Opinión
OPINIÓN

La ejecución pudo ser tras una ‘amanecida’

Es un perol hirviendo a borbotones volcánicos ese asesinato tanto como la fuerza del crimen organizado en aquella zona manejada por Gente Nueva o Cártel de Sinaloa

LA COLUMNA
de El Diario

jueves, 13 mayo 2021 | 06:00

-La ejecución pudo ser tras una ‘amanecida’

-Encuentro con ganas pero sin audiencia

-Alguien pagará el sueldazo de magistrado

-Vacunas y elección dirán si se va o se queda

El número dos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en Parral y toda la zona sur del estado conformada por unos 15 municipios, Luis Raúl Tarango, tripulaba el día de su asesinato una camioneta pick up negra que usaba un comandante de la misma corporación, jefe del turno de la noche.

Es un perol hirviendo a borbotones volcánicos ese asesinato tanto como la fuerza del crimen organizado en aquella zona manejada por Gente Nueva o Cártel de Sinaloa. Nadie alcanza a diferenciar quién es quién entre policías y delincuencia.

Por alguna razón entendible justo en ese contexto, Tarango salió de sus oficinas en la Fiscalía zona sur, en las afueras de Parral hacia Jiménez, y buscó adentrarse a “la capital del mundo” cuando literalmente fue cazado.

Tarango quiso despistar al enemigo, pero con el enemigo presumiblemente en casa. Antes de salir de su oficina ordenó el arresto del jefe del turno nocturno porque al menos dos de sus agentes mujeres pasaron buena noche del jueves en la tomada con uno de los líderes criminales de la ciudad.

Ayer oficialmente narró el fiscal general de Justicia, César Peniche, ese “detalle” omitido viernes, sábado y domingo tras el asesinato de Tarango. Las mujeres entraron en pleito con los “compañeros” de borrachera y uno de ellos balaceó a una de las mujeres.

Al parecer no fue grave la lesión. La agente fue llevada a un hospital en la ciudad de Chihuahua. La otra fue “sacada” de Parral y traída justo a Juárez mientras Asuntos Internos redondea tanto esa investigación como la relacionada con la terrible ejecución de Tarango, asesinado por un comando que le disparó cerca de 200 tiros del “todo terreno” cuerno de chivo y 308.

Evidentemente el tema toca las puertas del despacho principal de Palacio de Gobierno. Las circunstancias en Parral y toda la región sur reclaman desde hace años la intervención firme de la autoridad estatal y de los otros niveles de gobierno, pero habrá qué esperar sepa Dios cuánto tiempo porque al menos de aquí a agosto la situación seguirá igual o peor.

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Fue divertido cuando la candidata a la alcaldía por el Partido Encuentro Social (PES), Marisela Sáenz, dijo “yo quiero apoyarme en Ustedes. A lo mejor pudiéramos decir que no tengo tanto conocimiento en la administración; vamos a suponer, pero tengo a los mejores expertos, y no creo que Ustedes vayan a decir que no. Los quiero como mis asesores al lado mío, de voluntarios”.

Así dijo la abanderada del PES a los organizadores empresarios del encuentro con candidatos a la Presidencia Municipal ayer cuando le correspondió abordar el tema de las finanzas públicas. Ni con acordeón del celular dio pie con bola. “Para eso están los asesores”, dijo sobre pensionados y jubilados.

El resto de los candidatos pasó sin mayores apuros la prueba del Centro Coordinador Empresarial. Tuvieron un manejo de aceptable hacia arriba aunque con muy escasa audiencia en las redes sociales de los organizadores. Ni a 30 llegó al momento de las exposiciones.

SuperMocken, todo un tiburonazo, no presentó propuestas nuevas específicas pero desglosó lo llevado a cabo durante su estancia en la alcaldía. Pérez Cuéllar se fue sin rodeos a detallar cada uno de sus proyectos. Adriana Fuentes redundó en algunos aspectos pero finalmente aterrizó los temas. “El Güero” Martínez planteó con claridad sus puntos y hasta se dio el lujo de “pedir” trabajo a los empresarios, lo cual fue respondido más adelante con una ligera ironía por Mocken: “yo no vengo a pedir trabajo”.

