Opinión

La inexistente improcedencia del amparo de los jueces provisionales

De gran provecho hubiera sido que se hubiera resuelto el fondo del asunto para determinar el debido proceso

Maclovio Murillo
Político

viernes, 22 mayo 2020 | 06:00

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en arrebatada y sui generis sesión celebrada sin cumplirse los mínimos estándares esperables de un Tribunal Constitucional, el 13 de mayo de 2020, sobreseyó los juicios de amparo promovidos por varios jueces del Estado de Chihuahua, quienes habiendo sido nombrados provisionalmente y con la finalidad de hacer frente a una situación de emergencia, ejercieron el cargo por un plazo mayor a tres años, lo cual, había originado que en primera instancia se concediera la protección federal solicitada para que fuera determinado su derecho a la ratificación con miras a obtener su permanencia en el cargo con el carácter de inamovibles. 

En la sesión -que no duró más de 10 minutos - no hubo planteamiento público de los asuntos y ni siquiera una síntesis de cada uno; menos aún existió debate o discusión, pues bastó sólo enumerar cuáles eran los proyectos enlistados y los resolutivos propuestos, para que, en “bloque”, sin un análisis particularizado, fueran aprobados con absoluta unanimidad de votos de los señores ministros quienes ahora exhibieron una nueva forma de hacer justicia: vía remota, desde casa y de un solo “golpanazo”, por no decir de otra forma. 

La causal de improcedencia que hicieron valer para aprobar el sobreseimiento de los juicios de amparo promovidos, extrajudicialmente ha trascendido que ni es evidente ni mucho menos notoria, y tampoco resulta indudable como lo exige la Ley de la Materia, pues el fallo se basó en el hecho de que al aceptar su participación en un concurso de oposición en el cual luego no resultaron vencedores, realizaron manifestaciones de voluntad que entrañan el consentimiento tácito con su posible separación del cargo, lo cual, está totalmente alejado de la realidad. Así es, el Pleno de la Suprema Corte, en tesis sustentada desde la quinta época, generó el criterio de interpretación en el sentido de que la Ley de Amparo, al establecer que debe sobreseerse cuando ha sido consentido el acto que se reclama, se refiere al consentimiento de actos ya ejecutados y no respecto a los actos futuros e inciertos; de modo que, para el sobreseimiento, no puede tenerse en cuenta ese consentimiento anticipado. Esta es una idea fundamental que debió atenderse en el caso y se pasó inadvertida. 

Lo que hizo la Segunda Sala, fue darle efectos legales a un consentimiento anticipado, expresado a favor de actos futuros e inciertos, no existentes al momento de que se otorgó, pues al participarse en el concurso, si bien se admitió la posibilidad de que podría no resultar ganador y derivado de esa circunstancia el juzgador que se desempeñaba con la condición de provisionalidad pudiera ser apartado de la función, esa solamente era una posibilidad futura, de incierta realización. 

Pero además, al darse esa participación, también había la posibilidad de que ganara el concurso; o bien, que aún no ganándolo y fueran designados diversos concursantes, no se adscribiera en específico a alguien para que supliera a ese juzgador en la plaza donde ejercía funciones provisionales; o más aún, el concurso se declarara desierto por cualquier motivo, supuestos todos estos en los que indudablemente los quejosos, no serían apartados de ejercer la función jurisdiccional. 

Luego, si la causa real de la improcedencia señalada, descansa en la razón que impide adentrarse al fondo del asunto para reparar la posible lesión de un derecho a quien se ha conformado con la misma cuando ya la ha conocido, entonces resulta obvio que, si en el caso, cuando se dieron las manifestaciones de voluntad que se interpretaron como un consentimiento, aún no existía un acto concreto que implicara la inmediata y necesaria separación en el puesto desempeñado, entonces lógico resulta concluir que jamás existió esa improcedencia, pues el consentimiento, según se indicó, debe actualizarse con relación a actos presentes al momento de emitirse, y no por actos futuros de incierta realización. 

De gran provecho hubiera sido que se hubiera resuelto el fondo del asunto para determinar el debido proceso en los concursos de oposición para nombrar jueces; y de paso, resolver si el practicado en el caso, fue correcto o incorrecto, para despejar las dudas de quienes las tenían y de esa forma otorgar mayor legitimación a quienes resultaron vencedores.