La Ley del Procedimiento Administrativo

De plano, los diputados locales aprovechan cuanta oportunidad se les brinda para demostrar que ésta es la peor de las peores Legislaturas en la historia política del estado de Chihuahua. La aprobación de la Ley del Procedimiento Administrativo (LPA) es prueba palpable de ello. Acreditémoslo.

En la exposición de motivos, los diputados de la Comisión Anticorrupción asumen que “el Sistema Nacional Anticorrupción ha sido catalogado como la reforma federal más audaz que se haya promulgado para contrarrestar las malas prácticas de la Administración Pública mexicana y para bloquear a quienes, en general, abusan de las atribuciones y los recursos públicos que la sociedad pone en sus manos…”

Por lo tanto, aparte de contar “con un ordenamiento que regula la materia contenciosa administrativa como un medio de control de índole jurisdiccional con el que cuentan las y los gobernados para interponer un medio de defensa y estar en aptitud de salvaguardar sus derechos ante las actuaciones que emiten las autoridades de la Administración Pública…”

Resulta necesario que “se complemente con otro ordenamiento que regule y obligue a la Administración Pública Estatal a respetar las formalidades que la misma establece para su actuación, las cuales representan los derechos con los que cuenta el particular, así como contar con un eje rector que regule de forma única y simplificada los procedimientos administrativos en la entidad…”

En consecuencia, la LPA “viene a implementar un eje rector que regula de forma única y simplificada los procedimientos administrativos en la entidad, con lo cual se asegura que los ciudadanos cuenten con certeza jurídica y la posibilidad de recurrir a los actos de la autoridad que consideren infundados y se eviten arbitrariedades hacia los particulares”.

Por desgracia, las consideraciones vertidas por los diputados que integran la Comisión Legislativa Anticorrupción, sólo son frases huecas e hipócritas; que sólo denotan su excesiva ignorancia en el litigio administrativo.

Así, por ejemplo, en el Art. 1 de la LPA se precisa que su objeto es “regular los actos, procedimientos y resoluciones de la Autoridad Administrativa Estatal y Municipal, así como los actos de autoridad de los organismos descentralizados de la Administración Paraestatal y Paramunicipal”.

Por lo tanto, “esta ley no será aplicable a las materias de seguridad pública, fiscal, responsabilidad administrativa de servidores públicos y de particulares relacionados con faltas administrativas graves, acceso a la información pública y protección de datos personales, electoral, participación ciudadana, derechos humanos, ni al Ministerio Público en ejercicio de las funciones que le confieren la Constitución federal y la Constitución local”.

Yo me pregunto: ¿Qué no hubiese sido más fácil y práctico, enumerar los actos administrativos sujetos a esta ley? ¿Y los actos de las otras materias, tendrán su propio procedimiento administrativo? 

Una gran mentira contenida en la LPA (para reírse un buen rato), es la siguiente: “En cuanto a las relaciones con los particulares, las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal del Estado y de sus municipios, actuarán bajo los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público”.

Así las cosas, la LPA es un ordenamiento procesalmente deficiente por sus enormes lagunas jurídicas. Pero además, es un ordenamiento legal notoriamente inconstitucional porque en el procedimiento legislativo no se dio participación alguna al gremio de los litigantes; violando con ello, el principio del Parlamento Abierto. Sin remedio, nos vamos al amparo contra leyes…

¿Y las barras y foros de abogados? Bien, cobrando puntualmente sus apoyos gubernamentales.