementos de la SSPE levantaron a Irving y Fátima junto a otros dos jóvenes, presumiblemente luego los entregaron a gente del crimen organizado que liberaron a los dos segundos, quienes habrían explicado cómo ocurrieron los hechos.

La Fiscalía General del Estado y sus órganos de control internos ya descubrieron la participación de varios agentes estatales, pero no han redondeado por completo las investigaciones.

Debe ser la historia de terror absoluto, indescriptible. Levantados, desaparecidos, torturados, interrogados y finalmente asesinados.

Lunes y martes estuvo Javier Corral en Juárez. Públicamente tuvo una aparición solo para “encabezar” la apertura de una casa para menores migrantes construida por una asociación civil. De ahí en fuera solo se supo que habría sostenido algún encuentro privado con su gabinete y una reunión social el martes por la noche en una de sus residencias en esta frontera.

Durante esos días, varios agentes de Asuntos Internos y familiares de los asesinados buscaban afanosamente a las víctimas. Hallaron sus cuerpos ayer durante la mañana. Así como llegó Corral a Juárez así se regresó a Chihuahua.

Ese tipo de actos ejecutados por agentes estatales han sido repetidos a lo largo de los cuatro años y fracción que lleva Corral Jurado al frente del Gobierno estatal. El modus operandi es idéntico.

A finales del 2019 no solamente desapareció a la temible CES que dirigió su chaperón Óscar Aparicio, sino que la elevó a rango de Secretaría Estatal y colocó al frente a Emilio García Ruiz, quien tiene como operador inmediato a Francisco Israel Galván Jaime. Ambos son exmandos de la Policía Federal. Fueron dotados con casi 300 millones de pesos para operar 2020, otra cantidad similar para el 2021.

Corral es responsable directo de esos asesinatos ocurridos hoy y de todo el historial de corrupción en la SSPE. Es progenitor de esta secretaría y de la CES.

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Al frente de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en Juárez permanece desde principios del año pasado el exjefe de la Policía Municipal, Ricardo Realivázquez. Es una pieza extrañamente colocada ahí por Javier Corral aunque su filiación tenga que ver con el exjefe duartista de la Policía Estatal, Pablo Rocha.

Ese nombramiento es parte del desorden creado por el gobernador.  Ha permitido con esta dinámica hacer chilar y huerto adentro de la corporación a los malos policías.

Realivázquez conoce al dedillo los mapas delictivos de la ciudad; sabe quiénes son, cómo son y dónde operan todos los grupos y pandillas. Es también policía de academia, exmiembro del Grupo Antisecuestros y sobreviviente de ataques en esa unidad.

No hay antecedentes de Realivázquez como mal policía, pero su designación fue llevada a cabo como un intento de contrapeso que en la realidad no se ha dado. García Ruiz y Galván, mantienen en Juárez a una gran cantidad de agentes de varios grupos que ni contacto hacen con la jefatura local con la Fiscalía de Justicia norte; son precisamente los acusados de abusos y asesinatos.

Corral tiene reportes completos de esas operaciones, pero no actúa por negligencia o por complicidad. No hay de otra.

En estos días será nombrado un nuevo jefe de la “Policía Vial”; ha trascendido que es un general recomendado precisamente por el secretario de Seguridad, con el beneplácito nada menos que del “mandatario” estatal.

Ni modo de pensar bien, menos a estas alturas cuando a ese régimen le quedan escasos ocho meses.

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Gustavo Madero mantuvo ayer sus recorridos de precampaña por distintos municipios del estado después de estar en Juárez el martes.

El senador con licencia busca fortalecer su presencia en esta frontera y en la región centro sur del estado que incluye Meoqui, Camargo, Jiménez, Delicias y Ojinaga, mientras que la disputa por Chihuahua y Parral siguen siendo el gran reto por el trabajo de años que le lleva la alcaldesa con licencia Maru Campos.

Madero busca ganar la delantera con dos propuestas: un gobierno de panistas al servicio de los chihuahuenses y el compromiso de que la lucha contra la corrupción no se detendrá.

