Opinión

Juntos por la paz

En la primera parte de la década de los años 90 el deterioro económico en nuestro país, la caída en los salarios, la inflación y el abandono del campo...

Juan Carlos Loera De La Rosa
Político

domingo, 26 enero 2020 | 06:00

En la primera parte de la década de los años 90 el deterioro económico en nuestro país, la caída en los salarios, la inflación y el abandono del campo, entre otras muchas calamidades, trajo consigo un incremento exponencial de los flujos migratorios de México hacia el país del norte; en respuesta, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en El Paso, Texas implementó un operativo terrestre dirigido a evitar la entrada de personas migrantes sin documentación, las cuales mayoritariamente cruzaban la frontera por el río Bravo; dicho operativo que aún está en marcha consiste en un virtual bloqueo de los márgenes del río con agentes y vehículos localizados cada 100 metros. Esta medida ha traído diversas consecuencias, la más grave de aquel entonces fue que las personas migrantes debieron buscar diferentes rutas a través del desierto; la gran mayoría de ellas constituían un peligro mayor, lo cual incrementó significativamente el número de fallecidos en dicho intento. Pero también fue el inicio de un inconmensurable e irreparable daño a nuestra sociedad fronteriza, ya que así como los flujos migratorios buscaron nuevas salidas y destinos, el trasiego de estupefacientes hizo lo propio, pero gran parte de ellos empezó a estancarse en nuestra frontera.

La creciente oferta de narcóticos encontró un mercado cautivo alentado multifactorialmente, algunas causales fueron: los hogares monoparentales en los cuales la madre tenía –y aún tienen– que salir a trabajar largas jornadas dejando a los hijos a su propio autocuidado, un entorno urbano poco amigable, pauperización del ingreso familiar, pero sobretodo la falta de políticas públicas dirigidas a la prevención de las adicciones. 

Así, en este entorno totalmente adverso han pasado muchos años, del 2008 al 2012 vivimos una cruenta guerra cuyo origen fue una fallida y corrompida lucha contra el narcotráfico, la cual dejó como uno de los saldos más catastróficos entre 14 mil y 16 mil niños y adolescentes en situación de orfandad tan sólo en Ciudad Juárez (Aguirre y Camargo, El Colegio de Sonora mayo 2017), muchos de ellos hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Lastimosamente, los esfuerzos para atender no sólo a los menores huérfanos, sino también a aquellos que viven dentro de hogares disfuncionales han sido aislados y poco eficientes.   

La espiral de homicidios dolosos durante el año pasado en nuestra ciudad ha sido también producto de una descomposición heredada no solo en materia de seguridad pública, sino también de la ausencia de una política social, educativa y de salud pública que debió de haber estado orientada para atender a los seres humanos más vulnerables con un insoslayable enfoque preventivo. 

A diferencia de la crisis de seguridad del 2008 al 2012, cuando los homicidios se vinculaban con capos y sicarios, cómplices dentro de las corporaciones policíacas,  el control de las plazas y también muchas víctimas circunstanciales; todo esto asociado a la comisión de otros delitos graves como la extorsión y el secuestro; hoy la disputa (funesta) está muy focalizada principalmente en el control territorial del narcomenudeo en las colonias citadinas.

Los datos son contundentes, el 80 por ciento de los homicidios está vinculado al narcomenudeo, mismo que es ocho veces mayor al promedio nacional; del total de las personas que han consumido drogas al menos una vez, el 25 por ciento se vuelven dependientes; son 39 mil en Juárez quienes consumen al menos una vez semanalmente; 14 mil, lo hacen diariamente, el 30 por ciento de los consumidores ha tenido conflictos con la ley, lo cual conlleva el riesgo de que las cárceles se saturen si no se asume que las personas dependientes son enfermos que deben tratarse con el enfoque e intención de procurarles salud y reinserción social, más nunca con la intención de criminalizarlos. Actualmente la Fiscalía de Distrito Zona Norte recibe un promedio mensual de 515 personas consignadas por delitos contra la salud, la mayoría de ellos son por posesión simple; esta es una de las graves secuelas que nos deja una mala política pública en el combate a las adicciones. 

Por si todo esto fuera poco, nos encontramos ante una endeble infraestructura en materia de salud para la atención de los adictos que resulta insuficiente, no existen centros para la desintoxicación y son muy pocos los profesionistas especializados en la materia. 

El diagnóstico es amplio y certero, es por ello que dentro del Plan Especial Juárez en materia de seguridad se ha priorizado la atención a este problema, con una suma de esfuerzos que son acordes con la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. En el Gobierno federal, estatal y municipal a través de las dependencias de salud, educación y bienestar, así como el Tribunal Superior de Justicia, hemos implementado acciones concretas ya en curso en coordinación con organizaciones civiles como Ficosec y los Centros de Integración Juvenil con el firme propósito de disminuir sustancialmente el índice de adicciones fortaleciendo tres ejes fundamentales:

La prevención y detección temprana con la puesta en marcha de 100 brigadas, compuestas cada una de ellas por un psicólogo y un promotor social que intervengan principalmente en escuelas secundarias, focalizando las zonas territoriales de mayor riesgo. Estas brigadas se encargarían de incluir  actividades culturales y deportivas para promover la sana convivencia y dotar así a los jóvenes con las herramientas necesarias para su vida. Establecer un modelo alternativo de reinserción educativa y con maduración asistida para adolescentes desertores de secundaria, asimismo establecer la asignatura de salud mental y prevención de la violencia en el sistema educativo.

Otro punto es la atención en materia de salud a las personas dependientes mediante la instalación de centros de desintoxicación, la ampliación de los modelos actuales en el Seguro Social y otras instituciones públicas de salud, dedicar al menos 40 camas para tratamiento en el hospital psiquiátrico, fortalecer con médicos, psicólogos, psiquiatras y facilitadores al menos diez centros para el tratamiento de las adicciones. 

Por otra parte, en materia de justicia, es indispensable la no criminalización de las personas consumidoras que han entrado en conflicto con la ley, esto se haría mediante un diagnóstico profesional que permita detectar desde la puesta a disposición ante el ministerio público al individuo, evaluando primeramente si dicho detenido es consumidor, o no; y de resultar con alguna adicción, derivarlo para su atención médica y sicológica. Para ello también es necesaria la creación de tribunales especializados en la materia que permitan hacer más eficiente en general el sistema de justicia.  

Los primeros pasos han sido dados, la gran coordinación mostrada en meses recientes apuntalada desde el Gobierno de la República, la mesa estatal para la construcción de la paz, gobierno estatal, municipal y Ficosec han dado un vuelco positivo para atender las causas de la violencia y poder así contribuir a un verdadero estado de bienestar para todos.

Por último yo diría que un paso importante y decisivo en el combate a las adicciones sería elevar a rango constitucional en todos los niveles educativos asignaturas que orienten acerca del uso y abuso de las drogas y sus consecuencias que en muchos casos son irreversibles, promoviendo así la salud mental y física de nuestros jóvenes.

 

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