Diario
Opinión
sábado, 14 diciembre 2019 | 06:00
Ciudad de México.— El primer informe de Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue celebrado por el presidente López Obrador como algo “inédito”, por la amplia exposición que hizo el ministro presidente sobre la corrupción en el Poder Judicial.
El informe de Zaldívar estuvo impregnado de la lógica que ha tenido su gestión este año. Lo más importante es, sin duda, la lucha contra la corrupción, incluyendo los movimientos que realizó en casi todos los órdenes de jueces, magistrados y otros funcionarios, cuya actuación era, por lo menos, dudosa, sea por corrupción o por coacción.
Eso fue notable en muchos puntos del país, pero sobre todo en Jalisco, donde era evidente que la justicia funcionaba mucho más cerca del crimen organizado que de los ciudadanos.
En los hechos, en sólo un año de gobierno, la administración de López Obrador ha cambiado la orientación de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. Con la designación de tres nuevos ministros y el cambio del presidente de la SCJN, López Obrador se aseguró que difícilmente procederán las acciones de inconstitucionalidad en su contra.
Con la reconfiguración casi por completo del Consejo de la Judicatura, se garantizará el respaldo a lo que es el principal proyecto del ministro Zaldívar para los próximos tres años: una profunda reforma de todo el Poder Judicial.
No quiero decir con esto que el Poder Judicial ha quedado en manos del Ejecutivo.
Ésa es una visión reduccionista y falsa: el Poder Judicial sigue manteniendo márgenes amplios de autonomía e independencia que deben ser valorados y protegidos. Pero, como en todo máximo tribunal en el mundo, la composición del mismo varía de acuerdo a las olas políticas, a la coyuntura y a las normas que los regulan.
Trump ha logrado cambiar el equilibrio entre liberales y conservadores en la Corte Suprema de la Unión Americana (donde los cargos son vitalicios, o sea de por vida, salvo renuncia), porque hubo fallecimientos y renuncias que se lo permitieron, gozando, en la primera mitad de su mandato, de una amplia mayoría legislativa.
En el caso de México es distinto, porque los cargos no son a perpetuidad, pero la coyuntura le ha permitido a la administración de López Obrador realizar el cambio de tres ministros, que fueron elegidos por mayoría calificada en el Senado. Ninguno (Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos-Farjat) fue cuestionado por su capacidad y su legitimidad, pero sin duda el gobierno supo ejercer el poder para contribuir a que ocuparan esas posiciones.
El Consejo de la Judicatura muchas veces ignorado por la opinión pública, es el órgano que realmente mueve al Poder Judicial. Con la reciente designación de Bernardo Bátiz, se terminó de reconfigurar el Consejo y tanto el presidente Zaldívar como el presidente López Obrador tendrán en él un espacio institucional cercano y confiable a su administración y a su persona.
Zaldívar ha demostrado ser un poderoso presidente de la Suprema Corte y del Consejo. Ha sacado adelante todos los capítulos que se ha propuesto. Su sintonía con el presidente López Obrador es evidente, pero al mismo tiempo es un hombre que sabe manejarse con autonomía e independencia.
La combinación lo hace más que idóneo en esa responsabilidad para el momento que vive el país.
Pero ahora viene lo más difícil: hacer una reforma real, de fondo, en el Poder Judicial, que erradique la corrupción y el nepotismo, como se dijo, pero que también lo haga eficiente, rápido y cercano a las necesidades de la gente.
Es una tarea titánica.