Juárez Iluminado

Una de las características del “neoliberalismo” que tanto critica el Gobierno actual es la tendencia de privatizar empresas o servicios que tradicionalmente administraba el Estado en sus funciones públicas. En pocas palabras, reducir la intervención del Estado lo más que se pueda. Los críticos del neoliberalismo, en cambio, sostienen que no se puede dejar en manos de los intereses privados diversas funciones que el Estado desempeña.

Creo que, como todo, los extremos siempre son malos. El Estado no debe proveer papel y celulosa para la impresión de periódicos; pero debe mantener, y promover empresas públicas que le garanticen abasto de insumos o productos que sean torales para el desarrollo, y que permitan su independencia, incluso política, respecto de otras naciones.

El estigma es que las empresas privadas son eficientes, y las públicas ineficientes. El hecho de que determinados sectores antes regulados hayan sido privatizados no implica que estas empresas sean ahora mucho más eficientes o menos corruptas. Ejemplos de ello son precisamente los bancos, y aeropuertos entre otros.

Hay funciones que el Estado como ente político no debe de realizar: construir aeropuertos, constituir empresas de internet, entre otros, que es justo lo que el Gobierno federal pretende. En cambio, hay funciones que el Estado sí se debe de reservar, pues no todo en este mundo es mercado; un ejemplo de ello, que estimo que es un acierto por parte del Gobierno federal, es la construcción de una refinería.

A nivel local, un ejemplo de un servicio que se tornó en eficiente al momento de concesionarse, es el de la recolección de basura. Durante la primera administración de Héctor Murguía, el Ayuntamiento decidió concesionar el servicio de limpia. A partir de ahí, el servicio se empezó a dar tres veces por semana, a diferencia de las dos que se daban antes de concesionarse. Los vehículos con que se presta este servicio son recientes, a diferencia de los armatostes que se utilizaban anteriormente.

Traigo todo esto a colación por el interés de las administraciones municipales de Juárez y de Chihuahua por concesionar el servicio de alumbrado en ambas ciudades.

Tanto María Eugenia Campos como Armando Cabada han propuesto planes de alumbrado a sus respectivos cabildos y al Congreso. El común denominador de ambos planes es que implican una concesión del servicio, misma que se pagaría con lo que las autoridades municipales ya perciben por concepto de Derecho de Alumbrado Público. Es decir, no habría más deuda pública.

Ambos planes han estado señalados por parte de sus respectivas oposiciones. Incluso, en el caso de Juárez, se solicitó por parte de los críticos del plan, un proceso plebiscitario para aprobar dicho proyecto. Pretender llevar todas esas decisiones a consulta, en una democracia representativa como la nuestra, nos hacen ver que, entonces, no hay necesidad de tener representantes, si pretendemos actuar de esa manera.

Lo que advierto en ambos casos es que no hay elementos contundentes para estimar que existe corrupción en los planes. Lo que sí se advierte es que tampoco hay datos claros, no sabemos si por opacidad, o por la condición altamente técnica de cada uno de los proyectos. En caso de que existan estos elementos de corrupción, se deberá proceder en consecuencia, mas no privar a ambas ciudades de la renovación de luminarias que se necesitan. Parecería que en México, sistemáticamente estamos en contra de los proyectos oficiales. Esto es válido, siempre que la oposición se realice con datos, no en base a impulsos.

En un país que decidió cancelar un aeropuerto “por actos de corrupción”, mismos que no han sido comprobados, no podemos adoptar una posición definitiva hasta en tanto los proyectos sean claros. Creo que el objetivo de ambos planes es bueno, pero hay que cuidar el uso eficiente de los recursos.

Será el Congreso del Estado el que decida el camino de cada plan. Aquí es donde veremos la congruencia de los enemigos del neoliberalismo, los diputados de Morena. Si votan en contra de los planes, serán congruentes con su tendencia antiprivatizadora. Si votan a favor, entonces se evidenciará aún más el pacto de Juan Carlos Loera con Javier Corral (en relación con Maru, la impulsora del proyecto) y con Cabada, situación que le ha distanciado de varios de sus correligionarios (un exalcalde de Juárez, un alcalde de Cuauhtémoc, e incluso un senador de la República) a quienes requeriría en la eventualidad de aspirar a ser candidato a un puesto de elección.