Golpean transa y recuperan logo Tarahumara

-Golpean transa y recuperan logo Tarahumara

-Tres meses más para “chuecos”… y así hasta 2024

-Echan montón al magistrado judicial

-Usan gafetes en robo de carros yonqueados

Todo indicaba que el “crimen” contra el logotipo Tarahumara del Club Campestre quedaría impune, pero al fin llegó el chanclazo contra quienes orquestaron el intento de despojo, encabezados por el expresidente del propio club, Marko Otero.

El pasado fin de semana hizo circular un memo el actual presidente del Campestre, el doctor Hugo Gerardo Venzor Crabtree, con el feliz anuncio, esperado por la mayoría de los socios que reclamaron en asamblea su logotipo original.

Dice el texto que vale la pena citarlo tal y como es:

“Estimados asociados: con gran beneplácito les informamos que una vez agotados los procedimientos legales ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ha quedado debidamente registrado el logo del Tarahumara de nuestro Club, en diversas clasificaciones, mismas que se anexan a este comunicado para mayor entendimiento, que incluso pueden ser consultadas en el portal de dicho instituto... Seguiremos trabajando en beneficio de nuestro club”.

El tradicional logo Tarahumara fue retirado desde el 2020 sin consultar a la asamblea del Campestre. Hubo una transa evidente y en despoblado. Fue quitado el logo, pero pagado cerca de un millón de pesos a una empresa publicitaria de dos con apellido Fuentes para colocar un nuevo.

La transa fue doble: los Fuentes se apropiaron del antiguo logo y también se quedaron con un billetito por la nueva identidad del Campestre. Todo dirigido por Otero.

Una vez recuperado al Tarahumara, “tras ser agotados los procedimientos legales”, ahora sigue el retiro del clasista, discriminatorio, logo que sustituyó al anterior y colocado nuevamente también en su papelería oficial.

Buena recapacitada y acción de Hugo Venzor hijo, pero sin duda el aplauso mayor es para la mayoría de socios del Campestre que están dejando claro que son ellos los que mandan y nadie más. Han sido liderados en esta causa por el empresario Sergio Bermúdez Espinoza.

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Justo como en ocasiones anteriores, entre los importadores de vehículos, agencias aduanales y organizaciones “pafas” que están metidas en el negocio de los autos “chuecos”, comienza a circular la versión de que el programa de regularización tendrá otra extensión de tres meses.

La administración de Andrés Manuel López Obrador ha dado muy pocos millones a 14 estados del país y a una docena de municipios de Chihuahua, que los alcaldes reciben gustosos para pavimentar las deterioradas calles de casi todas las poblaciones urbanas.

Ese ha sido el distractor suficiente, a través del Registro Público Vehicular, para que los gobiernos locales ni ruido hagan con el programa que facilita la importación legal de los autos “chuecos”, con beneficios directos para unos y perjuicios a la industria automotriz nacional.

Mientras el Gobierno federal sigue con el proceso de regularización, la recaudación va para los municipios de los estados con mayor presencia de unidades internadas ilegalmente al país.

En el proceso, además, ganan los propietarios de dichas unidades, pero también agencias aduanales, “coyotes” y organizaciones de las que abanderan la llamada lucha por el “patrimonio familiar”, o sea las “pafas”, que también arman sus combos para regularizar y dotar de engomados provisionales.

Hasta ahí todo parece bien para la mayoría de los involucrados, pero no para quienes producen y comercializan unidades en el mercado nacional, que han reportado caídas de hasta 20 por ciento en el segmento de los usados y hasta del 13 por ciento en el segmento de los nuevos.

Dicho proceso -que comenzó hace casi un año, terminaría en diciembre de 2022, luego se extendió a marzo de 2023 y tuvo una extensión a junio- ahora se encuentra entre versiones de una nueva ampliación de tres meses, a petición de todos los involucrados.

El rumorcillo echado a correr, igual que en ocasiones pasadas, puede servir de pretexto ideal para la extensión de la vigencia a septiembre de 2023, luego a diciembre y así hasta las elecciones de 2024, pues lo que municipios y estado no han detectado, es el carácter electoral de la regularización.

