Opinión
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Golpe en la nuca de Corral a testigos protegidos

Así como el exgobernador, César Duarte, y sus colaboradores buscaron escapar al más allá de su sexenio, así lo intenta desde ahora el gobernador, Javier Corral

LA COLUMNA
de El Diario

martes, 28 julio 2020 | 06:00

-Golpe en la nuca de Corral a testigos protegidos

-Avizoran desabasto de placas vehiculares

-Desde a Fiscalía operan elección 2021

-Acusan misoginia en candidato de relleno

Así como el exgobernador, César Duarte, y sus colaboradores buscaron escapar al más allá de su sexenio, así lo intenta desde ahora el gobernador, Javier Corral. El primero se ha movido torpemente como primerizo en el mundo político-delictivo, el segundo le sigue los pasos peor que gemelito.

No hay duda que desde el escritorio de Corral han surgido hacia algún medio informativo nacional los nombres de los testigos protegidos dentro de los procesos penales abiertos contra el duartismo llamados “expedientes secretos X” u “Operación Justicia para Chihuahua”.

Duarte permanece detenido en una prisión de los Estados Unidos, varios de sus exfuncionarios siguen en celdas de las más comunes recluidos en Chihuahua; muchos otros son prófugos.

Todos los documentos acusatorios fueron llenados con información de “testigos protegidos” (TPs), todos ellos también exfuncionarios duartistas; ni un solo dato ha sido logrado por la capacidad investigadora ni aptitudes policiacas del corralismo. Otro gallo le cantara a los chihuahuenses en materia de seguridad si hubiera buena policía.

No se entiende de otra forma como peligrosa falta de lealtad que ahora los nombres de esos testigos sean aireados en los medios de comunicación cual reputaciones de cualquiera en los modernos lavaderos que son ahora las redes sociales.

Hay molestia y hay miedo entre los TPs. Una cosa es que aparezcan sus nombres como trascendidos, conjeturas o especulaciones y otra cosa muy distintas que sean publicados sus nombres completitos en medios claramente controlados por el gobernador.

No conocían ellos a Javier Corral Jurado ni el gobernador conoce las implicaciones de semejante imprudencia. Es un Duarte a la décima potencia. Caerá más temprano que tarde en el berenjenal creado por él mismo igual que su antecesor.

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Adelantamos el miércoles de la semana pasada que la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, aprobada en abril de 2018, se tambaleaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer el máximo tribunal del país terminó por enviar a la basura la norma creada para las venganzas corralistas.

Nueve de los 11 togados aprobaron el proyecto de nulidad del ministro Alberto Pérez Dayán, con el cual se validaron los argumentos de los 12 diputados locales opositores al PAN que en la pasada legislatura demandaron la inconstitucionalidad de la norma.

Uno a uno los razonamientos fueron avalados: la ley estaba hecha como traje a la medida para satisfacer los intereses de venganza del gobernador en turno; no se siguió el proceso legislativo normal, y por el contrario se hizo en Palacio de Gobierno, se incluyó de forma arbitraria en la orden del día de una sesión que no contemplaba debatir esa propuesta y todo se aprobó en unas cuantas horas.

Por ello se anuló la norma y todas las reformas previas que le dieron origen. El Congreso del Estado ahora deberá enfrentar el galimatías jurídico generado.

Para crear la ley derogó procedimientos de juicio político y desafuero que estaban contemplados en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ahora deberá hacer una nueva norma y navegar sin el necesario andamiaje jurídico los casos que llevaba la Comisión Jurisdiccional.

El principal beneficiario de esta nueva derrota corralista, el magistrado Jorge Ramírez Alvídrez, ayer tenía una sonrisa de oreja a oreja. Esa ley tan ventajosa era uno de sus cuestionamientos principales al procedimiento de investigación y sanción que se le sigue.

El caso de Ramírez no queda sin materia, todavía, pero no hay normas que indiquen con cuál procedimiento enjuiciarlo. Él feliz, pues cualquier actuación en su contra será inconstitucional.

Es lo que pasa cuando la justicia se confunde con la venganza, constante que ha marcado al casi fenecido “nuevo amanecer”.

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La siguiente semana habrá de definir la Secretaría de Hacienda del Estado quién gana la licitación para la producción de placas metálicas vehiculares. El proceso está prácticamente concluido tras los tumbos que dio con dos licitaciones previas.

