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Opinión

Informe de gabinete y realidad social

La transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y el imperio de la ley son algunos de los principales componentes de los regímenes democráticos contemporáneos y son, además, derechos de todas y todos los ciudadanos

Deirdré Bazán Mayagoitia
Analista

domingo, 11 septiembre 2022 | 06:00

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La transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y el imperio de la ley son algunos de los principales componentes de los regímenes democráticos contemporáneos y son, además, derechos de todas y todos los ciudadanos.

De entre esos cuatro principios, probablemente sea la rendición de cuentas el que resulte más familiar, pues estamos habituados a que los titulares de los tres niveles de gobierno emitan sus informes y nos rindan cuentas por lo menos una vez por año.

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Recientemente, los formatos de esos informes -particularmente los del Poder Ejecutivo Federal y Estatal- han cambiado por practicidad, por necesidad política, o a fin de encuadrar en un enfoque más republicano. En el caso del Gobierno federal, además del “oficial”, el presidente Andrés Manuel López Obrador rinde informes varias veces al año y, en la práctica, las conferencias de prensa matutinas se han convertido en un ejercicio de rendición de cuentas diarias sobre la situación que guarda el país, sobre todo en los asuntos trascendentes en materia política, económica o social.  

¿Pero específicamente a qué nos referimos cuando hablamos de rendición de cuentas? El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), define el concepto como “el deber que tienen las instituciones públicas que administran recursos públicos, de informar, justificar y explicar, ante la autoridad y la ciudadanía, sus decisiones, funciones y el uso de los fondos asignados, así como los resultados obtenidos”.

De esa definición se desprende que la rendición de cuentas tiene diferentes mecanismos y dimensiones, por lo que en este texto nos referiremos exclusivamente a la denominada rendición de cuentas vertical, que es la que ocurre entre gobernantes y ciudadanos, en relación con las acciones de gobierno -políticas, planes, programas o proyectos- que están (o deberían estarlo) encaminados a transformar la realidad social.

Así, el pasado 1 de septiembre el presidente López Obrador entregó por escrito su Cuarto Informe de Gobierno al Congreso de la Unión, en cumplimiento al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ese mismo día lo presentó públicamente en una ceremonia en Palacio Nacional frente a autoridades de otros poderes, funcionarios e invitados especiales.

Por otro lado, el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar hizo lo propio el domingo 4 de septiembre, pues entregó su Primer Informe de Gobierno en la sesión solemne de Cabildo, y lo presentó públicamente en el Centro Cultural Paso del Norte, contando con la presencia de autoridades, personal del municipio y otros invitados. Destaca su reconocimiento explícito al letargo, rezago y estancamiento de la ciudad, así como a la complejidad que implicará la resolución de los problemas de inseguridad pública. 

En el caso del Gobierno estatal, la Constitución Política del Estado de Chihuahua asienta en su artículo 55 que el primer informe del titular del Poder Ejecutivo deberá comprender un período que vaya de la fecha en que proteste el cargo, al mes de diciembre del año siguiente a dicha toma de posesión. En virtud de ello, la gobernadora María Eugenia Campos Galván nos rendirá cuentas hasta principios del 2023; sin embargo, tomó la decisión de presentar junto a su equipo de trabajo lo que denominaron un “Primer Informe de Gabinete” que coincidió con su primer año de gobierno.

Ese ejercicio se desarrolló en formato televisivo y se transmitió por redes sociales, iniciando con un discurso pregrabado en el que la gobernadora utilizó frases que repite con frecuencia: encabeza un “gobierno auténticamente humanista”; hace lo posible por “evitar el dolor evitable”; está “orgullosa de los logros” y trabaja “sin descanso por mejorar la vida de todos.”

Posteriormente, el informe se estructuró por áreas de trabajo específicas, en las que tomaron la palabra diversos titulares de secretarías, direcciones y comisiones. En ese orden aparecieron el secretario de Hacienda; la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer; la coordinadora de Estancias Infantiles; el secretario de Coordinación de Gabinete; la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico; el titular de la Comisión Estatal de los Pueblos Indígenas; la secretaria de Cultura (que en realidad habló sobre turismo), el secretario de Seguridad Pública; el secretario general de Gobierno; el secretario de Educación y Deporte y, finalmente, el secretario de Salud.

De entre lo planteado por los funcionarios, particularmente llama la atención lo informado en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, pues contrasta con la realidad que vivimos y percibimos muchos ciudadanos. El secretario de Seguridad Pública -en nombre también del Fiscal General- resaltó la puesta en marcha de una estrategia integral centrada en la Plataforma Centinela, que “colocará al estado como punta de lanza a nivel internacional” y que estará conformada por un sistema de videovigilancia, arcos, filtros y un centro de mando con tecnología de punta, la famosa Torre Centinela, que será -según su dicho- un símbolo de un Chihuahua seguro y en paz. Ojalá que así sea.

Se presumió disminución de índices delictivos en Bocoyna y Cuauhtémoc, y se presentaron las siguientes cifras de reducción de delitos de alto impacto a nivel estatal: los homicidios disminuyeron un 25 por ciento; el robo de vehículo con violencia un 17 por ciento; el robo a casa habitación con violencia un 12 por ciento; un 56 por ciento en el delito de secuestro y un 25 por ciento en extorsión. Esos datos difieren ampliamente de la percepción ciudadana sobre el acontecer diario; no hubo palabras que refirieran los homicidios de los sacerdotes jesuitas en Cerocahui; a las víctimas de desplazamiento forzoso en Guadalupe y Calvo y otros municipios serranos; tampoco a las ejecuciones en las carreteras, en la capital, a los feminicidios, o sobre el jueves negro en Ciudad Juárez, que paralizó la actividad comercial, académica y social de la ciudad. El cierre de esa intervención fue “vamos por buen camino”.

Sin embargo, debemos reconocer que hay algunos avances, particularmente cuestiones administrativas y procedimentales, como lo que tiene que ver con el otorgamiento de plazas de base a las y los servidores públicos que están dentro del Sistema de carrera policial; es muy positiva también la puesta en marcha del proyecto de Justicia Digital y de igual forma lo es la transversalización de los procesos de certificación ciudadana a las instituciones policiales.

Quizá las autoridades estatales perciban otro Chihuahua; tal vez su realidad sea diferente a la nuestra, pero en todo caso son ellos quienes tendrían que hacer una reflexión profunda y honesta al respecto; sus informes de gobierno -o de gabinete en este caso- deberían ser en todos los casos congruentes y veraces, pues además de que es su obligación, en tiempos de la sociedad de la información y con la dinámica propia de las redes sociales no es posible ocultar los hechos y engañar a los ciudadanos.

Lo que requerimos los chihuahuenses no son discursos dulces o falaces, sino ejercicios de rendición de cuentas realistas y a la altura de las circunstancias en las que vivimos. Aspiramos a tener gobiernos que asuman los errores, enmienden el camino de ser necesario, y respondan a la importancia del encargo conferido, entendiendo y asumiendo la complejidad de gobernar en un estado con las características históricas, geográficas, demográficas, económicas, sociales, políticas, y, particularmente en materia de seguridad pública que tiene la entidad.

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