Opinión

Juez sujeto a investigación

A cinco meses de asumir el Gobierno local, efectivamente han cambiado algunas cosas, específicamente en los asuntos penales relacionados con los exfuncionarios públicos de los últimos gobiernos

José Díaz López
Analista

sábado, 15 enero 2022 | 06:00

Decía Heráclito que en este mundo “todo es cambio”. Y a cinco meses de asumir el Gobierno local, efectivamente han cambiado algunas cosas, específicamente en los asuntos penales relacionados con los exfuncionarios públicos de los últimos gobiernos. ¡Y vaya que están cambiando la situaciones penales! ¡Los acusados de antes por Corral, son los acusadores de ahora en su contra! 

Sin embargo, esta nueva operación justicia para los acusados de antes, mete al Estado, en ¡un torbellino de acusaciones y contra acusaciones penales! Por tanto, se descuida la función principal de un gobierno, que es dar resultados a las principales demandas de la sociedad, en educación, en salud, en el combate a la inseguridad, crear empleos, crear condiciones para el desarrollo económico y sobre todo en cuidar la paz social. Pues con tantísimas querellas penales de todos contra todos, el Gobierno se convierte de facto en una Fiscalía. 

Las acusaciones de tortura a los testigos protegidos y acusados, la falsificación de documentos, la falsificación de firmas, de robos de libros notariales, de extorsiones de ministerios públicos a acusados, etc., están a tambor batiente como en una guerra, en el espacio local. Y claro que eso no es la función natural de un gobierno.  

Lo que vino a echarle gasolina al fuego en la política, fue la rueda de prensa el miércoles, en la que el juez de Control Mendoza, quién en marzo-abril le dictó auto de vinculación a proceso a la hoy gobernadora y a otros dos involucrados, dijo que “en efecto, le habían hablado TRATANDO… para TRATAR de influir en el sentido del fallo”. Pero no aceptó que “lo hayan logrado influir”. Dijo que las llamadas principalmente venían del Ejecutivo Estatal, es decir de Mesta y/o Corral.

Esa rueda de prensa del citado juez, generó un intenso debate en pro y en contra del huez y las partes en el asunto, en tiempo real, en las redes. El cual aún sigue en los Faces y WhatsApps.

Ello reavivó el fuego de diversos protagonistas, aún procesados y/o ya sentenciados, para reactivar entrevistas en diversas partes a varios de los involucrados en esos asuntos penales, que tienen como finalidad el anuncio de que van con todas las demandas posibles en contra de los ministeriales de Corral. De esa manera la agenda penal en Chihuahua alcanzó revuelo a nivel nacional.   

La sensación general que deja el alud de escándalos penales entre los involucrados, es que están poniendo el piso, las bases jurídicas para citar ante los jueces penales al exgobernador Corral y algunos de sus funcionarios. De esto nadie tiene dudas. 

Sin embargo, esa serie de declaraciones del juez, no fueron suficientes para cuando menos suspenderlo temporalmente de su función de Resolutor Judicial. 

Sino al contrario, quienes están investigando a ese juez por haber declarado que hubo presiones que TRATARON de violar su libertad, independencia y autonomía para resolver el asunto penal… ¡lo ratificaron en su encargo de juez! Y entonces todo se volvió confusión en las redes sociales. 

Obviamente en los influenciadores más connotados del Fce, circuló la cuestión de ¿la ratificación del juez estuvo condicionada a que diera dichas declaraciones?  Pues en sana lógica, no hay congruencia entre descalificar ampliamente al juez por esas declaraciones e inmediatamente después, hacer la reunión en el Tribunal de Justicia, pero no para suspenderlo, sino al contrario ¡para ratificarlo como juez! ¿O se va a convertir en testigo protegido?  Lo cual es imposible, pues hay incompatibilidad entre el ser juez de Control y al mismo tiempo ser testigo protegido. Pues el testigo protegido también ha delinquido, poco menos o igual contra los que va a acusar. 

La situación de los asuntos penales de Duarte y de Corral han puesto en jaque a la Fiscalía, que no ha alcanzado a discernir con claridad sus funciones legales, pues está dejando de lado lo principal, para darle prioridad a la barandilla. Lo cual provoca que este gobierno empiece a caminar principalmente por la ruta de la judicialización, descuidando el de poner en acción su Plan de Gobierno. Y esto es lo que requiere el Estado.

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