En cada trámite, la 4T no sólo tiene el agradecimiento del ciudadano, importador o intermediario que sale con ganancias de la regularización, sino todos sus datos personales que son valiosísimos a la hora de las campañas.

Así, el Gobierno federal está comprando unas 215 mil lealtades de los que tienen “chuecos”, cobrándoles además dos mil 500 pesos a cada persona que regulariza, para entregarle a Chihuahua unos 500 millones de pesos a cambio, con lo que mantiene quietecitos a los gobiernos estatal y municipales. Baratísimo.

Además, la estrategia se multiplica en Baja California, Tamaulipas, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Michoacán, Durango, Sinaloa, Baja California Sur, Nayarit, Nuevo León, Jalisco y Puebla.

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El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es el pretexto, pero en el fondo son los problemas políticos internos sin superar los que tienen como polvorín al Tribunal Superior de Justicia del Estado, por primera vez presidido por una mujer, la magistrada Myriam Hernández.

El hecho de que sea mujer la cabeza del Poder Judicial no es mero adorno para estos tiempos de equidad, sino una realidad que para algunos juega en contra.

Desde hace un par de meses, la causa que encabeza una jueza de lo familiar del Distrito Judicial Morelos, Sabela Patricia Asiain, contra el magistrado consejero de la Judicatura del Estado, Luis Villegas Montes, resurgió de nuevo con restricciones y medidas cautelares hacia él, ocasionándole cierta marginación de la cúpula de las decisiones.

De manera simultánea, la jueza consolidó su participación en el análisis y construcción del nuevo código recién expedido por el Legislativo federal, del que Chihuahua será punta de lanza en el periodo multianual acordado para ser implementado en todo el país.

Los amarres para apuntalar el nuevo código desde la entidad llevan el visto bueno de la magistrada presidenta y obviamente también deben contar con el aval de Palacio de Gobierno.

No obstante, el magistrado Villegas, con amplia influencia dentro y fuera del Consejo de la Judicatura, está en contra del código aprobado a nivel nacional por múltiples huecos y ambigüedades que varios le han criticado a la norma que homologaría el tratamiento a los casos civiles y familiares, de forma similar a lo que hizo el código en materia penal. Esto es incuestionable.

La crítica sistemática al acuerdo judicial para consolidar dicha norma, que cuenta con un plazo de varios años para adoptarse por todos los estados del país, ha sido el pretexto ideal para marginar a Villegas por parte de las mujeres.

La batalla apunta a extenderse hasta el periodo de elección de presidente o presidenta del Tribunal Superior, que debe realizarse en octubre próximo, cuando concluye el interinato de Hernández, quien tiene además la posibilidad de buscar la reelección.

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Vestidos hasta con traje, con gafetes falsos y papelería que simula ser oficial, al menos un par de estafadores que dicen ser inspectores municipales han robado vehículos “yonqueados” en la vía pública, pues engañan a los propietarios diciéndoles que se trata de multas gubernamentales.

Hace unos días, el mismo titular de Limpia de Servicios Públicos, Gibrán Solís, alertó por la presencia detectada de sujetos que hasta con grúa se llevaban de la calle autos en señal de abandono, diciéndoles a los dueños y vecinos que los recogían por daños a la imagen urbana y que podían reclamarlos en corralones oficiales.

Pues el mismo modus operandi, con sujetos bien vestidos y que entregan supuestas multas o notificaciones, ha sido detectado en colonias donde hay predios con basura o vehículos con apariencia de estar abandonados, pero que son propiedad legítima de alguien.

Esos inspectores son obviamente falsos, pero dentro de Servicios Públicos y otras áreas del Municipio, hay sospechas de que pueden actuar de forma impune gracias a que tienen información real. O sea, no se inventan del todo los procedimientos para actuar contra ciudadanos, pero lo hacen al margen de la ley.

Ello implicaría fugas o filtraciones de información oficial, de lo que podría haber responsables a nivel operativo en alguna o algunas dependencias, pues es el personal que sí labora en áreas gubernamentales el que tiene acceso a datos que les sirvan a los estafadores en su labor.

Eso hace obligatorio más trabajo para echarles el guante a quienes lucran con la gente que, por necesidad y falta de recursos, tiene vehículos descompuestos “tirados” en la vía pública.