Opinión

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Hay lista negra de los vendidos a Palacio

Ahí van los nombres de quienes desde el Poder Judicial y otras instancias se vendieron al Palacio de Gobierno para procesar a decenas de detenidos vinculados al sexenio de César Duarte

LA COLUMNA
de El Diario

lunes, 30 agosto 2021 | 06:00

• Hay lista negra de los vendidos a Palacio

• Protesta, cumpleaños y el Grito de Maru

• Dos meses de gracia a renta de patrullas

• Sobrecargan la última sesión del Congreso

Un escueto reporte circula entre los abogados que dan seguimiento al proceso de transición estatal en materia de justicia y seguridad.

Ahí van los nombres de quienes desde el Poder Judicial y otras instancias se vendieron al Palacio de Gobierno para procesar a decenas de detenidos vinculados al sexenio de César Duarte.

Son 30 los identificados como operadores de los expedientes que instruyó Javier Corral. La orden bajó a jefe de ministerios públicos y jueces de una tan fallida como cacareada “Operación Justicia”.

De la Fiscalía General del Estado aparecen los nombres de Francisco “Paquito” González Arredondo, a quien hicieron fiscal de Atención a Víctimas después de que montara y articulara la mayoría de las acusaciones, muchas de las cuales se fueron diluyendo por falta de pruebas y excesos ministeriales.

Aparecen también Javier Flores Romero, quien pasó del MP a ser juez, y Elisa Peña, también pagada con cargo en la estructura judicial; asimismo van enlistados un montón de subordinados de González, como Beatriz Aréchiga, Lluvia Torres, Roberto López, Renata Muñoz, Ricardo Martínez y otros.

Del Poder Judicial son señalados Óscar Jasso, secretario adscrito a la Presidencia y también secretario del Consejo de la Judicatura, como cabeza de la estructura plegada a Palacio, junto con los magistrados Juan Carlos Carrasco y Juan Rodríguez Zubiate.

También de la estructura judicial figuran los jueces Napoleón Raya, Alexis Ornelas, Karla Otero, Guadalupe Hernández, Alejandra Ramos, Martha Holguín, Octavio Rodríguez Gaytán, Delia Valentina Jiménez, Luis Flores y Octavio Legarda, ahora magistrado.

En el caso del Ejecutivo, son obvias las apariciones en la lista negra del exconsejero jurídico Maclovio Murillo y su aprendiz Pedro Oliva, así como del actual titular de la oficina, Jorge Espinoza.

De la Secretaría de Hacienda son señaladas Mónica Ferreiro y Viridiana Molina, ambas de la Dirección Jurídica que actuaban en representación de la dependencia para validar hechos reales o ficticios contra los acusados.

Hasta ahí la lista negra que corre entre los especialistas del Derecho, con todas las consecuencias que implica una lista negra.

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Más apretada no podría estar estos días la agenda personal y laboral de la gobernadora electa Maru Campos. Asumirá la primera magistratura dentro de unos días con el acelerador hasta el fondo.

La transición está prácticamente superada en estos primeros días de septiembre que vienen. En esta labor las resistencias estatales y la simulación son tales que la verdadera entrega-recepción será hasta que arranque el nuevo gobierno.

La verdad, la transición ha resultado mera faramalla. No han entregado los secretarios salientes ni lo fundamental.

Se han limitado a dar informes superficiales y a llenar formatos burocráticos, pero no han avanzado en soltar las riendas de la administración. Menos en explicar de dónde se pueden sacar recursos para el arranque.

Por eso será un septiembre intenso a partir del día ocho, cuando Campos Galván rendirá protesta formal al cargo de gobernadora.

Entre las fechas a cuadrar para que haga presencia la gobernadora e inaugure su estilo están las tomas de protesta de los alcaldes de los principales municipios, sobre todo el juarense Cruz Pérez Cuéllar y el capitalino Marco Bonilla.

Inmediatamente después viene, el 11 de septiembre, el cumpleaños número 46 de Maru, que algunos le piden festejar a lo grande por razones más que obvias, aunque es de suponerse que ella optará por algo discreto, mesurado, prudente y reducido a familia e íntimos amigos. Así lo aconsejan las circunstancias.

Después viene una prueba de ácido, el Grito de Independencia la noche del 15, que será el primero de su sexenio; hasta el momento no se ha determinado el tipo de espectáculo y festejo que se tendrá, tanto dentro como fuera del Palacio de Gobierno. Será, pues, un arranque intenso y agitado.

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Con muchas reservas aceptó el encargado de la entrega-recepción de la Fiscalía del Estado, Roberto Fierro Duarte, la extensión de dos meses al contrato de renta de más de 600 patrullas estatales con dos empresas automotrices foráneas.

Fue así como se desactivó un problema que hasta la semana pasada estaba latente, el que las patrullas que usan tanto la Policía Ministerial como la Comisión Estatal de Seguridad, fueran paralizadas el último día de agosto.

El “leasing” estará a prueba durante 60 días más, los meses de septiembre y octubre, es decir, el arranque de la administración de Maru Campos, sin que ello sea garantía de una extensión hasta el fin de año o un período más largo.

El servicio de las unidades no complace del todo al equipo de transición, por el modelo de las patrullas y hasta la forma de presionar de las empresas, que se valieron de relaciones con el fiscal, César Peniche, y el secretario de Seguridad, Emilio García Ruiz, para los contratos.

Pero no había de otra más que negociar una extensión por alrededor de 30 millones de pesos. Era eso o quedarse sin las patrullas rentadas, con el riesgo de mayores problemas en el de por sí conflictivo renglón de la seguridad.

El modelo de arrendamiento financiero, sin embargo, sí parece ser una buena opción en vez de comprar y comprar patrullas. También apunta a ser una tendencia en la administración pública, pero se pondrían a competir a más empresas a ver cuál ofrece las mejores condiciones.

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Lo que no sacaron en año y medio de parálisis, los diputados locales van a tratar de sacarlo en el período extraordinario que ya quedó en firme para hoy, a unas horas de terminar la Legislatura actual y comenzar la siguiente.

En una veintena de asuntos enlistados en la convocatoria que lanzó la diputada presidenta, Blanca Gámez, sobresalen los dictámenes para la asignación de escoltas a Javier Corral y los suyos una vez que dejen sus cargos, así como los relacionados a iniciativas de la gobernadora electa, Maru Campos.

El 90 por ciento de los temas que se colaron al orden del día van planchados o son de los que no requieren mucha operación más allá del mero trámite.

Pero será la reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que prevé dejar en manos de la Fiscalía del Estado si otorga o no escoltas a exgobernadores, secretarios y fiscal, la que sacará chispas porque sus alcances no han quedado claros ni para los diputados.

El punto será el que alargue la sesión con la que se despiden los legisladores, quienes la mitad de la Legislatura actual la pasaron casi sin acudir a la sede del Congreso.

Otros temas trascendentales serán las dos reformas que ha enviado Maru para la reingeniería de la administración estatal con modificaciones en secretarías.

También quedó en lista la aprobación de deuda para los 67 municipios del estado porque no van a tener dinero para cerrar el año, lo que evidenciará que la mayoría de los alcaldes de la entidad actuaron de forma irresponsable en la planeación del final de su gestión.

En ese paquete de irresponsables entran todos, salvo los de Chihuahua y Juárez, según los legisladores que dictaminaron la propuesta para el endeudamiento municipal; por ello en este caso también habrá consenso, dado que todos los ayuntamientos andan por las mismas, sin recursos. 

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