Opinión

Ignorancia, perversidad y resentimiento

Con el auto de vinculación a proceso dictado a Maru Campos y coimputados, se desencadenó un linchamiento mediático propiciado por políticos sedientos de protagonismo

Héctor García Aguirre

martes, 06 abril 2021 | 06:00

“La presunción de inocencia no sólo es una garantía de libertad y de verdad, sino también una garantía de seguridad o, si se quiere, de defensa social.” Luigi Ferrajoli, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal.

Con el auto de vinculación a proceso dictado a Maru Campos y coimputados, se desencadenó un linchamiento mediático propiciado por políticos sedientos de protagonismo.

En el caso de Juan Carlos de la Rosa y Mario Delgado, lo hicieron por ignorancia de los derechos fundamentales que les asisten a los justiciables. Son políticos que carecen de una preparación jurídica, no distinguen entre un imputado y un sentenciado, entre un auto de vinculación a proceso y una sentencia firme, luego entonces, no nos debe extrañar que se pronuncien con tanta ligereza de un tema que obviamente desconocen.

El caso del abogado Óscar Castrejón (que todo indica que no domina el proceso penal acusatorio ni litiga en él) es diferente, pero se supone que cuenta con una preparación jurídica que le hace sabedor de los derechos fundamentales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y aun así los desdeña, por lo que evidentemente, su punto de vista sobre la situación de Maru Campos es por perversidad, movido por un interés netamente político que cree le pueda redituar votos al partido que representa.

Descubramos el hilo negro: Gustavo Madero lo hizo por resentimiento.

A Maru Campos, aunque no les guste a sus críticos, le asiste el derecho fundamental de presunción de inocencia, pero al desdeñar ese derecho por quienes aspiran a ocupar cargos públicos, están enviando un mensaje muy claro a la ciudadanía en el caso que llegaran a gobernar: lo harán al margen de la ley, pues no les interesa el derecho.

Me parece que ante la evidente ignorancia, perversidad y resentimiento, a todas luces vistos, es oportuno citar en forma breve en qué consiste el derecho fundamental de presunción de inocencia. 

El artículo 20 apartado A fracción I de la Constitución General de la República establece que todo imputado tiene derecho “A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.” 

La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.” 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tesis de  jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a.) sostiene que “…la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria.” 

La observación general 32.IV.30 del Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece la presunción de inocencia bajo tres dimensiones: 1. Derecho humano de las personas a la presunción de inocencia, siempre y cuando no se demuestre lo contrario. 2. Impone la carga de la prueba al acusador; y 3. Garantizar que no se presuma la culpabilidad a menos que se haya demostrado la acusación, fuera de toda duda razonable, es decir, que el acusado tenga el beneficio de la duda. 

Por su parte el constitucionalista Miguel Carbonell Sánchez señala que “La presunción de inocencia significa, para decirlo de forma sintética, que toda persona debe tenerse por inocente hasta que exista una sentencia firme de autoridad competente en la que se le considere responsable de la comisión de un delito.”

Otra cuestión que deben saber los censores de Maru Campos es que el auto de vinculación a proceso es diferente sustancialmente de una sentencia condenatoria firme, entre ambas resoluciones media un plazo de investigación formalizada, audiencia intermedia, juicio oral, recurso de apelación (en el CNPP) o casación (CPPECH), juicio de amparo directo y eventualmente también la atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

Un auto de vinculación a proceso no prejuzga sobre la culpabilidad de un imputado, simplemente lo sitúa en la probabilidad de haber cometido o participado en la comisión de un hecho que la ley señala como delito, en tal virtud, resultan desafortunadas, desinformadas y mal intencionadas las expresiones de los políticos en campaña que pretenden confundir a la ciudadanía y atraer, con falacias, votos a su causa. 

No cabe duda que los opositores de Maru Campos son presas del oportunismo político, puesto que al no contar con las simpatías de la gente de Chihuahua, optan por desacreditar y tratar de descarrilar a quien lleva la delantera en las preferencias electorales….y eso cala…y cala hondo.

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