Opinión

Justicia cívica municipal

En semanas pasadas el Cabildo Municipal aprobó en sesión el Reglamento de Justicia Cívica, Policía y Buen Gobierno del Municipio de Juárez el cual viene abrogar el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Juárez

Olivia Aguirre Bonilla
Académica

jueves, 17 septiembre 2020 | 06:00

En semanas pasadas el Cabildo Municipal aprobó en sesión el Reglamento de Justicia Cívica, Policía y Buen Gobierno del Municipio de Juárez el cual viene abrogar el Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Juárez. El citado Reglamento introduce desde el ámbito procesal, celebración de audiencias orales y públicas en tiempo real con la presencia del juez, el fiscal acusador, las personas probables infractoras y su defensor. 

Para ello el fiscal cívico podrá acusar a personas que hayan cometido un hecho considerado falta administrativa, por lo que el juez atendiendo al debido proceso estará obligado a emitir una resolución objetiva e imparcial previo a la valoración de las pruebas y demás alegatos de las partes involucradas.

Además, una vez que el juez determine la responsabilidad del infractor, éste deberá privilegiar una sanción que implique trabajo a favor de la comunidad. 

Otro punto interesante que se introduce es la actuación policial in situ, la cual tiene como finalidad acercar la justicia cívica a la sociedad, en un primer momento acercando a los policías de proximidad a prestar atención a los conflictos, orientándose a la solución del problema en el lugar a través de la mediación y conciliación, en un segundo momento acercando a los jueces a los sectores alejados, de difícil acceso o zonas marginadas, para resolver los conflictos que se susciten en dichas zonas.

Asimismo, los jueces cívicos podrán conocer y resolver de recursos de revisión de infracciones, en los términos previstos en el Reglamento de Vialidad y Tránsito municipal y resolver de manera específica los casos de conductores en estado de ebriedad o bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos.

En lo que respecta a las sanciones, estas podrán ser la amonestación; multa que no podrá exceder de 50 veces el valor de la unidad de medida y actualización (UMA) es decir no podrá exceder de la cantidad cuatro mil 344 pesos; arresto hasta 36 horas y trabajo a favor de la comunidad.

Sin embargo, tratándose de la multa, cuando el infractor fuese un trabajador que percibiera el salario mínimo, no podrá sancionarse con una multa mayor del importe de su salario de un día, además en el caso de aquellos que no sean trabajadores asalariados, la multa que se imponga por la infracción, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. Lo anterior resultaba necesario pues atiende al principio de proporcionalidad de acuerdo a su capacidad económica, sin embargo, no se refiere el proceso a seguir para determinar el ingreso de un día de un trabajador no asalariado, o si se atenderá a la protesta de decir verdad.

Ahora bien, también se regula la reincidencia, pues en el caso de la comisión de infracciones por dos o más veces, en un plazo que no exceda de seis meses a partir de la comisión de la primera falta administrativa, el infractor no podrá gozar del beneficio de la conmutación del arresto por la multa ni por el trabajo en favor a la comunidad, es decir tendrá que permanecer arrestado.

En cuanto a las infracciones novedosas se introduce el acoso sexual, como aquella que atenta contra la integridad o dignidad de las personas y consiste en realizar actos o tocamientos, de notoria connotación sexual, así como el realizar cualquier expresión verbal o corporal de connotación sexual que atente contra la dignidad de una persona; o bien, acosar a alguien mediante expresiones que vulneren su intimidad personal, hagan escarnio o destaquen sus características o atributos físicos, en un lugar púbico, cuando la finalidad se relacione a propósitos sexuales. Infracción que resultaba necesaria y urgente para disminuir la violencia de género en nuestra ciudad.

El reto que enfrenta el Municipio es contar con el suficiente personal para garantizar una verdadera justicia cívica, pues se pretende que los juzgados cívicos realicen sus funciones de manera ininterrumpida, durante las 24 horas de todos los días, y para ello se cuente con salas destinadas para ese fin, las cuales deberán tener el equipo de grabación de audio y video, así como la constante capacitación a quienes integren el procedimiento cívico. Lo anterior implica un esfuerzo presupuestario considerable, pues de no ser así, terminará colapsándose.

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