Opinión

La moral contra el derecho

Según McCloskey, un derecho es 'un título moral' por lo cual confiere diferentes libertades de carácter moral para hacer, poseer, disfrutar, demandar, tener, entre otros, algunos derechos

Óscar David Hidalgo Ávalos
Analista

martes, 14 septiembre 2021 | 06:00

Según McCloskey, un derecho es “un título moral” por lo cual confiere diferentes libertades de carácter moral para hacer, poseer, disfrutar, demandar, tener, entre otros, algunos derechos; hoy tocaré un tema por demás sensible, en fechas pasadas, la SCJN reconoció a través de la sentencia de inconstitucionalidad 148/2017, que no se puede, ni se debe, castigar a las personas gestantes por interrumpir un embarazo, refiriendo el ministro Arturo Saldívar, que “hoy es un día histórico para las mujeres y personas gestantes”.

Con tal determinación, nuestro máximo tribunal privilegió el derecho a la dignidad de las mujeres, al fallar a favor de la despenalización del aborto, atendiendo al “derecho a decidir” y el “libre ejercicio de una salud sexual”, intentando demostrar que vivimos en una sociedad progresista en la que se respetan los derechos de las personas, aunque la realidad nos diga lo contrario.

Diferentes colectivos y organizaciones protectoras de derechos humanos han festejado la decisión de la Suprema Corte, pues consideran que estos no pueden limitarse y el Estado debe privilegiar y garantizar su cumplimiento, aseverando que los límites a los derechos atienden a cuestiones de carácter moral que impiden a las personas realizar determinadas acciones, dependiendo de la naturaleza de cada derecho.

Parte del preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos establece que “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”, desprendiéndose que, el derecho humano por excelencia es “la vida” y que de dicho derecho humano derivan el resto de los derechos, pues como puede el estado garantizar las libertades y los derechos, si no se tiene vida.

Actualmente en cuatro estados de nuestra República es legal el aborto, incluso, en la Ciudad de México es gratuito, y lo promueve el sector salud como “Interrupción Legal del Embarazo (ILE)”, solicitando para su práctica solo identificaciones, volviendo a colocar sobre una balanza dos derechos fundamentales, el derecho a la salud y el derecho a la dignidad, inclinándose hacia este último, pues se ve el nulo apoyo que existe por parte de los gobiernos para atender los problemas de salud ocasionados por el cáncer, entre muchas otras enfermedades cuyo tratamiento es caro en demasía.

Pareciera entonces que, nuestras autoridades tienden a ceder ante la presión de determinados grupos de la sociedad, que ven en la determinación de la SCJN un triunfo, cuando la realidad nos dice lo contrario. Según los estudios que las mismas fiscalías han desarrollado, la mayoría de las mujeres a las que les es practicado un aborto, lo hacen bajo la presión de terceras personas, ya sea su pareja, sus padres o sus amigas, por lo que el aborto deja de ser libre como lo expresa la sentencia antes referida y el supuesto derecho que se defiende, se sigue pisoteando, pero ahora con patrocinio de la autoridad.

Tampoco se atiende a que es una falacia el hecho de que, al legalizar el aborto, se deja de castigar la conducta sexual de las mujeres, como lo asevera la magistrada Norma Piña, pues al ser el derecho un título moral, la sociedad seguirá sancionando a través del rechazo social y la criminalización, lo que puede arrojar tintes de una guerra de ideales en la que comúnmente gana la ignorancia y la ignominia. 

Reza el punto número XX del Ideario del PDMU “respeta las sinceras opiniones ajenas, aunque difieran de las tuyas, pero tu propia convicción no la desprecies ni la escondas”. Con lo antes expuesto no quiero decir que me encuentro a favor de la pena privativa de libertad contra aquellas mujeres que por diferentes circunstancias se ven obligadas a practicar el aborto, pero discrepo del hecho de que se deje de privilegiar a la vida como el derecho humano por excelencia, vida que, según la evidencia científica empieza desde el momento de la fecundación, lo que sustenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Arttavia Murillo contra Costa Rica.

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