Opinión
OPINIÓN

Golpean con ceses la traición y la deslealtad

Pretendieron jugar felices en el bando cabadista y al mismo tiempo con 'El Güerito' Martínez o con 'Super Mocken'

LA COLUMNA
de El Diario

lunes, 26 abril 2021 | 06:00

• Golpean con ceses la traición y la deslealtad

• Marcha contra el 'narcogobierno terrorista'

• Adelgazar Pensiones con los incumplidos

• Comenzará “El Güerito” con deslinde y propuesta

Desde que inició a mediados de abril Armando Cabada su licencia para ir en busca de una diputación federal, apoyar a Juan Carlos Loera y meter entera la canilla también por Cruz Pérez Cuéllar, todos proyectos de Morena, en el Municipio no ha dejado de rechinar la guillotina contra quienes se creyeron depositarios del exquisito don de la ubicuidad o del peligroso juego del columpio con Dios y con el diablo.

Cabada es de temer en ese sentido de los castigos a la traición y la deslealtad pero el buen doc Carlos Ponce Torres, su relevo en la Presidencia municipal, no hace tampoco malos quesos. Amparo Beltrán y Quique Torres, los dos regidores panistas en el Cabildo que fueron muy rudos al inicio de la administración, hoy posan gustosos para la selfie en la misma mesa que el doctor, por ejemplo. Terminaron por aplicar aquella frase de que más vale una gota de miel que un tarro de hiel. (Imagen en la versión digital de La Columna).

Pero el tema no son los opositores, sino quienes pretendieron jugar felices en el bando cabadista y al mismo tiempo con “El Güerito” Martínez o con “Super Mocken”, candidatos a la alcaldía por MC y el PAN, respectivamente.

Así fueron sacudidos de Asentamientos Humanos, Arturo Ayala; de Educación, Betty Córdova; de Patrimonio, Óscar Palacios; de Planeación, Enrique Díaz; y hasta del “descentralizado” IMIP, Roberto Mora, por andar de alcahuete con los constructores que se han apropiado de las calles de Juárez, funcionarios que los contrataron y el patrón de todos, Javier Corral.

Junto con los caídos se fueron varios de sus principales allegados.

En Planeación fue nombrado Pepe Gómez; en Patrimonio, Ileana Hernández; en el IMIP, Armando Herrerías; en Educación, Nancy Beltrán; en Egresos, Jorge Tejeda, y en Asentamientos Humanos, María Garfias. Hubo otros movimientos en Catastro y Secretaría del Ayuntamiento por razones distintas.

La guillotina se detuvo los últimos días pero sólo para el mantenimiento de rigor. Mientras le sacan filo hay revisiones libreta en mano en la Dirección de Desarrollo Social, en la propia Policía Municipal y en Desarrollo Urbano.

El doc Ponce Torres ha prometido que nadie lo rebasará ni permitirá nuevos regaños de instancias ajenas a la municipalidad, como la ocurrida el lunes pasado en las oficinas del Gobierno estatal, ni siquiera en el Municipio.

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La marcha y plantón para denunciar el “narcogobierno terrorista” de Javier Corral, programada para hoy en la capital del estado, no será únicamente de los LeBaron. Si bien gira en torno a la masacre de esa familia en noviembre de 2019, ya se han sumado varias organizaciones más.

Somos Uno Mx, Causa en Común, Chihuahua por México y el Frente Nacional Anti-Amlo (Frenaa), entre otras menos conocidas, serán las agrupaciones que participen.

Llevan el reclamo de justicia por todos, por los casi 11 mil muertos a causa de la violencia no contenida y hasta fomentada por la administración actual.

Está confirmada la presencia de Gilberto Lozano, el polémico líder nacional de Frenaa, del morelense exaliado y desencantado de Corral, Javier Sicilia, así como de los dirigentes e integrantes de las demás asociaciones. Le van a dar acompañamiento a la familia que ha sido revictimizada hasta el infinito.

La convocatoria difundida en redes por Julián LeBaron (puede verse en la versión digital de La Columna) es muy clara en los argumentos.

Su lema, “Vamos por ellos”, hace referencia a las palabras de la niña Mckenzie, quien fue encontrada herida a 14 kilómetros del sitio del ataque en busca de ayuda tras la masacre de 3 mujeres y 6 niños. Fue la única sobreviviente.

“Vamos por ellos” fueron las primeras palabras de la pequeña, y son con las que marcharán hoy, algunos desde Galeana hasta Chihuahua y luego todos de la glorieta de Pancho Villa al Palacio de Gobierno, por la columna vertebral de la capital.

