Opinión

Jueces y política

Vigentes procesos judiciales mediáticos, ventilados tanto en Chihuahua como a nivel nacional, han vuelto a poner en el centro de la discusión pública la relación entre la actividad jurisdiccional y la política

Jesús Antonio Camarillo
Académico

sábado, 27 marzo 2021 | 06:00

Vigentes procesos judiciales mediáticos, ventilados tanto en Chihuahua como a nivel nacional, han vuelto a poner en el centro de la discusión pública la relación entre la actividad jurisdiccional y la política. Por un lado, encontramos la postura conservadora de quienes todavía conciben la función de los jueces como una cercana a la faena del autómata. Un juez que como vil máquina, recibe datos sobre los hechos, las pruebas y las normas, procediendo, supuestamente, a resolver el caso concreto de manera pulcra, sin que intervenga un ápice de voluntad o ideología de su parte. Por el otro lado, los que sostienen que toda la labor de los jueces está impregnada de ideología, prejuicios e intereses y que, por tanto, la neutralidad e imparcialidad judicial son sólo mitos.

La primera de las posturas es una que suele tener mayor presencia en el imaginario colectivo. Así, a lo largo de la historia, se ha construido el modelo de un juez ideal ajeno al influjo de lo que muy vagamente llamamos “la política”. Se asume entonces, que un juez con carga política es un peligro para la sociedad, pues representa la antítesis de la imparcialidad y la neutralidad.

Esta postura tiene, por supuesto, mucha tela de donde cortar. Por principio de cuentas, podemos afirmar que ese juez pulcramente neutral no existe. Es un ideal, o si se quiere, en el mejor de los casos, una idea regulativa, pero nada más. Ya es un campo común decir que todos los jueces, desde los jueces constitucionales hasta los de menor rango, tienen discrecionalidad, pero vale la pena traerlo de nuevo a colación. Esa discrecionalidad no es otra cosa más que la posibilidad de elegir, de entre todo un abanico de posibilidades, el significado que se le va a atribuir no sólo a las normas jurídicas aplicables, sino también a los hechos que se controvierten en un proceso. El juez se ubica pues, en un punto en el que se dan cita muchas restricciones pero también amplios espacios de libertad interpretativa. Ejercer esa libertad interpretativa implica ya ejercer un acto político.

Cuando se afirma que es un peligro que el juzgador tenga una dimensión política quizá la cuestión se esté observando desde un enfoque muy reducido. Se piensa así, que la relación entre juez y política se traduce en un compromiso del juzgador con intereses partidistas. O simplemente, en la modalidad del tribunal como títere de un específico factor real de poder que lo maneja tras bambalinas. Por supuesto, no es nada raro que esta situación se presente. Lo hemos visto aquí en Chihuahua, en diferentes sexenios, con resultados lamentables.

Sin embargo, cuando se habla de la dimensión política de los jueces la concepción debe ser más amplia. En ese sentido, decir que un juez  hace política a través de sus fallos no es evocar la imagen de un personaje que se entrega a sus preferencias partidistas o que se subordina a los dictados del autoritarismo en turno, sino todo lo contrario, evoca la figura de un juez que es -o cuando menos pretende ser- independiente y autónomo con relación a los que le tiran línea desde los entresijos del poder real o formal. Asimismo, un juzgador que hace política desde su posición, es el que llega a entender su momento y contexto histórico, en nuestros días, por ejemplo, planteándose un compromiso con la democracia constitucional, los derechos humanos y el bien común, sobre todo, cuando hablamos de jueces de tribunales constitucionales o supremas cortes.

No hay que asustarnos, el juez tiene una dimensión política, claro que la tiene. Y porta ideología, claro que la porta.