Opinión

Ilegalidad, corrupción e impunidad

Feminicidios y homicidios, corrupción e impunidad, son expresión de las anomalías y vicios prevalecientes en la procuración de justicia en México y particularmente en nuestro estado

Sergio Pacheco González
Analista

martes, 17 noviembre 2020 | 06:00

Feminicidios y homicidios, corrupción e impunidad, son expresión de las anomalías y vicios prevalecientes en la procuración de justicia en México y particularmente en nuestro estado. Entendida “como la actividad que realiza el estado para garantizar el cumplimiento del marco legal y el respeto a los derechos de los ciudadanos mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal” (https://www.qroo.gob.mx/eje-2-gobernabilidad-seguridad-y-estado-de-derecho/procuracion-de-justicia#), su concreción, en este espacio tiempo de las violencias en que se ha convertido el municipio, el estado y el país, es medible y verificable.

Las estadísticas son apabullantes. Y lo que se devela de a poco, es más terrible aún, si se puede superar la primera estupefacción.

Que el porcentaje de delitos no denunciados, la llamada cifra negra, esté tan cercana al 100 por ciento en los tres niveles de gobierno, es tan solo un indicador más de la situación que predomina. Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2019), solo se denunciaron en 2018 a nivel nacional 10.6 por ciento de los delitos, en la Ciudad de México, 9.1 por ciento y 12.8 por ciento en Chihuahua.

El registro histórico de fosas clandestinas en el territorio nacional que da a conocer la Secretaría de Gobernación, indica que, de 2006 al 30 de septiembre de 2020, se han localizado cuatro mil 92 fosas, con seis mil 900 cuerpos exhumados. Del total de fosas, 30.7 por ciento corresponden a mil 257 de ellas, ubicadas del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre del año en curso en 717 sitios. En ellas se recuperaron mil 957 cuerpos, de los que 41.18 por ciento fueron identificados, entregando 449 cuerpos a sus familiares (22.94 por ciento).

En estos dos últimos años, Chihuahua no forma parte de las cinco principales entidades donde estos hechos se materializan. En el período previo sí, como la entidad que ocupaba el cuarto sitio por el número de cuerpos exhumados con 8.62 por ciento, mientras que el Municipio de Juárez ocupa el décimo lugar con 30 fosas y 28 cuerpos, 2.42 y 1.51 por ciento, respectivamente, del total nacional entre 2018 y 2020. Como lo indica el hallazgo reciente en el Ejido Guadalupe Victoria, la dimensión que alcanza este conjunto de delitos es aún desconocida.

Un problema mayor aún se relaciona con la corrupción y la impunidad. Como indica el Manual sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, entre las figuras que tipifican la corrupción se encuentran el encubrimiento, pues será responsable de este la servidora o el servidor público que “en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento”.

Lo es también, la obstrucción de la justicia. Esta tiene lugar “cuando las servidoras o los servidores públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución de las faltas administrativas” simulen conductas no graves cuando los actos y omisiones lo son, cuando no den curso al procedimiento debido de cualquier conducta vinculada a una falta administrativa grave y/o “revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido”.

Entre los delitos que se vinculan a estas conductas se encuentran, por ejemplo, la desaparición forzada de personas o el cohecho.

De esta manera, la omisión y los actos indebidos dan sustento a la corrupción. En la primera, se puede hacer referencia al no ejercicio de las labores de investigación, al evitar dar seguimiento a una denuncia o cerrar un expediente sin concluir con la investigación debida. Corresponde también, a la carencia de labores de prevención, a la descoordinación entre niveles de autoridad, al descuido en el tratamiento de los escenarios de los hechos. Los segundos, con la intimidación o la llamada fabricación de chivos expiatorios.

Esta cadena de yerros prohíja la impunidad. Como describe Iván García Gárate: “La impunidad es un vacío en el sistema de justicia. En su expresión más elemental significa la inexistencia de responsabilidades, escaparse de la acción de la justicia. En el fondo, la impunidad es la ausencia del Estado en su función punitiva, producto de una crisis de legalidad y de la pérdida ‘del valor vinculante asociado a las reglas por los titulares de los poderes públicos’”. (https://www.corteidh.or.cr/tablas/r27471.pdf)

El documental Las tres muertes de Marisela Escobedo expresa mucho más de lo que aquí se puede describir.

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