Opinión

La Ley Zaldívar

Debe interpretarse primeramente desde una óptica literal

Sixto Duarte
Analista

martes, 27 abril 2021 | 06:00

Conforme a diversos criterios y precedentes establecidos por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (algunos de ellos algo contradictorios), la ley debe interpretarse primeramente desde una óptica literal; posteriormente, si dicha interpretación es insuficiente o no es clara, la interpretación de la misma debe ser teleológica, integral, histórica, entre un largo número de etcéteras.

En este sentido, si la interpretación literal es suficiente para entender una disposición normativa, el juzgador no debe atender a otros métodos interpretativos, por mucha queja que los filósofos del Derecho quieran argumentar. Hay quienes dicen que desentrañar el “espíritu” de la ley, o del legislador puede llegar a ser peligroso, por las distintas ópticas que los ejecutores de la ley quieran adoptar en un determinado asunto.

La Constitución, como voz suprema de la Patria, es un acuerdo político (con enormes consecuencias de carácter jurídico) que reconoce y garantiza derechos de los gobernados y regula el poder establecido. Además, tiene el atributo de ser jerárquicamente superior a los ordenamientos legales ordinarios. Este tema ha sido ampliamente discutido por todas las democracias del mundo; quizá el precedente más cercano que encontramos es Marbury v. Madison de la Suprema Corte norteamericana.

Teniendo esto como antecedente, tenemos que el artículo 97, quinto párrafo de la Constitución, establece claramente que cada cuatro años, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación elegirá a su presidente sin que éste pueda ser reelecto para el período inmediato posterior. Esto implica que el período en que un presidente de la Corte estará en funciones, está elevado a rango constitucional. Igualmente, establece que será el Pleno de la Suprema Corte el que elija al presidente del máximo tribunal del país; es decir, los ministros eligen de entre sus pares a quien ocupe dicha posición, no una ley secundaria.

La semana pasada, la Cámara de Diputados confirmó la arbitrariedad del Senado, al aprobar una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la cual se extiende el período del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea por dos años.

En este caso, las razones esgrimidas por los apologistas del régimen más corrupto que nos ha gobernado en los últimos cien años, sostienen que cuando una ley es injusta, hay que desobedecerla. Es decir, acólitos de la 4T deciden conforme a su conveniencia, cuándo una ley es justa o injusta. El desconocer el texto claro contenido en la Constitución respecto al período del presidente de la Corte es una alarma y un enorme foco rojo respecto a lo que pueda venir después por parte del Gobierno.

Desde una óptica legal, la reforma aprobada la semana pasada es claramente inconstitucional; tan clara como que dos más dos es cuatro. Quien no lo quiera ver así, está avalando que el régimen cometa toda clase de arbitrariedades y atropellos en lo sucesivo. Dicha reforma evidentemente será combatida por vía de acción de inconstitucionalidad ante la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación por algunos legisladores.

A partir de aquí, al resolver esta acción de inconstitucionalidad, es importante ver cuál será la actuación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le deben su posición al actual Gobierno. A estas alturas, el Gobierno ha logrado imponer a tres de ellos. Con su voto, estos ministros demostrarán si tienen compromiso con la historia, con México, o con quien los puso en donde están.

Como dice el reputado constitucionalista Diego Valadés: si no les gusta la Constitución, cámbienla; pero si no la cambian, cúmplanla.