Es un asunto que huele a negocio del secretario Arturo Fuentes Vélez, aunque nadie se anima a considerarlo como tal; prefieren dejarlo como simple señal de incompetencia e ineficiencia, por más que se oculten intereses en tan desaseados procedimientos de adquisiciones.

Mientras se designa a un ganador, en las oficinas de Recaudación de Rentas de varios municipios de la entidad comenzó la falta de placas debido al retraso que han tenido las licitaciones. Ahora se piensa en utilizar de nuevo, como ocurrió el año pasado, placas de cartón provisionales.

La ineptitud en el proceso licitatorio -eso si no es que hay gato encerrado- comenzó desde el 19 de febrero con la primera convocatoria que se desechó. Le siguió otra el 6 de mayo, también cancelada, y finalmente una última el 6 de julio.

En las dos licitaciones previas los argumentos para desechar las propuestas rondan los terrenos de lo ilegal, pues no pueden hacerse reglas para un procedimiento y cambiarse durante la marcha. Es lógica simple, contra la cual ha ido la dependencia estatal.

Aunque esos cambios son suficientes para sospechar de irregularidades en Hacienda, el problema ha quedado sepultado por la urgencia mayor que representa la pandemia.

Sea como sea es inminente el desabasto de placas de circulación metálicas que habrá de generar problemas a la ciudadanía.

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Días después del escándalo protagonizado por Israel Beltrán Montes en Cuauhtémoc, tras maltratar al aire a su otrora empleada, la periodista Brenda Chacón, explotó en Morena otra bomba. Algunas capturas de pantalla que le mostramos en la versión digital de La Columna ayudan a ilustrar un poco la historia.

Las mujeres morenistas le reclamaron al consejero independiente de Petróleos Mexicanos, Rafael Espino de la Peña, que sostenga al empresario radiofónico como parte de la estructura que opera en la región manzanera del estado.

Antes del escándalo que protagonizó Beltrán, al denigrar públicamente a una de sus compañeras de micrófono en sus estaciones de radio, el exalcalde y exsenador priista era presumido como parte de los asesores especiales de Espino, el candidato morenista de relleno.

Después del escándalo ya no fue presumido Beltrán como aliado de Espino de la Peña, como era lógico; eso no pasó desapercibido para las mujeres morenistas que con justa razón comenzaron a cuestionarlo y a motejarlo como protector de misóginos.

A la cabeza de los reclamos de las mujeres, por esos antecedentes, estuvo la secretaria del Consejo Estatal de Morena, Karen Mora. La joven, al parecer, obtuvo una respuesta virulenta de Rafael Espino vía telefónica, hecho que reveló un grupo de WhatsApp denominado “Morena Unida”, donde confrontó al aspirante.

Espino la contactó y la acusó de ser manipulada por alguien más, lo que la joven Mora le refutó defiendiendo su derecho a opinar libremente. Es decir, Espino la hizo menos y la maltrató. Eso originó el acalorado reclamo de la dama.

“No espero nada de ti, ni una disculpa. La vida da muchas vueltas y hoy te equivocaste. El respeto que llegué a tenerte lo has perdido”, es parte de lo que se puede leer en el mensaje a Espino, a quien además, calificó de “poco tolerante” y “misógino”.

Acto seguido, Mora abandonó el grupo y le siguieron otras tantas mujeres, quienes antes de salirse le dejaron en claro a Espino que no cuentan con él y que sus actitudes de divo no abonan a la causa de Morena y lastiman su propia imagen.

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A nombre de nadie pero desde la Fiscalía General del Estado han empezado a operar diputaciones, alcaldías y hasta la gubernatura dos personajes clavados ahí más con objetivos político-electorales que de procuración de justicia que tanto le hace falta a Chihuahua.

Se trata de Gerardo Oyervídez Benítez y Roberto Hernández; el primero llegó desde hace un par de años de la Ciudad de México cuando todo era vida y dulzura para el priismo de Peña Nieto; el segundo ha durado varios sexenios aproximado a la Fiscalía “vendiendo de todo”.

Ahora son los encargados de hacer diputados, alcaldes y hasta gobernador para el 2021.

Ya pasan las charolas por buena parte del estado; no sabemos si con el consentimiento del gobernador, Javier Corral, a quien le urge dejar como relevo a Gustavo Madero.