Opinión

Inaceptable, los 4 agricultores siguen detenidos

El tema revela la dimensión de la ineficacia del Gobierno federal y la tremenda insensibilidad con la que actúa

Luis Javier Valero Flores
Analista

domingo, 14 noviembre 2021 | 06:00

A lo largo de más de tres décadas de reflexionar en público en varios medios de comunicación, regresar a abordar un tema por demás relevante, que en la mayor parte de los casos es uno que toca fibras muy sensibles de la sociedad, siempre fue un ejercicio doloroso. El de hoy es aún mayor pues implica no solamente la tragedia familiar de cada una de las víctimas, sino, además, porque revela la dimensión de la ineficacia del Gobierno federal y, por si no fuera poco, la tremenda insensibilidad con la que actúa.

Estamos a unos cuantos días de que se cumpla un mes de la firma del acuerdo entre el Secretario de Gobernación y la gobernadora de Chihuahua, escrito así, sin detallar los nombres de los titulares de ambas instancias de Gobierno para enfatizar que se trata del compromiso de esas instituciones.

En el documento signado por ellos se establecía el respeto a las diversas dependencias e instancias involucradas en el proceso de liberación de los cuatro agricultores detenidos a causa del movimiento en defensa del agua de las presas del centro-sur de Chihuahua.

Muchos echamos las campanas al vuelo, pero a los más pesimistas el gozo les duró poco. Menos de 72 horas más tarde, el presidente López Obrador hizo que se prendieran las luces de alerta: el mandatario informó que desconocía los alcances del acuerdo y, palabras más o menos, mantuvo el discurso de los momentos más álgidos de la confrontación.

Y hay que decirlo expresamente: el enfrentamiento fue entre los usuarios de los distritos de riego –y muchos habitantes de la región– y el Gobierno federal, que echó mano de prácticamente todos sus recursos, incluido el uso de la fuerza pública a través de las fuerzas armadas, tanto de la Guardia Nacional como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Digámoslo claramente: el Gobierno federal fue derrotado en todos los frentes. La explicación es una sola: no tenía razón.

No le asistían ni la razón, ni la legalidad, ni la legitimidad en sus acciones contra los productores.

Cuando asentamos que usó todos sus recursos, no podemos dejar de lado que también apeló a las peores estratagemas del viejo régimen, incluido el espionaje, el amedrentamiento, la fabricación de cargos y hasta el extremo de incautar las cuentas bancarias personales de varios de los dirigentes y las del Gobierno municipal de Delicias.

En la ejecución de esa estrategia jugaron un papel determinante la exdirectora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la hoy embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez; el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía; el ahora extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto y, por supuesto, los mandos superiores de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, además del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

¡Todos!

La directora de Conagua mintió sobre el manejo del agua y las supuestas presiones de los agricultores de Tamaulipas y de Texas, así como la supuesta escasez de agua en las ciudades fronterizas tamaulipecas; Mejía armó expedientes al mejor estilo de la extinta Dirección Federal de Seguridad de Fernando Gutiérrez Barrios y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN); Nieto congeló las cuentas bancarias sin sustento legal alguno. Los mandos militares obedecieron sin chistar a las órdenes presidenciales sin oponerle la información que poseían, que desmentía la proporcionada por el subsecretario Mejía; y luego, al extender un manto de opacidad sobre las acciones militares que llevaron al asesinato de Jessica Silva, el atentado a Jaime Torres y la detención y fabricación de cargos a los tres agricultores de La Cruz, hechos en los que empataron sus acciones con las de la Fiscalía General de la República (FGR), que llegó al extremo de acusar a los agricultores de terroristas.

Faltaba, en ese concierto de acciones, la del Poder Judicial Federal, que ha hecho todo lo posible por alargar el proceso y no conceder, como es lo legal, que cursaran su proceso en libertad.

Lo pagaron caro. La mayoría del electorado de la región votó abrumadoramente en contra de los candidatos del partido del Gobierno federal, Morena, y contribuyeron decisivamente al triunfo de la candidata panista, Maru Campos. 

Fue la cereza en el pastel de los graves yerros presidenciales.

Todo eso pareció superarse con la firma del acuerdo del 22 de octubre, aunque algunos de los familiares de los detenidos expresaron su escepticismo.

