Opinión

Gobiernos al rescate de estancias infantiles 

En este mismo espacio abordamos ya el grave problema de las estancias infantiles y lo que significa para miles de niños...

Francisco Ortiz Bello
Analista
viernes, 08 marzo 2019 | 06:00

En este mismo espacio abordamos ya el grave problema de las estancias infantiles y lo que significa para miles de niños en todo el país, pero particularmente en nuestra ciudad, con la decisión del presidente López Obrador de cancelar dicho programa y cambiarlo por otro que, bien a bien, se desconoce cuál sea su real utilidad o beneficio para las madres trabajadoras. Casi 2 mil niños en Juárez se quedarían sin un lugar donde los puedan cuidar adecuadamente.

Todo lo que se diga o escriba sobre el tema será insuficiente para que la sociedad esté bien enterada, y tome conciencia de la gravedad del problema. Miles de madres se podrían quedar sin la oportunidad de seguir trabajando, estudiando o realizando alguna otra actividad productiva o en pro de su mismo desarrollo y crecimiento personales. Es muy delicado el tema.

Sin embargo, parece que no todo está perdido. Por una parte, la exdirectora nacional de ese programa federal, la Lic. Clara Torres Arméndariz, y muy conocida activista social en causas precisamente a favor de los derechos y atención de los niños y jóvenes, ha anunciado ya toda una cruzada nacional en la defensa de dicho programa, ha estado haciendo contacto con decenas de presidentes municipales y gobernadores, tanto en Chihuahua como en otros estados de la República para, desde el ámbito local, impulsar un decidido apoyo para que estas estancias continúen operando en las mismas condiciones que lo han hecho hasta hoy.

Este apoyo desde lo local consistiría en la aportación de recursos municipales y estatales para conservar la operación de las estancias, pero también en el apoyo logístico y operativo de esos niveles de gobierno porque, debemos recordar, la clave del éxito y buena aceptación del programa estriba no necesariamente en los recursos, o no sólo en ellos, sino en todo el esquema mediante el cual funcionan.

Para este tipo de centros de cuidado y atención infantil, la supervisión del Gobierno resulta fundamental. Porque a través de la rigurosa verificación al cumplimiento de normas, estándares y calidad en la prestación del servicio, es como de verdad se puede asegurar que los niños estarán bien y, por tanto, sus madres también.

El ejército de personas que operan estos lugares ha sido cuidadosa y escrupulosamente capacitad y entrenado en las modernas y efectivas técnicas, tanto de la docencia en general, como en específico en el cuidado de pequeños. Pero no sólo esto, han sido entrenadas y certificadas en estándares avalados tanto por la ONU como por la organización Save The Children, así como por otras instancias similares de carácter nacional.

Sólo quienes acreditaban el cumplimiento cabal de todos estos estándares operativos para las estancias infantiles, podían seguir operando, y sólo así podían hacerse acreedores al recurso asignado por la Sedesol del Gobierno federal, hoy Secretaría del Bienestar Social.

Bueno, pues ahora lo que se pretende a través de un esquema de rescate inmediato, es mantener esa estrecha vigilancia a estos centros de cuidado y atención infantiles vía los gobiernos locales. Así, esfuerzos conjuntos entre presidencias municipales y gobiernos de los estados se enfocarán en darle viabilidad y sostenibilidad al proyecto, pero… dejará de ser gubernamental, definitivamente.

Sin que lo hayan definido aún puntual y detalladamente, lo que se puede observar es que las pretensiones de Clara Torres y todos sus apoyadores esparcidos por el territorio nacional, es llevar el control, operación y supervisión de este programa a los organismos de la sociedad civil, no obstante la tozuda decisión del presidente de acabar con todos los intermediarios y llevar los apoyos directos a quien los necesita. Eso ha dicho.

Decisión que, por cierto, empieza a encontrar a muchos decepcionados entre las mismas filas de sus seguidores o simpatizantes, porque la verdad es que las llamadas ONGs o ACs han sido, por muchos años, fieles colaboradores de todos los gobiernos, realizando tareas y funciones que son, en esencia, obligación del Estado, pero que este no ha podido o no ha tenido la capacidad de cumplir.

Muy bien por el gobernador Javier Corral y por el presidente municipal Armando Cabada, quienes han afirmado categóricamente que no permitirán que ninguna de las estancias en Juárez, o en el estado –dijo el gobernador–, cierren sus puertas. Esa es la clase de decisiones y acciones que hace a los gobernantes trascender de verdad ante la sociedad.