Opinión

La libertad de expresión y la discriminación

El derecho a la libertad de expresión es esencial para la democracia porque garantiza la existencia de un espacio público para el intercambio de opiniones

Mayra Chávez
Abogada

martes, 16 febrero 2021 | 06:00

El derecho a la libertad de expresión es esencial para la democracia porque garantiza la existencia de un espacio público para el intercambio de opiniones y la convivencia pacífica de las diversas expresiones individuales o colectivas que coexisten en las sociedades contemporáneas. 

El ejercicio de esta libertad asegura a la sociedad el flujo de información, conocimientos, opiniones e ideas que es fundamental para el debate democrático; representa entonces la condición necesaria para la realización de otros derechos como la libertad de asociación y de reunión, por lo que se considera parte de un orden público democrático.

El Estado es el responsable de generar, a través de sus órganos, las condiciones más amplias de protección a fin de que la libertad pueda ejercerse en igualdad de circunstancias y con los requisitos necesarios para hacerlo. 

Sin embargo, el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Conlleva deberes y responsabilidades especiales que pueden ser limitados en circunstancias excepcionales. El establecimiento de estos límites es una cuestión compleja y delicada.

Una restricción excesiva pone en riesgo el ejercicio de otros derechos y las condiciones para la generación de la democracia. Por ello, se han diseñado métodos jurídicos muy precisos que permiten justificar la limitación excepcional de una expresión por parte del Estado.

Es claro que la sociedad desempeña una labor importante en estas restricciones, ya que mediante sus respuestas ante las ideas a las que se presentan ante la misma sociedad, establece ciertos lineamientos respecto a las expresiones permitidas. Las expresiones que rebasan el límite de lo permitido por lo social y que incomodan a una persona o un grupo, son las que ponen a prueba las garantías jurídicas y son también las que serán objeto del debate de resolución de esas posibles tensiones. 

En nuestro país, se han presentado una diversidad de casos relacionados el ejercicio de derecho a la libertad de expresión y el derecho a la no discriminación, que han despertado una gran polémica. 

Desde las normas de convivencia que las diferentes plataformas de redes sociales establecen, hasta los extrañamientos que se realizan por parte de la autoridad federal encargada de la materia; se pone en evidencia las líneas de tensión entre ambos derechos. Momentos en que la libertad de expresión para el lastimar, de forma intencional o no, la dignidad de otra persona.

Es en estos casos cuando se presenta el complejo problema de donde deben fijarse los límites y si debe el Estado prohibir este tipo de expresiones.

Casos muy emblemáticos son en los que una persona con una exposición pública (posiblemente una o un candidato) utiliza lenguaje discriminatorio excusándose en las llamadas “expresiones populares”. Aunque se argumente que no se usan en un contexto de discriminación sino de broma o de chiste, estas expresiones reproducen estigmas, prejuicios y estereotipos que guardan una relación muy cercana con la discriminación. El estigma, de acuerdo a la ONUSIDA, constituye la raíz de los actos discriminatorios al inducir a las personas a realizar acciones u omisiones que dañan o niegan servicios o derechos a las y los demás. La discriminación puede describirse como la “puesta en escena” del estigma. 

La consecuencia de la reproducción de estereotipos y la falta de sensibilización se manifiestan desde un llamado a la agresión en contra de ciertos grupos sociales, géneros o sexos como en los incontables casos en los que se utilizan en contra de las mujeres. 

La importancia de este tema requirió la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció una serie de disposiciones sobre los límites entre la libertad de expresión y el discurso de odio. Estas decisiones judiciales han construido la base del marco jurídico que siempre debe perseguir un fin legítimo y que además deber ser proporcional e idóneo para los casos que se presenten, pero que en el caso del discurso de odio, la prohibición es tajante y la obligación de los Estados por abatirlo es clara. 

Juárez es una ciudad fronteriza que regularmente es receptiva y en la que los discursos discriminatorios son casos excepcionales, pero lamentablemente, ha llegado el tiempo en el que con un ánimo de buscar un tipo de seguidoras y seguidores específicos, las violaciones a lo dispuesto por la normativa se hacen cada vez más presentes. Como ciudadanas y ciudadanos, que integramos esta comunidad, deberemos representar un papel vigilante que nos permita cerciorarnos de que la libertad de expresión en el dicho de las y los actores de exposición pública no dañe lo dispuesto por nuestra propia Constitución en su artículo 1 y, que de ser así, sean sancionadas sin miramiento alguno.