La omisión criminal contenida en mísero tuit

• La omisión criminal contenida en mísero tuit

• Otro ‘oso’ de Aparicio Avendaño, ayer en Juárez

• Le pegarán a Juárez con más de 200 millones 

• Ahora ponen contra la pared al profe Chaparro

El Gobierno estatal fingió preocupación por la extrema situación de violencia sufrida en la región noroeste de la entidad que contempla de Buenaventura a los Casas Grandes, Galeana, Janos, Ascensión. Son los límites de Chihuahua con Sonora.

Balaceras y violencia extraordinaria entre bandas de criminales. Civiles los grandes afectados, decenas de miles de ellos mormones originarios de los Estados Unidos, Canadá... Alemania.

Apenas cuatro meses después de rendir protesta como nuevo gobernador de Chihuahua, Javier Corral, lanzó aquel famoso acuerdo mediante el cual intervenía las Policías de seis municipios, entre ellos Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes.

La redacción del acuerdo publicado es grandilocuente pero sin intención alguna de cumplirse. Ni ayer, ni ahora. Fueron tomadas las Policías  “con el objeto de restaurar el orden y la paz públicos, como un caso de fuerza mayor ante las alteraciones graves al orden público... El servidor público municipal que se abstenga de cumplir la disposición prevista en el párrafo que antecede, será sujeto a las responsabilidades administrativas y penales que correspondan”. Febrero 15 del 2017. Firmaron: Javier Corral Jurado, César Jáuregui Robles y César Augusto Peniche Espejel.

Hoy el gobernador debiera separarse o ser separado de su cargo por la omisión criminal cometida en aquella región que propició esta nueva masacre, ahora contra niños y madres de la familia LeBaron. 

Ni un solo día le dio seguimiento a aquel acto de gobierno, como tampoco ha atendido la violencia que sufre el estado con cerca de siete mil asesinados durante su administración.

Campechanamente y sin rubor de ninguna especie, carente por completo de solidaridad genuina, ayer a través de un mísero tuit lamentó y “condenó” la tragedia de la familia LeBaron “en la masacre ocurrida ayer”. La Fiscalía de Chihuahua –agregó– “colaborará en todo con las autoridades federales y locales de Sonora para que se haga justicia y se dé con los responsables”.

Geográficamente los hechos ocurrieron unos metros adentro de Sonora pero toda la carga de la responsabilidad en la seguridad de los LeBaron, que llevan décadas denunciando agresiones y acoso de grupos criminales, es en primera instancia del gobierno corralista.

Ellos radican en Chihuahua, acá tienen sus posesiones; sus familias han trabajado intensamente por varias generaciones. Nunca debió ocurrir la brutal agresión del lunes porque el Gobierno debió responder oportunamente a sus insistentes gritos de auxilio y por lo tanto de protección.

Frente a las consecuencias de esa falta de respuesta y de esa falta de seguimiento inclusive a sus propias acciones de prevención anunciadas al principio de la administración, Corral no tiene otra salida que la separación del cargo. Ya demostró que lo suyo no es la administración pública. Esperar a que transcurran los dos años restantes de su período es resignarse a seguir padeciendo un Chihuahua devastado.

No tuvo la gallardía siquiera para enfrentar personalmente la masacre más allá de un tuit; de hecho, suma ya 10 días en los que ha tenido sólo apariciones públicas esporádicas. No hay gobernador.

***

A quien correspondió el ‘oso’ de ayer fue nada más y nada menos que al comisionado estatal de Seguridad (CES), Óscar Aparicio Avendaño.

El funcionario movilizó agentes y hasta una Cessna rentada consiguió (helicópteros y aviones de la flotilla gubernamental son de uso exclusivo del gobernador Corral) para trasladar desde algún punto de la Sierra de Chihuahua con Sonora a un “supercapo” que habría participado en la masacre de los LeBaron.

Se hizo acompañar Aparicio inclusive por una funcionaria, suponemos de medio pelo, que recibiría al peligroso detenido y lo consignaría ante los juzgados correspondientes. (Foto en la versión digital de La Columna).

No hubo nada extraordinario, ni siquiera certeza sobre actividades delictivas del detenido porque sólo fue presentado un R-15 que presumiblemente portaba.

Como siempre, convertido en nada el oropel que acostumbra para estos efectos el funcionario estatal.

Debió regresar de inmediato a Palacio de Gobierno donde se llevaría a cabo por la tarde-noche la enésima encerrona entre jefes policiacos y militares para el enésimo plan contra la inseguridad, que en menos de 48 horas arrojó más de 30 personas asesinadas.

***

No hay estimaciones precisas todavía, pero dentro del gasto a presupuestar para municipios el año próximo es posible que Juárez sea impactada negativamente con más de 200 millones de pesos.

Eso es una estimación por la baja general en la recaudación fiscal, generada por una caída en la actividad económica, así como por las previsiones en materia presupuestal de la 4T, que no confía en el gasto de los municipios y para variar prefiere entregar dinero de forma directa a la población.

Las participaciones y aportaciones federales a Juárez rondan los tres mil millones de pesos. La mayor parte son irreductibles del presupuesto, pero a lo que se puede meter tijera como máximo es a ese monto que ahora se proyecta.

El impacto en el Gobierno municipal del independiente Armando Cabada será fuerte para el año que entra, igual para todos los ayuntamientos del estado.

Pero además debe sumarse la caída de este año que ya empiezan a resentir las arcas estatales, también fenómeno generalizado en el país. Eso tendrá un impacto en el cierre de este mismo 2019.

Ese escenario no es alentador, por más propaganda que se haga a nivel federal y estatal sobre supuestos buenos números económicos frente a una desaceleración que muestra cada vez más señales de recesión.

Es una realidad que ya se enfrenta y para la cual no hay planes de contingencia, salvo echarle la pelotita a la Federación, que en efecto lleva gran parte de la responsabilidad del gasto por el excesivo centralismo. 

Así que aumentar el déficit e incluso subir impuestos de todos los órdenes –federales, estatales y municipales– son temas que están sobre la mesa de los responsables de las finanzas públicas, tan creativos como siempre para sortear las crisis.

***

La chihuahuense autoexiliada Bertha Luján Uranga se colocó en el ojo del huracán al convocar a una reunión del Consejo Nacional de Morena para este domingo.

Luján es la presidenta del Consejo Nacional y a la vez excandidata a la dirigencia ejecutiva que encabeza Yeidckol Polevnsky, por lo que tiene facultades, en teoría, de llamar a una sesión del máximo órgano de gobierno interno del partido en el poder.

Pero convocarla para el 10 de noviembre –fecha en que se habrían de realizar las elecciones de dirigentes nacional y estatales hasta que el Tribunal Electoral anuló todo el proceso interno– generó un choque de corrientes.

Luján corre el riesgo de que incluso los dirigentes más alineados con su proyecto, de Chihuahua, Estado de México, Veracruz, Ciudad de México y otras entidades donde se supone tiene dominio, ni siquiera acudan a su convocatoria.

Eso opera la gente de Polevnsky, que a su vez quiere reunir a su dirigencia, a consejeros estatales y nacionales, hasta finales del mes, para llegar a acuerdos sobre cómo realizar el proceso interno de elección ahora que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sentenció que su padrón de militantes era ilegítimo y carecía de validez.

El choque en realidad es por las patadas de ahogado que tiran todas las cabezas de grupo dentro de Morena.

Su impacto local puede resentirse en la dirigencia estatal de Morena, donde Martín Chaparro despacharía de manera provisional, pero ahora enfrenta el riesgo de ser relevado a la fuerza por un delegado enviado por el Comité Nacional.