Es un mensaje que trata de calar en el ánimo de los blanquiazules, tanto entre aquellos que fueron dejados fuera del gobierno estatal y hasta de la propia alcaldía capitalina. La pretensión es irse por el centro y no contaminar su objetivo por las conocidas diferencias entre ambos equipos gubernamentales.

Madero, quien se registró con el respaldo de más de tres mil militantes con derecho a voto, confía en que más del 50 por ciento de la membresía albiazul lo llevará a ser el abanderado de su partido al Gobierno del Estado en la elección a realizarse el próximo 24 de enero.

Obviamente el equipo de Maru ha sostenido que su número de delegados es cercano al 70 por ciento.

Solo restan 10 días para conocer la verdad de verdades.

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Una escondida fracción del punto 37 de la convocatoria para elegir candidato a gobernador del PAN contempla la posibilidad de un foro de intercambio de ideas o debate entre los aspirantes.

“Participar en los intercambios de ideas mediante foros, debates y/o eventos que determine la Comisión Organizadora Electoral”, dice textualmente una de las obligaciones de los precandidatos, que fue plasmada desde el 8 de diciembre.

A nombre del senador con licencia, Gustavo Madero, sus representantes Mario Mata y Fernando Álvarez Monje ya solicitaron desde el fin de semana pasado que se cumpla lo que consideran un principio básico de la democracia, sobre todo en el albiazul.

Plantearon la propuesta a la Comisión Electoral del PAN Estatal y están a un paso de llevarla al órgano nacional, que de acuerdo a la misma convocatoria tiene la facultad, en todo momento, de atraer cualquier proceso interno en los estados.

El equipo de la precandidata María Eugenia Campos no ha respondido afirmativamente al planteamiento de un debate interno.

Es de suponerse que a la alcaldesa con licencia de la capital y a sus operadores poco les interesa someterse a un ejercicio que, muy democrático y todo, nada le abonaría a su proyecto. Si es la puntera no tiene algo para ganar exponiéndose de esa forma.

Adicionalmente el tiempo juega un papel importante. Organizar el debate, costearlo, trasmitirlo, poner de acuerdo a los aspirantes en los términos y demás preparativos que se requieren demandan mucho tiempo y ya faltan 10 días para la jornada electoral interna.

Así que será cuestión de horas para que los órganos panistas determinen si se avientan a cumplir con la petición maderista y el olvidado punto que obliga a los precandidatos a someterse a este tipo de ejercicios.

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En enredados juicio de amparo, el exmagistrado duartista Jorge Ramírez Alvídrez trata de librar la medida cautelar que le impusieron poco antes de la Navidad pasada, aunque le fue bien porque le dieron brazalete y arraigo domiciliario en vez de reclusión en el Cereso, cosa que enfureció al colérico Javier Corral.

Los representantes del también exdiputado, vinculado a proceso penal el pasado 23 de diciembre, no dejan de ir a los tribunales federales en la capital del estado, donde se sigue una serie de reclamos a partir de su detención y proceso de desafuero.

La Fiscalía General del Estado pidió, en el marco de la acusación ante la justicia local, que se le impusiera la medida de prisión preventiva, como ha sido con la mayoría de los duartistas acusados de peculado y otros delitos.

Fracasó el Ministerio Público en su intento de castigar sin sentencia a Ramírez Alvídrez y eso le ha permitido seguir a la cabeza de su propia defensa, aunque tenga policías vigilando su casa las 24 horas.

Desde su domicilio es que salen prácticamente todos los días recursos y promociones ante la justicia federal, la que podría dar una sorpresa -al menos es lo que pretende el exmagistrado- al cumplirse el mes de la vinculación a proceso, o sea en unos cuantos días.

Los reclamos del acusado atacan prácticamente todo el procedimiento que derivó en su captura: juicio de procedencia, la misma ley que se utilizó para tal fin, violaciones a su fuero con una detención desde fines de marzo del año pasado, etcétera.

Los recursos se encuentran en todos los niveles, desde los juzgados de distrito y tribunales colegiados hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que igual le pega cuando cumpla un mes de la cautelar impuesta.