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Opinión

Inseguridad, crimen organizado y resultados

El repunte de homicidios y femicidios que se manifiesta a partir de 2016, la violencia ejercida en contra de integrantes...

Sergio Pacheco González
Analista
martes, 12 marzo 2019 | 06:00

El repunte de homicidios y femicidios que se manifiesta a partir de 2016, la violencia ejercida en contra de integrantes, hombres y mujeres, de las fuerzas de seguridad pública y los conflictos generados por la migración de cientos de personas provenientes principalmente de América Central y el Caribe, se presentan en un contexto que parece reeditar el tiempo-espacio de las violencias que irrumpió de manera feroz en el año 2008 en el municipio de Juárez.

Eventos donde se presentan homicidios y femicidios múltiples, tanto en viviendas como en la vía pública, y en los que incluso se atenta en contra de quienes son responsables de brindar seguridad a la ciudadanía, dan cuenta de la resistencia y persistencia, cuando no de las capacidades y potencialidades, de quienes se enfrentan entre sí y con las policías de los diversos niveles de gobierno. Al mismo tiempo, manifiesta las limitaciones y carencias de éstos para contener, restringir y controlar a los primeros, disminuir los diversos delitos y establecer un estado de seguridad, que se sustente de manera objetiva y se perciba como tal.

Para ello es necesario reconocer que, si bien se hace mención del contexto local, el fenómeno no se reduce a éste ni al ámbito estatal o nacional. Otros municipios en el estado, como otras entidades federativas, son escenarios de múltiples hechos de violencia en los que inclusive integrantes de las Fuerzas Armadas han perdido la vida en enfrentamientos o emboscadas. 

En diversos países de América Latina y el Caribe, condiciones similares se presentan de manera recurrente. Como refiere Gabriel Kessler en “El crimen organizado en América Latina y el Caribe” (El laberinto de la inseguridad ciudadana, UACJ-FLACSO, 2015, p. 46): “El crimen organizado tiene ganancias, pero también implica costos. El Banco Interamericano de Desarrollo lo calcula en 168 mil millones de dólares, que en países como El Salvador y Colombia en años pasados representaba el 25 por ciento del producto bruto y se estima por muertos, heridos, costos en infraestructura y dificultades para operar en el comercio internacional”.

Además, no se pueden entender las capacidades puestas en juego, sin los recursos económicos, financieros, tecnológicos y la permisividad que les favorece. Como tampoco se puede explicar, sin considerar la demanda que se presenta en el país del norte e incluso en los de Europa, de algunas de las mercancías que son motivo de disputa. Como el mismo Kessler señala, el crimen organizado no se puede entender sin estudiar los vínculos que se establecen, entre otros, en diversas expresiones del tráfico ilegal de drogas y el tráfico ilegal e incluso legal, de armas y de personas.  

La mortandad que se ha presentado en esta América y el Caribe tampoco se puede desvincular de la política antidrogas impulsada por los Estados Unidos de América y sus expresiones focalizadas con el Plan Colombia en el país del sur y la Iniciativa Mérida en México, cuya Carta de Acuerdo se firmó en diciembre de 2008, “escribiendo así un capítulo histórico de cooperación y reconocimiento de las responsabilidades compartidas de ambas naciones con el fin de contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas que amenaza a los ciudadanos en ambos lados de la frontera.” (https://mx.usembassy.gov/es/our-relationship-es/temas-bilaterales/iniciativa-merida/).

Con más de 2.3 mil millones de dólares otorgados por el Congreso de los Estados Unidos, descansa en cuatro pilares: afectar la capacidad operativa del crimen organizado, institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de Derecho, crear la estructura fronteriza del siglo XXI y construir comunidades fuertes y resilientes.

Con respecto a lo antes dicho, se destaca del tercer pilar, que se pretende: “Facilitar el comercio legítimo y tránsito de personas mientras se restringe el flujo ilícito de drogas, personas, armas y efectivo”. No obstante, otras acciones contradicen lo planteado, como se pudo constatar por diversos medios de información y a partir de declaraciones oficiales, con el Operativo Rápido y Furioso, el que, supervisado por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, así como por la Fiscalía de Phoenix, posibilitó la internación ilegal de más de dos mil armas al territorio mexicano, entre 2006 y 2011.

En ese escenario de carácter global, los países productores de drogas ilegales y aquellos que sirven de escala para el tránsito de estas hacia el país del norte o el continente europeo, han experimentado el incremento de la violencia y han incorporado a las fuerzas castrenses en actividades de seguridad pública. El resultado más evidente es la pérdida de vidas y la emergencia de drogas químicas, como el cristal.