Bastaba conque la Fiscalía General desistiera de los cargos en ambos procesos: el de Andrés Valles y el de los productores de La Cruz, Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez.

¿Porqué no lo hacen? ¿Qué espera el supuestamente autónomo Fiscal Gertz Manero? ¿Qué ganan con mantener en la cárcel a los cuatro productores? ¿Se pretende enconar a los agricultores y tener un motivo de confrontación con el Gobierno de Chihuahua?

¿Qué ocurrió en el lapso entre la firma del acuerdo y el día de hoy? ¿Cuáles fueron las acciones emprendidas por ambos gobiernos para liberar a los detenidos? ¿Con quién, de la FGR, se habló para la concreción de la liberación? ¿Qué dijo el juez federal acerca de la posibilidad de acortar los plazos, de acelerar –por lo menos– la fecha de la celebración de las audiencias?

¿Quién, del Gobierno federal, y del Gobierno estatal, se hizo cargo de esas muy delicadas gestiones, pero que debieran hacerse en virtud de la naturaleza del conflicto y de los acuerdos tomados?

¿O acaso estamos ante un proceso donde las instancias firmantes se conformaron con un acto político –muy importante, es cierto– pero en el que dejaron que los jueces y fiscales actuaran bajo su propio ritmo y voluntades?

¿O la descalificación presidencial surtió efectos y ahora esperaremos, tal y como sucedió en el caso de Andrés Valles, a que sean los recursos defensivos de los detenidos los que hagan valer sus derechos y logren –si acaso los jueces federales así lo consienten– cursar sus procesos en libertad?

Porque ésa es la paradoja en estos casos: que los familiares y apoyadores de los detenidos se conforman con que puedan seguir sus procesos en libertad en lugar de exigir –porque eso es lo legal– la inmediata liberación.

Se entiende tal conducta ante la situación de enfrentar el peso del Estado mexicano, empeñado en hacerles pagar la afrenta de no acatar sus directrices, acuerdos y decisiones.

Por ello, debiera el conjunto de la sociedad chihuahuense exigir la inmediata liberación de los cuatro agricultores cuya única falta fue la de defender –al igual que otros miles de chihuahuenses– los recursos que les pertenecen, necesarios para darle sustentabilidad a toda una región que vive, prácticamente, de ellos.

Más aún, ¿qué esperan las instancias del Gobierno federal para acudir en auxilio de las familias de los detenidos? ¿Les falta la información de las malas condiciones en que viven sus familias? ¿Por qué no ayudarlas?

López Obrador no puede esconderse en un supuesto y falso papel de respeto a las instancias judiciales y prejudiciales. 

Por supuesto que puede hablarle al presidente de la Corte y, sin ordenarle, sin presionarlo, hacerle ver que en el caso de los agricultores hay evidentes errores de procedimiento (como el de acusar a los productores de La Cruz de ¡Acopio y posesión de cartuchos –delito no existente–, así como uniformes de uso exclusivo de las fuerzas armadas!) y de insensibilidad extrema en un caso que no reviste mayor importancia judicial y sí una mayor de carácter social.

Y en el de Valles está peor el asunto. No hay una sola evidencia que muestre que el dirigente agricultor cometió ilícito alguno, por más que le traten de achacar el de incitación a la violencia.

Claramente lo dijo en el video que circuló profusamente: “al momento en que yo diga ¡Fuego! Entonces, ¡Fuego!”.

¿Dónde están las pruebas que demuestren que Valles dio la orden de prender fuego a las instalaciones incendiadas en Delicias? ¿Dónde están los activistas que recibieron sus indicaciones?

No hay, ésas fueron las expresiones de un respetado y mesurado dirigente de los agricultores, lanzadas en medio de un áspero conflicto y de una tremenda indignación popular.

Del mismo modo ¿Cómo acusar a los productores de La Cruz de delitos que, en todo caso, son culpables miles de chihuahuenses de aquella región?

No, el presidente López Obrador debe actuar de muy distinta manera y ordenar –como lo quiera hacer– la liberación de los cuatro de Chihuahua.

Tiene una enorme deuda social con los chihuahuenses. 

Ojalá alguien se lo haga notar.

close
search