La crítica del senandor Cotton

Para un importante segmento de la sociedad mexicana, cuyo nicho principalmente se encuentra en la clase alta...

Maclovio Murillo /
Político
viernes, 08 noviembre 2019 | 06:00

Para un importante segmento de la sociedad mexicana, cuyo nicho principalmente se encuentra en la clase alta, y significativamente en la pujante clase media que es el motor de toda nación democrática, incluyendo por supuesto a variados y numerosos grupos de la clase más desprotegida, y obviamente al círculo de  los intelectuales, profesionistas, empresarios, pequeños emprendedores, religiosos, jerarcas de las diversas iglesias, y en general a los hombres libres con especial capacidad racional y sentido crítico, las declaraciones matutinas que en la Ciudad de México diariamente fijan la agenda pública nacional han generado una problemática de mucha mayor envergadura que la mismísima ineficacia de la manera en que se combate al delito y sus responsables.

Al presumirse diariamente de forma pública, la decisión de no combatirse al crimen con toda la fuerza del Estado, a partir de la adopción de una política pública cuyo postulado queda reflejado en la acuñada frase de “abrazos, no balazos”, que vulnera el deber constitucional de procurar justicia en forma pronta, expedita, imparcial y completa, con absoluto respeto a los derechos humanos, inevitablemente ha creado la percepción casi generalizada de que en México no solamente existe impunidad para delinquir, como ya estaba sucediendo en el pasado, sino que ahora, en términos llanos, se transmite el mensaje en cuanto a que se tiene permiso implícito para vulnerar la ley sin riesgo de que los responsables sean perseguidos con seriedad. Y con ello, obviamente, se incentiva mayormente a la comisión de variados y múltiples delitos.

Recientemente Tom Cotton, senador republicano de los Estados Unidos de América, al señalar que el Gobierno mexicano ha sido incapaz de controlar la inseguridad, criticó severamente la política pública de “abrazos no balazos”, al afirmar que eso “… podría funcionar en cuentos de hadas, pero no en la vida real…”.

Es dura la crítica, pues no sólo califica a esa política como inviable o fallida, que conducirá al rotundo fracaso, sino la considera y reduce al ínfimo nivel de “fantasiosa” y propia de un cuento de hadas, la cual, objetivamente, sólo podría caber en mentes que están al margen de la realidad. 

La crítica en cuestión, que no debiera ser desechada ipso facto por el solo hecho de provenir de un legislador extranjero, sería conveniente tomarla en serio, y analizarla con base a los parámetros de racionalidad y experiencia mundial acumulada a lo largo del devenir histórico.

Al menos la crítica racional incita a que nos preguntemos:

¿Será real y científicamente admisible que quienes vulneran gravemente el orden social y causan severo daño a su tejido, vayan a desistir de su decisión de delinquir, exclusivamente porque el régimen les ha mostrado públicamente su decisión de no perseguirlos con la fuerza del Estado?

¿Puede un régimen renunciar válidamente al uso racional y necesario de la fuerza del Estado contra el crimen y quienes delinquen?

No conozco una nación en la cual, para combatir al crimen, haya sido suficiente proponer abrazos y no balazos, cuando la contraparte, con el uso de las armas está promoviendo un clima de inseguridad pública generalizado, que ya causa terror en la ciudadanía.

La historia universal y una lógica esencial nos enseñan que la única forma de convivencia social ideal, se actualiza cuando existe un pleno respeto al Estado de Derecho. Y la única manera de provocar que se respete, es utilizar, sólo cuando sea necesario y en forma estrictamente racional y proporcionada, la fuerza del Estado, pues un Estado que no se defiende a sí mismo, provoca la anarquía.  

Debiera valorarse entonces esa política, pero con sano y recto criterio, más allá de diferencias partidistas, apasionamientos y divisiones estériles, pues hoy como nunca lo que está en juego es el futuro de nuestro país en el cual vivimos no solamente el grupo gobernante, sino todos los mexicanos sin distinción de clases, religión, sexo o condición social.