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Opinión

Justicia secreta, justicia incompleta

La correcta, oportuna e imparcial aplicación de las leyes, lo que en términos lisos y llanos se conoce como “justicia”, es una asignatura que corresponde en su totalidad al Estado

Francisco Ortiz Bello
Analista

domingo, 25 septiembre 2022 | 06:00

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La correcta, oportuna e imparcial aplicación de las leyes, lo que en términos lisos y llanos se conoce como “justicia”, es una asignatura que corresponde en su totalidad al Estado, a la suma de todos los aparatos institucionales de los gobiernos que tienen por mandato de ley esa responsabilidad, y que incluye a los tres órdenes de gobierno, por ende, hablamos de un bien social que tutelan los gobiernos, o que deberían tutelar adecuadamente. La realidad en la práctica está muy alejada de esa premisa.

No se puede concebir una adecuada impartición de justicia sin considerar la concurrencia que tienen en el tema las corporaciones policiacas (poder ejecutivo local y/o estatal), las fiscalías o procuradurías de justicia (poder ejecutivo estatal y federal) y los jueces y/o magistrados (poder judicial estatal o federal), quienes deben realizar un trabajo coordinado y bien sincronizado para que las víctimas de un delito reciban lo que en derecho merecen: justicia, y los delincuentes el castigo a sus delitos.

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Así pues, el trabajo de policías, agentes ministeriales, ministerios públicos, peritos, fiscales, jueces, secretarios de acuerdos y magistrados, aunque pertenezcan cada uno a distintas instancias de gobierno, debe mantener una estrecha vinculación y observancia de la Ley, porque de eso dependerá en muy buena medida que, llegado el momento procesal, el ciudadano acusado de la presunta comisión de algún delito, reciba la sentencia adecuada, ya sea de culpabilidad o de inocencia, y la víctima reciba la justicia reclamada.

El diccionario nos dice que “justicia” es: “Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde”.

El derecho define la justicia como “Principio constitucionalmente consagrado como valor superior del ordenamiento jurídico en el que confluyen los de razonabilidad, igualdad, equidad, proporcionalidad, respeto a la legalidad y prohibición de la arbitrariedad, ya que, según los casos, se identifica con alguno de estos otros principios”.

Ambas definiciones coinciden en un punto: dar a cada quien lo que le corresponde. A la víctima una satisfacción o resarcimiento del daño recibido, y al delincuente un castigo por su falta cometida. Así es y no de otra forma.

Pero decía, líneas arriba, que la realidad está muy alejada de esas premisas, en la práctica cotidiana ocurren muchas cosas que alejan la justicia de todos, incluso del presunto infractor, lo que lleva a la sociedad a condiciones críticas en cuanto a seguridad e integridad de sus ciudadanos.

Todo este razonamiento viene a cuento porque, ante la ola de inseguridad que se vive en el país, Chihuahua y Juárez no son la excepción, suele culparse únicamente a las corporaciones policiacas por la inseguridad, cuando en realidad las crisis en esa materia se presentan ante la deficiencia de una o varias de las instancias descritas antes: ministerios públicos, agentes ministeriales, peritos, policías, jueces y o magistrados.

Si un policía municipal no cumple íntegramente todo el protocolo legal para la detención de un presunto delincuente, a la hora que el caso llegue a un juez este lo dejará en libertad, porque su detención no habrá sido legal, aunque haya sido detenido en flagrancia, es decir, aunque esté a la vista su culpabilidad.

Lo mismo ocurrirá si los peritos, agentes ministeriales o ministerios públicos no integran adecuadamente una carpeta de investigación, ellos son los encargados de demostrar, ante un juez, la presunta culpabilidad de una persona en la comisión de un delito.

Eso no significa que los presuntos delincuentes sean inocentes, no, significa que los diversos operadores del sistema de impartición y aplicación de justicia no están funcionando adecuadamente, pero también significa que muchos de quienes sí delinquen regresarán a las calles a seguir cometiendo delitos contra la sociedad, y es cuando la inseguridad se vuelve un problema para todos.

