La interminable violencia política en razón de género

Apenas inicia el año 2023 y uno de los principales temas de discusión en redes sociales, medios informativos y en las diversas plataformas de comunicación, son las elecciones del año 2024.

El proceso electoral venidero es fundamental para la continuidad o cambio de las políticas que se han implementado hasta ahora. No está de más recordar que el 2 de junio de 2024, el país elegirá no solo al titular del Poder Ejecutivo Federal, sino que se renueva por completo la Cámara de Senadores con sus 128 escaños, la Cámara de Diputados y sus 500 curules, ocho gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, un importante número de alcaldías, así como 30 congresos locales.

Por la cantidad de cargos de elección popular que están en juego, ya es común sostener conversaciones en las que se apoya la visión y propuestas de algún partido político;  leer notas en las que se difunden posibles candidaturas; encontrar estudios de opinión que se centran en el nivel de preferencia o popularidad de algunos actores políticos, impulsados por diversas casas encuestadoras, o incluso, leer críticas y duras denostaciones hacia algunos aspirantes o personajes del ámbito político.

Refiero lo anterior con base en una discusión generada hace unos días en un grupo de WhatsApp, integrado por políticos, servidores públicos, académicos, periodistas, empresarios, líderes de opinión y ciudadanos que apoyan diferentes corrientes ideológico-partidistas. Dicho grupo fue integrado de buena fe por un conocido periodista de la ciudad, con la idea de constituir un espacio plural en el que se expresen y discutan ideas u opiniones varias.

El tema que generó debate, e incluso descalificaciones entre simpatizantes y críticos de los partidos gobernantes a nivel federal y estatal, se centró en una joven legisladora federal que presentará su primer informe de actividades este mismo fin de semana. Dicha diputada ha dado grandes muestras de talento y convicción de ideas, y ciertamente todo indica que su presencia en la política será fecunda, de ahí que desde este momento haya detractores que buscan frenar su carrera.

A algunas personas no solo les molesta que la joven sea diputada y que haya obtenido el reconocimiento de sus representados, de su partido y miembros de la clase política, que cuenta, además, con una enorme popularidad por su carisma, e ignoran que mucho antes de ser legisladora, ella ya había ocupado espacios de representación en foros fuera del país y había participado en proyectos de organismos internacionales. A esas personas les duele, sobre todo, que ella sea mujer, inteligente y exitosa, todo al mismo tiempo.

El eje de la discusión tuvo que ver con una serie de descalificativos y comentarios machistas vertidos por un integrante del chat, que se califica a sí mismo como periodista. El individuo en cuestión hizo varias afirmaciones, todas relacionadas con el supuesto vínculo entre la legisladora y un alto funcionario federal, siempre sugiriendo que ella no ocupaba su curul por méritos propios, sino por otro tipo de motivos.

Las reacciones no se hicieron esperar, algunos apoyaron abiertamente los comentarios, otros los respaldaron disimuladamente respondiendo con emoticones de risa y otros reprocharon lo dicho, calificándolo como un acto de violencia contra las mujeres.

Lo que sucedió en ese chat tiene un nombre más específico: violencia política en razón de género y se configura bajo ciertos supuestos, uno de ellos cuando “Difamen, calumnien, injurien o realicen cualquier expresión que denigre a las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos.”

Lo anterior se desprende del manual Violencia política contra las mujeres en razón de género, editado conjuntamente por el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

La violencia se manifiesta en todos los ámbitos de la vida pública y privada de las personas, así que las redes sociales o los grupos de WhatsApp no escapan a esto y cada vez con mayor frecuencia constituyen espacios donde también se promueven indebidamente los estereotipos de género y peor aún, se cometen actos violentos contra las mujeres, con la terrible anuencia o silencio de la mayoría.

Para dimensionar la magnitud del problema, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI, hoy en día el 70 por ciento de las mujeres, es decir, más de 45.8 millones de mexicanas, han experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida y del 2016 al 2021 hubo un incremento de cuatro puntos porcentuales, lo que indica que, a pesar de los esfuerzos, no se ha podido contener el flagelo.

Adicionalmente, las mujeres son las principales víctimas en delitos como abuso sexual, hostigamiento sexual, violencia familiar, violación, rapto, acoso sexual y otros delitos que atentan conta la libertad y seguridad sexual; entidades como Chihuahua concentran uno de los porcentajes más altos de violencia a nivel nacional.

Es impactante darse cuenta de que en pleno siglo XXI, cuando el mundo ha logrado enormes avances en ciencia, tecnología y otros ámbitos, algunos hombres y mujeres se justifiquen a sí mismos y justifiquen la violencia y el machismo cometido por otras personas en aras de la libertad de expresión.

Aclaro que por convicción defiendo el derecho a expresarse libremente, en particular el de los medios de comunicación que sí sustentan su trabajo en la seriedad, el profesionalismo y el respeto por los demás. Quienes ejercen la importante tarea de informar -aún desde pequeños espacios como un perfil de Facebook- deben hacerlo de manera responsable, objetiva y ética, y en mi opinión esto se requiere, como diría Fernando Savater, con urgencia.

 Por lo mismo, considero necesario que sea la propia sociedad quien establezca límites a las expresiones difamatorias que lesionen a las personas en sus derechos o en su reputación, por parte de quienes, escudándose en un derecho como la libertad de expresión, consagrado ciertamente en la Carta Magna, abusan de él, por el hecho de tener una pluma y amparándose en algún medio de comunicación.

 Desde luego que algunos individuos ignoran que la libertad de expresión no es un cheque en blanco, no es una carta abierta, ni mucho menos un derecho para difamar, calumniar, mentir o para atentar contra la dignidad de las personas, protegida por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por un sinnúmero de instrumentos internacionales.

En un país en el que el promedio diario es de 11 feminicidios, 63 violaciones sexuales, cientos de denuncias por violencia familiar y de un número no determinado de casos de violencia simbólica, psicológica, verbal, física, económica o sexual cometidos en contra de niñas, jóvenes y mujeres, son totalmente inadmisibles y reprochable los comentarios que perpetúen los roles de género y la violencia en cualquiera de sus tipologías.

Es necesario el trabajo colectivo y de largo alcance, para que las hijas, nietas, hermanas o sobrinas de aquellos individuos que sostienen posiciones que atentan contra la dignidad de las personas, nunca se encuentren en su camino con quienes reduzcan su inteligencia, talento o éxitos, a sus relaciones personales o de alcoba. Hoy muchas personas tenemos la convicción de aportar desde distintos espacios para consolidar una contracultura de respeto e igualdad que derive en un mundo en el que no priven el machismo, la misoginia y la violencia de género.