Opinión
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La foto de los 100 mil pesos

Es considerado un derroche el gasto exagerado de 100 mil pesos por una sesión fotográfica para el tercer informe de gobierno pero no es ese el 'detalle' principal

LA COLUMNA
de El Diario

martes, 01 diciembre 2020 | 06:00

-La foto de los 100 mil pesos

-Supernogalera con agua de Chihuahua

-Vil discriminación a los héroes del Ichisal

-Juezas de ‘La Coneja’ ni la despistaron

Es considerado un derroche el gasto exagerado de 100 mil pesos por una sesión fotográfica para el tercer informe de gobierno pero no es ese el “detalle” principal.

Salvo que la Coordinación de Comunicación Social del gobierno de Javier Corral aclare mejor las cosas, ese pago terminó en simple y llana transa.

Recordamos que las imágenes oficiales del gobernador justo para ese tercer informe fueron subidas a su red social por el jefe de fotógrafos del gobernador, Alejandro “Alex” Alanís, el de las cámaras de un millón de pesos.

El respectivo informe de transparencia cuyo contenido presentó El Diario justo ayer indica que fue pagada una factura por 97 mil 44 pesos a nombre de Carlos Alberto Montes Trevizo por “sesión fotográfica para el tercer informe” del gobernador del estado, Javier Corral Jurado.

Fue gastado muchísimo dinero para ese evento. Más de un millón de pesos. Nada más para impresión de carteleras hubo pagos a una sola empresa por 102 mil y 118 mil pesos.

Pero más allá de los excesos cometidos no solo para ese informe sino para los otros dos, en el tema de la sesión fotográfica queda claro que hubo movida.

Ahora sabemos que un funcionario en posición de director de Radio y Televisión, dentro de la propia Coordinación de Comunicación Social, Enrique Lomas Urista, promovió sin descanso la incursión de la empresa de Montes para la sesión fotográfica.

No hubo imágenes por ese trabajo, pero sí hubo casi 100 mil pesos cobrados...

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Mientras la región centro y sur del estado fue convertida en incendios de proporciones gigantescas cuyas llamas alcanzaron a la ciudad de Chihuahua y se desplazaron hasta Palacio Nacional por lo que dio en llamarse “conflicto por el agua”, muy cerca de la capital del estado pero con rumbo hacia el norte, hacia Ciudad Juárez, es levantado un emporio agrícola que utiliza y utilizará más agua que varias decenas de nogaleras de las involucradas en aquella conflagración.

Se trata de una huerta de nogales ubicada aproximadamente en el kilómetro 59 de la vía Chihuahua-Juárez. Nos aseguran los vecinos del lugar que los árboles empezaron a ser plantados hace algún par de años, o tres, y en dos más estarán listos para producir la famosa nuez de cáscara de papel.

No tenemos aún la cifra de árboles plantados, pero podemos calcular su tamaño solo diciendo que se trata de casi dos kilómetros de largo por al menos uno y medio de ancho que ocupa el sembradío. (Un par de fotos en la versión digital).

Es infinita la cantidad de agua que ha utilizado y será más cuando los nogales empiecen a producir. Debe usar pozos del llamado manto freático conocido como “El Sáuz”, que surte de agua potable nada menos que a la ciudad de Chihuahua, golpeada permanentemente por la escasez del vital líquido.

Precisamente esa situación ha propiciado que al menos desde hace 20 años toda esa zona haya sido vedada para la apertura de más pozos. Y según los conocedores, esa nogalera debió abrir por lo menos 10 pozos.

Significa lo anterior la existencia de un posible acto de corrupción al interior de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de los muchos denunciados inclusive por parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y que han dado origen a una mayúscula sobreexplotación del agua de las presas en el centro y sur de la entidad, justo para regar más nogaleras de las posibles.

La distracción en ese conflicto abrió las puertas al nuevo emporio del kilómetro 50. Ahí quedará mucha de la poca agua que debiera llenar los tinacos en Chihuahua.

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Las protestas del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Chihuahuense de la Salud, encabezado por Sofía Calzadillas, marcaron el inicio de semanas críticas en materia sanitaria y financiera. Las quejas abarcaron Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc, donde el organismo tiene mayor presencia.

El reclamo público fue por el retraso en el pago del aguinaldo, que con la mano en la cintura han determinado el secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera y el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez. Hay recursos para dilapidar en otras áreas del gobierno, pero no para cumplir con los que son los verdaderos héroes en estos trágicos tiempos.

Ciertamente no se ha caído en alguna ilegalidad con los empleados del Ichisal, pues el plazo límite que marca la norma para el pago del aguinaldo es el 15 de diciembre. Pero a ellos desde hace años se les adelantaba cerca del llamado “Buen Fin”, para incentivar el consumo y agradecer su labor de todo el año. Ahora no hubo ni para eso.

El reclamo de fondo, sin embargo, va más allá. Resulta que los empleados de Servicios Estatales de Salud, que es el subsistema federalizado del ramo, sí tuvieron su aguinaldo como de costumbre, porque a ellos se les paga con dinero federal. Ese dinero sí llegó, el de la Federación, no el del Estado con el que se paga a los de Ichisal.

Esa vil discriminación es lo que reclaman los trabajadores afiliados a la organización sindical; es lo que motiva el reclamo, porque así como se atrasan con sus pagos, así padecen la falta de seguridad social y hasta de servicio médico en su trabajo, en el colmo de lo paradójico y lo incongruente.

Las protestas son el anticipo de un cierre de año crítico y un 2021 en el que, de nuevo, no les habrán de cumplir las promesas de regularización laboral y homogenización salarial, pero sí, ahí los querrán tener al frente de la batalla.

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Jurídicamente nada obliga al exsenador priista de Coahuila, Alejandro “La Coneja” Gutiérrez, a presentarse ante la justicia estatal en el plazo de cinco días que anunció el gobernador Javier Corral, quien advirtió que habrá de declararlo prófugo.

Por eso ni de chiste dejará su terruño antes de tramitar un amparo o combatir la resolución que considera debe recluirse por seis años en el Cereso.

Con esa sentencia hecha pública el pasado viernes, el aparato judicial se encamina a un nuevo ridículo cortesía del ocaso del corralismo. Porque al término del plazo presumido por Corral ni habrá detenido ni prófugo de la justicia. A lo mucho habrá acusados por el presumible contubernio de juzgadores con el Ejecutivo.

Incluso dentro del Poder Judicial hay molestia porque ni siquiera despistaron la jugada de la nueva sentencia. Se habla de que el proyecto lo redactó la jueza Hortensia García, la misma que condenó a Gutiérrez en primera instancia, y solo lo validó la magistrada provisional de la Séptima Sala de lo Penal, Angélica Sánchez Córdova.

García incluso habría cambiado los términos de su sentencia, que dictó como parte de un tribunal en el que participaron otros dos jueces. Sánchez Córdova, por su parte, habría validado el juego que desde mayo de 2019 se había planeado en los tribunales y Palacio de Gobierno, específicamente en la Consejería Jurídica que dirige Jorge Espinoza.

La magistrada y la jueza (quienes por cierto pueden verse juntas en la foto de una amena convivencia pasada que mostramos en la versión digital de La Columna), son ahora blanco de las críticas de quienes reprueban que el Poder Judicial se ponga de tapete del Ejecutivo, con este y otros casos. Incluso se habla hasta de denuncias contra las ellas.