Opinión

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Hectárea y media vale más que unos árboles

En ese contexto de transición del poder público y circunstancias del sector industrial, ha generado controversia precisamente una empresa, Flex, que ha solicitado el cambio de uso de suelo en hectárea y media de terrenos federales

LA COLUMNA
de El Diario

viernes, 09 julio 2021 | 06:00

• Hectárea y media vale más que unos árboles

• Maru con Monreal, tejiendo las nuevas alianzas

• Provoca ataque de risa al IMSS

• Viene otra veda de dos semanas

En ese contexto de transición del poder público y circunstancias del sector industrial, “motor” de la economía local con su medio millón de empleos directos e indirectos, ha generado controversia precisamente una empresa, Flex, que ha solicitado el cambio de uso de suelo en hectárea y media de terrenos federales (Comisión Internacional de Límites y Aguas) para convertirlo en estacionamiento. No en escuela, parque, dispensario médico público, caseta de policía... No, en estacionamiento.

El terreno está rentado por CILA a la empresa particular, pero forma parte de El Chamizal. Es terreno de los juarenses, ubicado a unos metros del puente de la Pérez Serna.

El cambio de uso de suelo está aprobado desde el punto de vista del regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Juan Ubaldo Solís, e impulsado sin freno por la también regidora Margarita Peña, pero la propia comisión lo votó en contra, y por lo tanto, tampoco ha tenido el visto bueno de la última instancia, el Cabildo.

La empresa cabildea intensamente la gestión, esta semana inclusive tuvieron sus directivos comida con varios regidores y funcionarios municipales en el restaurante Luperca.

Harán lo posible por conseguir el permiso antes que concluya la actual administración municipal porque en la siguiente deberán meter pavimento, banquetas etc. Si es antes, ojalá le quede a Juárez mucho más que los árboles prometidos por Margarita Peña, que ni le costarán porque son del vivero municipal.

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La gobernadora electa de Chihuahua, Maru Campos, sigue tejiendo fino en la Ciudad de México. La reunión que ayer sostuvo con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el morenista Ricardo Monreal, es, sin duda, un paso más en esta red de alianzas que requerirá para hacer frente a los retos que implicará recibir un estado devastado por el pésimo régimen de su predecesor Javier Corral.

Maru ha dejado muy claro a sus colaboradores que, para gobernar un estado como Chihuahua, requiere de todos, y no escatimará en sentarse a dialogar con quien quiera sumar para construir.

En sus redes sociales, palabras más o menos, la gobernadora manifestó que más allá de las diferencias de signos políticos, se encuentra en un proceso de buscar puntos de encuentro y acuerdo que le abonen en bien de las y los chihuahuenses.

Sin duda, un mensaje muy lejano y totalmente contrastante con la actitud de confrontación e inmadurez política que el aún titular del Ejecutivo ha exhibido durante su mandato y con mayor fuerza en la última semana, donde un día sí y el otro también pone piedras a la transición en el estado, actitud a la cual la gobernadora ha respondido construyendo puentes y alianzas de largo alcance.

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De plano miente o no sabe de lo que habla Javier Corral. Lo que sí es que con sus dichos del pasado lunes, de gira por Juárez, casi mata de la risa a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El gobernador presumió que tras la visita del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y a la luz de su nueva relación con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se habrían de terminar los hospitales que tienen años en el abandono en la frontera, el de Especialidades y de Oncología.

Es la misma promesa de siempre que ha repetido hasta el cansancio sin mover una piedra de los viejos edificios abandonados.

Pero remató con que “el Gobierno del Estado está en proceso de determinar el valor del terreno en que se ubica la obra negra de ambos edificios, para que sea susceptible de reembolso por parte del Gobierno de la República...”.

Según él, esto sería parte de los apoyos económicos extraordinarios que ofreció el presidente a Chihuahua para el cierre de la desastrosa administración estatal.

Lo que dicen en las oficinas centrales de ambas instancias federales es que Corral está locuaz o se hace, porque el terreno por el que supuestamente va a tener un reembolso siempre ha sido federal. Se entregó al estado un tiempo, pero se debió regresar por no concluir obras proyectadas.

O sea que jamás ha sido propiedad estatal como para que ahora lo quiera cobrar y monetizar, como anunció el mandatario.

Jurídicamente el inmueble ha sido de la Dirección General del Patrimonio Federal, del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Hacienda) y del IMSS, así que no hay cuentas pendientes con el Gobierno estatal. Menos con el de Corral, que nomás se cruzó de brazos mientras se abandonaba la obra negra.

O sea que si espera un reembolso en base a mentiras o a un rollo que se echó con Arturo Herrera, mejor que lo espere sentado.

La realidad es que a nivel federal no le tienen confianza a Corral ni para mandarlo por unas cocas a la tienda, menos como para entregarle un cheque por un terreno con el que, según sus declaraciones, parece que quiere hacer un fraude vendiendo algo que no es suyo.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) se ha dado a la tarea de notificar la nueva veda de dos semanas, del 15 de julio al primero de agosto, con motivo de la consulta popular para enjuiciar o no a los expresidentes de México.

Al gobierno del estado y a todos los ayuntamientos se les pasó pedir excepciones en cuanto a sus campañas publicitarias y de comunicación social, por lo que, igual que en período de campaña electoral, deberán quedarse calladitos todos.

Para la primera consulta popular se habrán de instalar en Chihuahua mil 751 casillas o mesas receptoras de votos, las cuales deberán ser cubiertas con un presidente, un secretario, escrutador y dos suplentes, proceso que sigue en marcha a todo vapor.

Por las dimensiones del proceso se ve difícil que salga a votar siquiera el 30 por ciento del listado nominal, menos la cantidad total de electores que participaron en la jornada del domingo seis de junio, por lo que apunta a quedarse como mero ejercicio anecdótico.

Será histórico si salen a votar cuando menos los votos suficientes para que sea vinculante (el 40 por ciento de la lista nominal, o sea 37 millones de electores), lo que al menos en el norte se antoja imposible.

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