Insistimos, el ejercicio fue saludable pero con mínima capacidad de convocatoria hacia la ciudadanía. Sin duda un desperdicio de tiempo y recursos.

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No va resistir una auditoría el pago de 1.3 millones de pesos que el Tribunal Superior de Justicia debió hacerle la semana pasada al casi restituido magistrado Jorge Ramírez.

En el órgano de contraloría del Poder Judicial tienen paradas las antenas debido al ordenamiento de la justicia federal a favor del duartista Ramírez, dado que así como se pagó al destituido, también se debió cubrir el sueldo del que ha ejercido como magistrado suplente más de un año, Alejandro Garnica.

Son más de 100 mil pesos mensuales ya libres de impuestos y deducciones de ley. El sueldazo primero se pagó a Garnica Jiménez, de forma justa porque fue quien sacó la chamba, y luego se debió duplicar para cumplir la sentencia de amparo que favoreció al que había sido removido de forma irregular.

La excusa de que Ramírez fue relevado de su cargo por una investigación no alcanza para explicar, dentro de las normas administrativas, el hecho de que su sueldo se le pagó a otra persona y luego se le debió reintegrar al titular de la Primera Sala de lo Penal.

La sanción previa al juicio, que se supone no debería existir porque viola el debido proceso, atentó así contra las garantías de una persona, pero también contra las finanzas del Tribunal Superior.

O sea que administrativamente hay más de un millón de pesos bailando en el Poder Judicial. Nada en comparación con el déficit que arrastra por ministraciones retrasadas de la Secretaría de Hacienda, alrededor de 100 millones de pesos, pero mucho para efectos de una auditoría.

A la hora de la revisión formal del gasto 2021, que habrá de ejecutarse hasta principios del año próximo, la irregularidad habrá de brotar.

De ello no se podrá culpar al que cobró como magistrado, Garnica, pues era el secretario de la sala antes de la sanción anticipada a Ramírez; menos podrá culparse al que a través del amparo le ha ganado todos los procesos iniciados por la obsesión del gobernador Javier Corral.

Sin duda que la investigación correspondiente topará en el Congreso del Estado; o mejor dicho la mayoría que retiró al magistrado Ramírez, y al patrón de esa mayoría, Javier Corral. Ni más ni menos.

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Será el proceso de vacunación en Chihuahua y sobre todo el resultado de las elecciones de junio los factores que decidirán si se va o se queda la superdelegada federal, Bertha Alcalde Luján.

Por ello es que, sin meterse aparentemente en el proceso electoral, la funcionaria anda de norte a sur y de sol a sol en la organización de las jornadas de aplicación del biológico, que a veces se han salido de control ya sea por exceso de gente o por deficiente coordinación entre autoridades.

En ocasiones hasta la hace de “servidora de la nación” dándole acomodo a la gente en las filas, pues sabe que del éxito o fracaso del proceso va a depender, además de su permanencia como delegada, el resultado a favor o en contra de Morena.

Ayer la titular de los Programas Federales para el Desarrollo sostuvo reuniones en la capital para ver el asunto de las jornadas de vacunación correspondientes al rango de edad de 50 a 59 años, que ya se realiza en Delicias hoy jueves y mañana viernes.

El comienzo en la ciudad del centro sur es importante dado que marca una referencia obligada. Esto es que en un máximo dos semanas debe empezar en la capital y días después en Juárez, también para este rango de edad.

Al mismo tiempo se prepara ya la vacunación con el biológico de Sinovac que se aplicará a la población de 60 a 64 años en la capital, probablemente para este fin de semana; y luego comenzará a la siguiente en la frontera con los adultos mayores a los que les falta la segunda dosis.

Si mete el acelerador seguramente la vacunación afectará favorablemente de forma colateral al resultado de la elección. Si no lo hace será el efecto contrario.

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Lo que faltaba en la tristeza del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su Contralor en el estado, Manuel Grajeda, tiene un documento ya firmado y listo para ser metido a un sobre manila o a un folder simple y ser llevado a los órganos electorales.

Se trata de una denuncia por lo que suponemos son graves irregularidades sobre el manejo de las prerrogativas que dicha institución partidaria ha recibido justo de la autoridad electoral.

Se trataría de anomalías cometidas por la actual administración del PRI en el estado, encabezada por Alejandro Domínguez.