Opinión

Justicia y democracia

Hace algunos años, en una memorable conversación con José Ramón Cossío, comentábamos sobre la importancia de las formas procesales para la tutela de los derechos

Pablo Héctor González Villalobos
Analista

lunes, 30 agosto 2021 | 06:00

Hace algunos años, en una memorable conversación con José Ramón Cossío, comentábamos sobre la importancia de las formas procesales para la tutela de los derechos. Las formas uniforman, de manera que quien acude ante un Juez es tratado de la misma manera que los demás usuarios del sistema de justicia. Esto permite que todos sepan a qué atenerse y, por tanto, que se puedan tomar decisiones con la tranquilidad de que existe certeza sobre las consecuencias de cada conducta.

En el ámbito de la interpretación de las normas sustantivas, es decir, de las que definen los derechos y las obligaciones de los miembros de una comunidad, ocurre lo mismo: una interpretación clara, coherente y uniforme de las reglas que, como gobernados, debemos respetar, nos brinda esa misma seguridad en la toma de decisiones.

A pesar de estas ventajas, no han faltado críticos que sostienen que la búsqueda de la interpretación uniforme del derecho atenta contra la independencia judicial (porque cada juez debe tener la tranquilidad de resolver su caso conforme a su leal saber y entender) y limita la posibilidad de hacer justicia (en la medida en que ésta demanda atender las particularidades del caso).

A mi me parece que se trata de un falso dilema. La justicia, en cuanto demanda atender las especificidades únicas del asunto concreto, se refiere fundamentalmente a la apreciación libre de las pruebas para tener por demostrado el hecho o los hechos cuyo conocimiento es sometido a la consideración del Juez. Pero esto no es incompatible, naturalmente, con la exigencia de que la judicatura, como institución que contiene a los jueces que la componen, interprete las leyes de forma clara y coherente. Ésta es también una exigencia de justicia.

Las reformas en materia penal y de derechos humanos ocurridas en años relativamente recientes, otorgaron a los jueces la potestad de interpretar principios que contienen valores de alto nivel jerárquico: aquéllos que se refieren a los derechos fundamentales de las personas. 

El problema es que esta delicada potestad, en cuanto entraña el riesgo de producir múltiples interpretaciones de una misma norma, puede generar un caos jurisprudencial en el que ya nadie sepa a qué atenerse. En ese escenario, que el asunto caiga en un tribunal o en otro, acaba siendo una suerte de lotería de pronóstico reservado.

Además, la falta de coherencia en la interpretación del derecho produce un déficit democrático, ya que el Poder Legislativo, como depositario de la soberanía popular, es el único legitimado para producir leyes. Pero si éstas se interpretan de forma impredecible, acaban diluyéndose en el torbellino de los criterios judiciales que, de esta manera, pueden llegar al extremo de hacer irrelevante al Congreso.

El significado, el alcance y la tutela de los derechos humanos debe ser uniforme. La igualdad de tratamiento, que se manifiesta en el valor de la seguridad jurídica, es una exigencia democrática y de justicia. Y ello difícilmente se alcanza cuando existen tantas interpretaciones como jueces. De ahí la importancia de los mecanismos constitucionales y normativos que facilitan la consolidación de la jurisprudencia, es decir, de los criterios que interpretan las normas. Vale la pena seguir apostando por ellos.

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