La batalla de Culiacán, perdida

No robar, no mentir, no traicionar.

En las difíciles horas de la batalla de Culiacán, los responsables de la seguridad en el país le mintieron a los mexicanos. Cuando más se necesitaba certidumbre en las declaraciones del Gobierno de la 4T, fallaron más.

Todos.

En primer lugar, los integrantes del gabinete de seguridad y en segundo lugar el mismísimo presidente. Debió tomar la responsabilidad de informarle a los mexicanos el jueves por la noche.

Lo que ocurrió en materia de información es inaceptable. Se sumó a los innumerables errores cometidos por las Fuerzas Armadas y policiacas, en el objetivo de detener a Ovidio Guzmán López.

En ese mar de errores destaca uno –si hubiese alguno que tuviese esa calidad–: Alfonso Durazo, secretario de Protección Ciudadana, acompañado de todos los integrantes del gabinete de seguridad, le mintió, –nos mintieron– a la sociedad mexicana el jueves por la tarde.

Ninguno desmintió a Durazo.

Dijeron que en un operativo de rutina, “al pasar por una vivienda” fueron atacados, lo que llevó a que los integrantes del operativo entraran a la vivienda y detuvieran a cuatro personas y ¡hh, sorpresa, uno de ellos, era, coincidentemente, Ovidio Guzmán!

A partir de ahí vino la tormenta de las balas y la sangre sobre la capital sinaloense.

No hay taxativas: las fuerzas del orden fueron totalmente derrotadas. A raíz de ello vino la orden: ¡Libérenlo!

¿Sólo fueron derrotados militarmente? No, el Cártel de Sinaloa tuvo a su disposición un enorme consenso social –no de ahora–, lo que les otorga un crecido número de participantes en las actividades del grupo criminal, además de las prebendas que entrega a un buen número de sinaloenses.

Por ello, en cuestión de minutos pudo conjuntar a cientos de hombres armados con poderosos fusiles, decididos. Tuvieron la capacidad de cercar el cuartel y la zona habitacional militar para amenazar con agredir a los familiares de la tropa, si no liberaban al famoso hijo de “El Chapo”.

Regresemos a la mentira de Durazo. ¿Cómo fueron capaces de declarar eso en la tarde del jueves, cuando todo Culiacán sabe que esa “vivienda” es la lujosa residencia del hijo de “El Chapo” Guzmán? ¿Cómo creyeron que nos tragaríamos semejante falsedad? ¿Que iban pasando por ahí y se encontraron con esa sorpresa?

Un día después, previo adelanto del presidente López Obrador, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, reconoció que fue un operativo para ejecutar una orden de aprehensión (y no provisional, como erróneamente afirmó López Obrador) con fines de extradición.

Es decir, sí intentaron aprehender a Ovidio.

Sandoval lo dijo con todas sus letras un día después: “Los efectos negativos de esta acción precipitada y mal planeada, sin autorización del gabinete de seguridad, tuvieron consecuencias en la población civil… (ya que) se desestimó el poder de convocatoria y la capacidad de respuesta de la organización delictiva para evitar el aseguramiento de Ovidio Guzmán López. Los efectos negativos de esta acción precipitada y mal planeada tuvieron consecuencias en la población civil”.

El general dijo que la patrulla que iba por el hijo de “El Chapo” estaba esperando la orden de cateo cuando fueron identificados por los criminales. Les dispararon. Y cuando estaban adentro de la casa se desató la violencia en la ciudad.

El saldo de esta “acción deliberada y mal planeada”, dejó como saldo ocho muertos, cinco de ellos de los delincuentes; 16 heridos (cinco de ellos oficiales de la Guardia Nacional); ataques al cuartel militar, a la zona habitacional militar y 49 reos fugados, 39 del orden federal y 10 del común.

Un clamor corre por el país, incluso hasta con una gran carga de visceralidad en algunos círculos: ¿Cómo, por qué lo liberaron? ¿Es que AMLO tuvo miedo?