Pero ahora esas palabras los LeBaron y compañía las van a aplicar a Corral, al secretario de Gobierno, Luis Fernando Mesta; al fiscal general, César Peniche; y el excomisionado estatal de Seguridad, Óscar Aparicio, que para colmo fue premiado con un puesto en la Guardia Nacional.

Los acusan de omisión, traición, incompetencia, colusión y complicidad en el asedio terrorista en contra de los chihuahuenses. Más claro ni el agua. De lo público y notorio no requiere mayor explicación ni justificación el grave señalamiento.

Tras marchar este día, frente al despacho que se mantiene vacío en el Palacio de Gobierno, los manifestantes abrirán el micrófono a los testimonios de las familias de los muertos, de los desaparecidos, de las víctimas de todo tipo de delitos.

Corral tiene su agenda en Juárez, acá es donde anda exprimiendo el ‘año de Hidalgo’ con el tiradero de obras.

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Adelgazar la cantidad de derechohabientes del fondo de Pensiones Civiles del Estado es la nueva exigencia del magisterio estatal que encabeza Ever Avitia, quien hizo el planteamiento formal ante la junta directiva de la institución.

El dirigente de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación presiona en ese sentido, pero no por mera ocurrencia.

Son los maestros y sus familias los derechohabientes originales de la institución. Pensiones evolucionó en su primera etapa para dotar de un servicio de salud y seguridad social a los trabajadores de la educación del subsistema estatal, dado que los federales siempre han contado con el Issste.

Conforme creció la burocracia estatal, sin prever los fondos suficientes para solventar el gasto, se fueron sumando beneficiarios. Los maestros y sus familias, que suman el 55 por ciento del total de derechohabientes, vieron cómo se empobreció el servicio, la calidad, las medicinas.

Son casi 50 mil los beneficiarios del magisterio, la mayoría en la capital, pero también más de ocho mil en Juárez y más de cuatro mil en cada una de las delegaciones donde tiene presencia, según puede verse en el reporte oficial de la derechohabiencia (la gráfica en la versión digital).

Por eso no es descabellada la propuesta de Avitia de reestructurar Pensiones a partir de la enorme cantidad de derechohabientes, cuyos patrones –el mismo Gobierno del Estado a través de todas sus dependencias– no pagan las cuotas.

No es mero afán de exclusión o elitismo del magisterio estatal, por supuesto, sino una nueva medida de presión a ver si en PCE se ponen las pilas.

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Del equipo del candidato a presidente municipal por Movimiento Ciudadano, Rodolfo “El Güerito” Martínez, reportan que está listo para comenzar a todo vapor su campaña este próximo jueves.

De todos los candidatos a la alcaldía juarense ha sido el más callado. Ni ruido ha hecho con la clásica foto comiendo burritos o haciéndose el humilde en las calles del Centro, como todos los demás, porque su estrategia ya va marcada por otro camino.

Ha conseguido muchas simpatías por todos lados. Se habla que precisamente una buena cantidad de personal municipal está con él porque lo conocieron como jefe, en cargos en los que cuidó bien el nombre heredado de su padre, el dueño del Grupo Roma.

El abanderado naranja comenzará deslindándose de los independientes y  diferenciándose claramente de los morenos con orígenes priistas y blanquiazules.

Sus operadores y hasta sus críticos reconocen que “El Güerito” ha ido subiendo en las encuestas, no tanto por su operación entre los distintos grupos políticos sino por su trabajo discreto pero intenso en las colonias de la periferia.

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Estuvo sesgada y mocha la respuesta del Congreso del Estado con la que, según el destituido magistrado Jorge Ramírez, se mostró en abierto desacato a un mandamiento judicial de amparo.

La contestación signada por Luis Enrique Acosta, secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso, se orientó de principio a fin a explicar que era imposible restituir a Ramírez como magistrado.

Argumentó tanto el hecho consumado de su desafuero, que fue lo resuelto en el Congreso, como la imposibilidad de volver a hacerlo magistrado; todo pese a que la orden de la justicia federal era el amparo y protección a favor del quejoso.

Pero estuvo sesgada la contestación porque el documento se orientó a decir que era imposible restituir al magistrado en todos sus derechos.

Y estuvo mocha por un ingrediente adicional: en todo el oficio de respuesta se limitó a exponer la decisión soberana, sin mencionar aquel enorme contrasentido de hace un año, cuando la Comisión Jurisdiccional determinó improcedente el desafuero, pero en la sesión del pleno se cambió el sentido.

En los tribunales federales parece que no cayó en gracia la respuesta que iba en línea con lo resuelto por el Palacio de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia, que tampoco contestó con un sentido favorable a Ramírez.