Opinión

La austeridad, en los tiempos de Mar

Al inicio de su mandato, Javier ‘El Inútil’ Corral tomó la decisión de liquidar a cientos de burócratas estatales

Gerardo Cortinas Murra
Analista

lunes, 13 septiembre 2021 | 06:00

Al inicio de su mandato, Javier ‘El Inútil’ Corral tomó la decisión de liquidar a cientos de burócratas estatales, so pretexto de la urgencia de un ahorro millonario en el gasto corriente; cuestión que puso a debate público el tema de la “austeridad republicana”. Recordemos los casos más recientes en este tópico:   

El expresidente Enrique Peña Nieto estableció una serie de acciones “para el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos y de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público para racionalizar el uso de los recursos públicos, reduciendo los gastos operativos…”

Para tal efecto, implementó, entre otras, las siguientes medidas: a) eliminar las plazas de mandos medios y superiores cuya existencia no tenían justificación; b) restringir la contratación o prestación de servicios profesionales por honorarios; y c) reducir el presupuesto de viáticos y gastos de representación.

En el año 2013, César ‘El vulgar ladrón’ Duarte emuló esta estrategia “ahorrativa” a través del “Acuerdo para las Políticas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina del Gasto Público de la Administración Pública Estatal”, tendiente a generar un ahorro superior a mil millones de pesos y la eficiencia en la Administración estatal.

Años después (2017), Javier Corral publicó el ‘Decreto Ejecutivo’ que contenía “las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público que habrán de ser aplicadas por los funcionarios del Poder Ejecutivo estatal… que nos asegure lograr una estabilidad presupuestaria, y por otro lado, la eliminación gradual del déficit con el que se da inicio a la presente administración”. 

Nuestra postura fue que el plan de ‘austeridad corralista’ no era otra cosa que una mera reducción parcial de gastos operativos; ya que no contenía políticas públicas novedosas y trascendentales; sino tan sólo, simples medidas ahorrativas coyunturales al interior del Poder Ejecutivo. 

Al año siguiente, los diputados locales de Morena promovieron una ‘Ley de Austeridad’ cuyo contenido era una versión actualizada de las ‘estrategias’ de austeridad en el gasto corriente; sin tocar los inmerecidos sueldos tanto de los altos funcionarios de gobierno, como los de los magistrados del TSJ y de los magistrados y consejeros electorales.

Para ello, es necesario reformar diversos artículos de la Constitución local. Uno de ellos, el que consigna la fórmula aritmética para fijar el financiamiento público ordinario anual de los partidos políticos, cuyo monto para el año 2021, fue la escalofriante cantidad de más de 260 millones de pesos.

Asimismo, resulta urgente reducir la cantidad de magistrados del TSJ y de los magistrados electorales del TEE; en especial, derogar el párrafo constitucional en donde se establece que los magistrados del TEE “recibirán remuneración igual a la que perciben los magistrados del TSJ”. 

La semana pasada, la flamante gobernadora Maru Campos, en su discurso de toma de protesta, al reconocer el monto del endeudamiento estatal (75 mil millones de pesos) dio a conocer a la ciudadanía chihuahuense las diez acciones ejecutivas para afrontar la grave crisis financiera que agobia al estado de Chihuahua.

Una de ellas “la puesta en marcha de un agresivo programa de ajuste presupuestal como eje rector del reordenamiento financiero, a través del control del gasto público (adiós al dispendio)”. Al respecto, me sumo a la propuesta de Maru de trabajar como un gobierno cercano, abierto.

Para empezar, resulta urgente que el Congreso local apruebe (a más tardar el mes de octubre) la reforma a la Constitución local, para reducir el financiamiento público ordinario de los partidos políticos, y con ello, lograr un ahorro inmediato de más de 30 millones de pesos. 

Como activistas sociales, de manera permanente, habremos de colaborar –a través de iniciativas ciudadanas– con la actual Administración Pública Estatal para evitar que el próximo plan de austeridad sea ‘letra muerta’.

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