Pero lo que vimos el jueves por la tarde fue un apretado y violento resumen de la dimensión del crimen organizado, que tiene exacta correlación con aquellas multitudinarias manifestaciones celebradas en Culiacán, después del apresamiento de “El Chapo” en Mazatlán; o de las numerosas ocasiones en que los funerales de algunos de los capos abatidos eran amenizados, no sólo por la música de las bandas sinaloenses, sino también por el acompañamiento de cientos de hombres disparando sus armas de alto poder al aire, al tiempo que cruzaban las calles más céntricas de las ciudades del norte de Sinaloa, incluida su capital.

¿Qué ocurrió en realidad? ¿Fue un muy mal montado operativo de aprehensión de Ovidio, o fue una operación que fue filtrada al Cártel de Sinaloa, de tal modo que pudieron echar mano, casi de inmediato, de cientos de efectivos y de decenas, quizá algún ciento de vehículos, todos fuertemente pertrechados?

No está difícil llegar a una conclusión por demás triste y preocupante: Las fuerzas del Estado fueron superadas militarmente por el Cártel de Sinaloa en esa batalla mal preparada, mal ejecutada y, por si fuera poco, seguramente filtrada a los mandos del cártel por alguien de adentro: el juez que emitió la orden de aprehensión, el jefe que transmitió la orden de efectuar el operativo, los jefes que iban al mando de las tropas o incluso algunos soldados que forman parte del cártel.

La especulación tiene muchas posibilidades de ser realidad, el secretario de la Defensa informó que los integrantes del operativo se “precipitaron” y que no tenían la autorización de los mandos superiores.

¿Quién resolvió hacerlo de ese modo, precisamente en el primer operativo de las fuerzas del orden en contra del Cártel de Sinaloa en su santuario, ni más ni menos que en Culiacán, ahí en donde el altar del patrono de los narcotraficantes se encuentra a metros del Palacio de Gobierno?

Las fuerzas del Estado mexicano fueron derrotadas militarmente y los delincuentes, como en toda batalla, se apoderaron de pertrechos, vehículos, armas y se enseñorearon de los espacios de las fuerzas vencidas: cuarteles, la Fiscalía y zonas habitacionales.

Fue de tal dimensión la derrota que prácticamente toda la noche los convoyes del Cártel de Sinaloa patrullaron casi todas las vías principales de Culiacán, con la participación de cientos de sus integrantes, a bordo de más de un centenar de vehículos.

Deberemos de recordar, dolorosamente, que en las refriegas militares existe una realidad: la correlación de fuerzas.

Y cuando esta no favorece, entonces deberá ofrecerse la rendición, la que siempre se buscará hacerlo con el menor número de bajas y sin arriesgar a la población civil. Eso hizo el Gobierno de López Obrador en la primera incursión que el Estado mexicano hizo al santuario del Cártel de Sinaloa. Nadie lo había intentado previamente, ni Calderón, ni Peña Nieto.

No le –nos– fue bien, porque lo hicieron mal, o porque fueron traicionados, pero que muestra –en palabras de Edgardo Buscaglia– que ahora hay un gobierno que intenta atacar al cártel en su madriguera –así lo haga de manera “amateur”, como lo definió el especialista en crimen organizado– y que reveló otro aspecto igualmente preocupante, el de la falta de una estrategia adecuada para enfrentar al crimen organizado, la cual no debiera consistir solamente en “atacar las causas sociales”, de un fenómeno que va más allá de la pobreza y marginación social.

Así, no tienen razón los que se rasgan las vestiduras protestando por el hecho de que el gobierno liberó a Ovidio.

No había opción. El operativo de su detención necesitaba que las fuerzas federales contaran con apoyo táctico, aéreo y cibernético para emprender la captura de un capo de la droga de esa dimensión, en Sinaloa.

Ningún soldado del mundo se opondría a la liberación de un capo si sus fuerzas se ven superadas en gran número o en potencia de fuego, y que hacerlo podría desatar una masacre “inútil”, cuyas consecuencias recaerían fundamentalmente en la población civil.

En eso no se equivocó López Obrador, en lo que se advierte una enorme carencia es en la estrategia para enfrentar la incontenible ola de violencia.

Urge.

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