Ignominia legislativa

El primero de septiembre pasado presenté una petición a la diputada Blanca Gámez para “que en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, autorice y expida el formato oficial de apoyo ciudadano que sea utilizado en los instrumentos de participación ciudadana de iniciativa popular”.

Lo anterior, para efecto de presentar una iniciativa popular, “tendiente a reformar los artículos 27-bis y 40 de la Constitución local, con el propósito de reducir el financiamiento público a los partidos políticos y el número de los integrantes de la Legislatura, a 25 diputados”. La petición se sustentó en las consideraciones siguientes:

PRIMERA.- El Art. 1 de la Ley de Participación Ciudadana (LEY) plasma el derecho humano a la participación de los ciudadanos chihuahuenses.

SEGUNDA.- El Art. 181 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPL) establece que las iniciativas ciudadanas deberán ser presentadas ante la Oficialía de Partes del Congreso.

TERCERA.- La LOPL es totalmente omisa en cuanto a precisar cuál es el órgano interno del Congreso que autoriza el formato de recolección de apoyo ciudadano a que hace referencia el Art. 22 de la LEY. 

CUARTA.- La LOPL establece que corresponde a la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos el despacho de los asuntos legales del Congreso en sus aspectos jurídicos, consultivos, administrativos y contenciosos.

La respuesta de Blanca fue en el sentido de que la LOPL no concede “facultad alguna para que la Presidencia del Congreso autorice y/o emita formato alguno para su presentación… en conclusión, no es posible acceder a su petición, pues este Poder Legislativo no es el ente facultado para autorizar o emitir formato alguno para presentar iniciativas ciudadanas….”

Ante semejante respuesta, volví a presentar una petición para que se me diera a conocer “cuál es el órgano interno competente para aprobar el formato oficial de las iniciativas ciudadanas. Respuesta que deberá estar debidamente fundada y motivada”.

A esta segunda petición, la respuesta de Blanca fue que “se reitera lo expresado en otras ocasiones en el sentido que en los términos de la LEY, es el IEE el ente público facultado para implementar los instrumentos de participación ciudadana y orientar a quien lo solicite, para que cumplan los requisitos de la solicitud”.

Porque, según la diputada presidenta “una vez que se ha presentado la solicitud y si ésta cumple los requisitos, el referido ente público (IEE) extenderá constancia de ello y entregará el formato para recabar firmas de respaldo, donde se colige que ya cuando se presente la iniciativa ciudadana ante el Congreso, éste iniciará el procedimiento legislativo correspondiente…”

Quisiera pensar, dado el respeto y aprecio que tengo a Blanca, que sus asesores desconocen por completo la diferencia del trámite en el referéndum, el plebiscito y las iniciativas ciudadanas; y que fueron ellos los que redactaron las repuestas a mis peticiones. Ignoro si el Lic. Enrique Acosta, titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos, tuvo conocimiento de esas respuestas.

Ahora bien, hasta el bolero del Congreso sabe que el trámite de las iniciativas ciudadanas se realiza, excesivamente, en el ámbito del Poder Legislativo. Y que el INE se limita a validar las firmas de apoyo, cuando aquellas ya han sido presentadas ante el Congreso.

Hace unos años, fueron presentadas sendas iniciativas ciudadanas. En aquella ocasión, el extitular de la Secretaría de Asuntos Legislativos, el Lic. Jorge Neaves, fue quien autorizó los formatos de apoyo con el afán de impulsar la participación de la ciudadanía, cuando ésta ni siquiera estaba plasmada como un derecho humano de los chihuahuenses.

Yo me pregunto: ¿La pésima redacción de la Ley de Participación Ciudadana es una causal que imposibilita la presentación de cualquier iniciativa ciudadana? ¿Qué dirán los diputados: que es necesario reformar la LEY, para poder presentar iniciativas ciudadanas? ¡Inaudito…!