A eso que ocurre, cuando un delincuente o agresor social no recibe la sanción que le corresponde, se le llama impunidad y es la impunidad el motor de más y mayores delitos, porque las conductas agresivas contra la sociedad no son sancionadas, es un estímulo perverso para el delincuente que sabe que nada le pasará, por eso la inseguridad pública se convierte de un problema a una verdadera crisis social.

Como ya vimos, la falta de castigo a los delincuentes, es decir, la impunidad, puede tener varios orígenes o causas, desde las que ya comenté antes hasta la franca y abierta corrupción o colusión de autoridades con grupos delincuenciales, pero cualquiera que sea la causa el efecto es el mismo siempre: inseguridad y aumento de la criminalidad, en perjuicio de los ciudadanos. Justo lo que hoy vivimos los mexicanos, los chihuahuenses y los juarenses.

Y siempre, también, la responsabilidad recaerá en las autoridades correspondientes, ya sea por omisión o por comisión, porque son las que tienen la obligación legal de aplicar el estado de derecho, la justicia y la legalidad, en todos los casos.

Por todo ello es que, cada vez más, la sociedad ha exigido mas compromiso de las autoridades de todos los órdenes de gobierno en esa materia, y esa exigencia social, ciudadana, se ha traducido en grandes logros y avances en el tema de administración e impartición de justicia, tales como la oralidad de los juicios basados en grandes principios de máxima publicidad y transparencia.

Esos avances, alcanzados a fuerza de presión ciudadana, han permitido que los vicios y fallas del sistema sean corregidos al quedar evidenciados públicamente, por eso llama poderosamente la atención que, recientemente, en el caso de los custodios del Cereso que se vieron implicados en los hechos del llamado “jueves negro”, todo su proceso de aprensión, presentación y primera audiencia, se hayan llevado a cabo en el más hermético de los sigilos.

Bien decía el filósofo Séneca: “El lenguaje de la verdad debe ser, sin duda alguna, simple y sin artificios”, porque resulta por demás evidente que ocultar un hecho, sobre todo en temas judiciales o de justicia, resulta más inculpador para quien lo oculta que para quien tenga responsabilidad directa en su comisión.

Ayer sábado, El Diario publicó la nota de mis compañeras Argelia Domínguez y Luz del Carmen Sosa, titulada “Arma Tribunal en secreto audiencia por jueves negro”, en la que dan cuenta detallada de todo un operativo para la aprehensión de los custodios, su traslado a la capital del estado y la celebración de una audiencia en la que le negaron el acceso a este medio periodístico.

La nota señala que “La aprehensión del suboficial de la Policía de Seguridad y Custodia, Diego A. M.; de los policías de Seguridad y Custodia, Pedro H. S. y Jorge Emmanuel O. O. y del celador ‘C’, Armando T. D., ocurrió la noche del jueves en un operativo realizado por los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) luego fueron presentados ante un juez de Control del Distrito Judicial Morelos, con cabecera en la ciudad de Chihuahua, a donde los trasladaron por cuestiones de seguridad, informó la Fiscalía estatal. El Ministerio Público acusó a los cuatro policías de homicidio en contra de dos personas privadas de la libertad, así como de tentativa de homicidio en contra de otros cuatro reos”.

Y agregan en otra parte de la referida nota: “Israel Hernández, vocero del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dijo que el juez Muñoz determinó que la audiencia inicial fuera privada por la información que sería dada a conocer, por lo que reporteros de Juárez y Chihuahua quedaron fuera de la escucha del inicio del proceso penal contra los acusados, contrario al principio de máxima publicidad. Cuestionada al respecto, la magistrada y presidenta del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Myriam Victoria Hernández Acosta, dijo desconocer qué pasó y aseguró que investigaría lo ocurrido. El Diario solicitó estar presente en la escucha poco después de las 09:00 horas, sin obtener una respuesta favorable”.

Esconder u ocultar hechos nunca será nada positivo, porque de entrada abre la puerta a la suspicacia ¿Qué esconden? ¿Por qué esconden algo? ¿Qué puede ser tan feo o malo que haya que esconder? Dice un refrán popular mexicano que vale más una colorada que cien descoloridas.

La sociedad mexicana y la chihuahuense no es la excepción, es una sociedad madura e informada, que no debe ser tratada como retrasada mental o carente de juicio para procesar información, por más delicada que esta sea. 

 

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