La compleja trama del jueves negro

La tarde del pasado jueves pudo ser igual de ordinaria que todas las tardes comunes en el interior del Cereso estatal 3 salvo por el detalle del sigiloso operativo llevado a cabo para detener a cuatro custodios.

Agentes de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado tomaron por sorpresa a los policías. Fueron estos llamados por sus jefes a las oficinas del propio Cereso para trámites “normales”, pero una vez “arriba” quedaron detenidos, sacados de ahí y trasladados de inmediato al Cereso de Aquiles Serdán, allá conurbado con la ciudad de Chihuahua.

El movimiento fue limpio, hay que decirlo, con engaño de Asuntos Internos, pero limpio. Esta vez no fue cometido el error de hacer sobrevolar un helicóptero por encima del penal que el pasado 11 de agosto alborotó a la población carcelaria y encendió la mecha de aquel jueves negro.

Serían detenidos seis elementos de la policía procesal, pero dos o alcanzaron a olfatear la intención de ese llamado a “las oficinas” o recibieron el clásico pitazo para enfilar sus pasos afuera del penal, no a donde los esperaban los ministeriales listos para aprehenderlos.

Fue ese del jueves el primer paso trascendente dado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en la búsqueda de justicia para las víctimas, precisamente del “jueves negro”, cuando murieron nueve civiles inocentes acribillados a balazos y tres supuestos delincuentes, dos adentro del Cereso y uno fuera.

Transcurrió cerca de mes y medio para alcanzar ese paso por parte de la Fiscalía. Puede parecer mucho tiempo por los días transcurridos, pero el asunto entraña complejidades extraordinarias relacionadas sí con las investigaciones, desde luego, pero más con su impacto en la seguridad de la población. Un mal movimiento puede derivar en catástrofe.

Entre los datos más sensibles de lo ocurrido aparecen en primer orden los vinculados con la radiografía delictiva hacia el interior del Cereso, los poderosísimos grupos que la integran, sus alcances bien comprobados en Juárez, en el estado e inclusive en El Paso y Nuevo México.

Son millones de pesos por decenas los movidos mensualmente adentro de la cárcel, tanto por los negocios desarrollados ahí como los operados afuera.

Se supone que la detención de los custodios está fundada en el resultado de las investigaciones y que significa solo la orilla de la madeja en la que luego aparecerán aquellos verdaderos orquestadores de los ataques.

Sería por demás ingenuo creer que esos policías tuvieron la capacidad de meter gente externa al penal el jueves negro, que ordenaran matar a dos reos y que luego ordenaran a sus bandas abrir fuego en las calles para matar civiles indefensos.

Tenemos entonces ahí elementos para concluir que la Fiscalía General y los propios jueces -ahora que han “caído” los primeros detenidos- enfrentan un rompecabezas más complicado quizá que haber jalado una orilla de la madeja.

Cronológicamente, tenemos una supuesta decisión ministerial para sacar del Cereso 3 aquel día a uno o varios “generadores de violencia” en la ciudad.

Habrían sido los prisioneros enterados de esa decisión y propiciado la revuelta que inicialmente empezó como motín, pues fue abierta la crujía de un grupo para dar entrada al otro que usó armas de fuego y dejó sin vida a dos, lesionados a varios. La Fiscalía ha dicho que Los Mexicles atacaron a Los Chapos o integrantes del Cártel de Sinaloa. Ambos grupos pelean en toda la ciudad, en todo el estado.

Será difícil conocer la realidad completa porque, de entrada, la primera audiencia llevada a cabo con los policías detenidos fue cerrada por el Tribunal Superior de Justicia. Al menos esa parte la deben conocer muy bien los custodios si al final de cuentas quedan comprobados los delitos de colusión y homicidio calificado que les son atribuidos por el Ministerio Público.

Luego tenemos el factor de las armas utilizadas; su origen, la manera en que fueron ingresadas (¿o acaso hay armas adentro de la prisión además de las armas de los policías?).

Junto con las armas, también está pendiente de ser esclarecida la presencia adentro del penal de personas ajenas al mismo, no presos, al menos dos, que participaron en la trifulca.

Esos dos salieron de la cárcel después de los asesinatos, se trasladaron a una casa de seguridad y en esa casa de seguridad enfrentaron a los policías municipales; estos encabezados directamente por el comandante César Muñoz, quien destrozó el barandal con su blindada para ingresar a la casa.

Varios de quienes enfrentaron a los policías alcanzaron a huir. Uno de ellos fue detenido más tarde en un retén a bordo de un taxi de plataforma digital. Fue trasladado a un hospital donde murió algunas horas más tarde como consecuencia de supuestos golpes que recibió en la cabeza tras caer de la misma casa donde fue registrado el enfrentamiento.

Ese solo hecho debe permanecer bastante enmarañado para los investigadores de la Fiscalía. Un enfrentamiento donde hubo miles de balazos (se aprecian fácilmente en la casa de “seguridad”), pero solo uno o dos policías lesionados. Un delincuente que cayó de la azotea, que se lesionó en la cabeza, que así pudo huir, que fue detenido luego en un retén y que murió finalmente como consecuencia de las lesiones por la caída. Y por supuesto, que antes de todo eso estuvo adentro del Cereso sin ser reo.

Daría ese solo episodio para un tomo completo en la investigación que, por cierto, debe estar muy avanzado. Los detenidos en la casa de seguridad deben haber relatado a los investigadores lo que sabían de lo ocurrido en el Cereso y afuera del mismo.

Después vino la parte más fuerte que debe acaparar el mayor tiempo a la Fiscalía en sus indagatorias o concentrar al grueso de sus investigadores: justo las comunicaciones entre el interior del reclusorio y el exterior para ordenar y ejecutar el ataque contra la población inocente.

Descubrir a los autores intelectuales y materiales implicará o está implicando una labor extraordinaria de la Fiscalía.

Entre el 13 y el 14 de septiembre anduvieron agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) llevando a cabo peritajes en las escenas del crimen. Desconocemos las motivaciones. No hay informe público de ellos ni las autoridades del fuero común han dicho que tengan su coadyuvancia.

Hay quienes opinan que pudiera la FGR configurar los hechos como un acto de terrorismo, pero una discusión de ese tamaño sería estéril y representaría mayor pérdida de tiempo en la necesidad de mayor prontitud para alcanzar justicia hacia las víctimas, sus familias y hacia la sociedad en general dolida por la brutalidad utilizada.

Jurídicamente, conceptualmente, el delito de terrorismo es aplicado cuando hay motivaciones religiosas, ideológicas o políticas, pero aquí se trata de delincuencia organizada. Con esto último que auxiliara el Gobierno federal sería más que suficiente, pero no se nota que vaya por ahí tampoco.

El reto de la Fiscalía estatal es excepcional por todos esos factores. El primer paso con la detención de los primeros supuestos culpables es importante, pero todavía bastante lejano del resultado integral, el esperado.