Opinión

¿Gobernadora chamaqueada?

Antes se decía que honrar la palabra era la mayor virtud de los hombres

Francisco Ortiz Bello
Analista

domingo, 21 noviembre 2021 | 06:00

Antes se decía que honrar la palabra era la mayor virtud de los hombres, en clara alusión al cumplimiento de compromisos y promesas que, en general, se realizan entre seres humanos, por eso ahora hay que sustituir el término hombres por el de personas (aunque creo que siempre se utilizó en el sentido más amplio de género humano y no solo a género masculino), pero de fondo, el mensaje central de la frase no se altera, sigue siendo el mismo: los compromisos, las promesas, los acuerdos, se deben cumplir. 

Esa valiosa virtud de cumplir la palabra adquiere mayor dimensión cuando el compromiso realizado entre dos o más personas da fin, concluye, un conflicto o diferendo importante, porque significa acuerdo, consenso, paz. Todavía más relevante resulta cuando dicha palabra empeñada se utiliza en política, entre funcionarios o gobernantes, para dirimir controversias, para terminar enfrentamientos, para acabar conflictos, porque ahí estamos hablando del bien público tutelado por dichos personajes. 

En ese orden de ideas, se entiende que un acuerdo entre dos o más instancias de gobierno, basado en la negociación, para concluir con alguna diferencia importante, se sustenta precisamente en las palabras, o compromisos, que cada parte emitió para solventar dichos desacuerdos. 

Resulta que, hoy, se cumple exactamente un mes desde que el gobierno estatal encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el gobierno federal, representado por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, firmaron un acuerdo con el que se dio por concluido el conflicto entre la Conagua y los productores agropecuarios de la zona centro-sur del estado, llamada también la guerra del agua. Ahí terminó. 

O se supone que ahí debería terminar, claro, previo cumplimiento de los compromisos adquiridos en dicho acuerdo. Lo que hasta el momento no ha ocurrido al menos por parte de la instancia federal. 

Pero ¿de qué trató el acuerdo mencionado? En su página web, el gobierno estatal publicó: “Logra Maru Campos acuerdo de alto nivel entre el Gobierno Federal y productores de La Boquilla. Con este convenio concluye un episodio muy complejo en de (sic) la historia de Chihuahua. Con la mediación de la gobernadora, se establecen compromisos del Gobierno Federal en donde destaca trabajar en la preliberación de los reos, derivados de este conflicto y recursos para el sector agrícola”. 

En otra parte del comunicado oficial se lee: “Este convenio signado entre la gobernadora Maru Campos, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y los productores chihuahuenses se consolida la paz y el acuerdo, además de que se establecen los canales de comunicación y diálogo con la autoridad federal”. 

“Este acuerdo se logró con la finalidad de dar un nuevo empuje a los productores de la región centro-sur de Chihuahua, para así poder preservar el valor de sus trabajos, asimismo, la Gobernadora aseguró que al abandonar el conflicto se abre la puerta a la conciliación y se triunfa como estado.” 

“La gobernadora dio a conocer que se firmó un convenio con el que se da fin al conflicto del agua en La Boquilla, el cual inició hace más de un año, lo que implica la preliberación de los reos derivados de este conflicto, así como la retirada de los diversos manifestantes de La Boquilla”. 

“Cabe destacar que el acuerdo también incluye recursos económicos para la implementación de programas de apoyo de tecnificación de riego, así como la coordinación del Gobierno del Estado de Chihuahua con el Gobierno Federal para el manejo del agua”. 

Otra cita textual de documento: “Por otra parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, señaló que tanto la gobernadora como los productores de Chihuahua, son los defensores de este acuerdo logrado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, además reconoció esta defensa es en pro de su modo vida y la autenticidad de este movimiento social suscitado en la región centro-sur y en honor a ello, como representante de la Federación, se comprometió con los productores a brindar todas las facilidades para la solución de conflictos”. 

“‘Yo felicito la actitud de la gobernadora, su convicción, ella sabe hacer política, y a su equipo de trabajo, pero si no hubiese la convicción de ella con esa altura de miras, con visión social, pues esto no hubiera sido posible’, agregó López Hernández” 

“Este acuerdo histórico entre el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Gobierno Federal es una clara muestra de la nueva forma de gobernar”. Fin de las citas textuales. 

Entonces ¿cuáles fueron los compromisos que cada parte firmante adquirió en el acuerdo? Analicemos. El Gobierno federal se comprometió a: “Gobernación se compromete a gestionar y llevar a cabo la vinculación correspondiente para acercar a Chihuahua con las dependencias y/o entidades federales que tengan a su cargo la entrega de apoyos a través de los programas que se indican a continuación, a) Programa presupuestario U080 relativo a apoyos a centros y organización; b)Programas de apoyos para tecnificación de riego relativo a la nueva cultura del uso del agua; c) Con absoluto respecto a la autonomía del Poder Judicial y a las instancias de impartición de justicia la Secretaría de Gobernación se compromete a realizar y coadyuvar en las gestiones tendientes a obtener la preliberación de los agricultores actualmente sujetos a proceso, y para lo cual, el Gobierno del Estado de Chihuahua se coordinará con la Secretaría de Gobernación y brindara (sic) el apoyo jurídico que se requiera hasta la total solución de los procesos judiciales”. 

Por su parte, el gobierno de Chihuahua se comprometió a retirar el bloqueo o toma de la presa La Boquilla, y coordinarse con el Gobierno federal y los agricultores en todos los temas relacionados. Eso fue lo que firmaron la gobernadora y el secretario de Gobernación. 

La Boquilla fue entregada a Conagua de forma casi inmediata, a los dos o tres días de la firma del acuerdo, y el Gobierno estatal ha cumplido en todos los demás puntos, incluida la coordinación con los agricultores para la entrega de los programas federales de apoyos, sin embargo, a 30 días del pacto, los tres agricultores de La Cruz y el líder agrario Andrés Valles Valles continúan en prisión, sin que nada haga ver que podrían salir pronto, al contrario, las más recientes diligencias judiciales realizadas en el caso de Valles confirmaron su permanencia en prisión. 

¿De qué estamos hablando entonces? ¿Pactos y acuerdos no cumplidos por el Gobierno federal? ¿Engañaron a la gobernadora? ¿Qué intenciones ocultas llevaron a la firma de ese acuerdo? 

Esos cuestionamientos lógicos llevan a varias reflexiones sobre el tema. La primera de ellas, obligada, tiene que ver con las acciones que, desde el gobierno federal, incluido el ámbito judicial, se llevan a cabo en los casos de los agricultores detenidos. Lo que se percibe de esas acciones claramente, es que no existe la voluntad real de preliberarlos. Eso por supuesto implica un claro incumplimiento al compromiso adquirido en el acuerdo, y un engaño a la gobernadora del estado. 

Al respecto, Maru Campos ha declarado que nunca se dijo que la liberación de los agricultores sería inmediata, que llevarían tiempo los trámites respectivos, lo cual, por supuesto que suena lógico, sin embargo, el punto es que no se advierte ninguna acción concreta en ese sentido por parte de las instancias federales, al contrario, lo que se percibe es justamente que no existe voluntad real de avanzar en ese camino. 

Otra consideración necesaria es que tampoco se ve al máximo representante del Gobierno federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera, involucrado en el tema, y menos con buen ánimo de dar cumplimiento a los acuerdos signados lo que, desde luego, contribuye a enviar señales negativas sobre tales compromisos. 

Si bien es cierto que en México los trámites judiciales siempre resultan lentos y engorrosos, supondríamos que, ante el acuerdo de voluntades al más alto nivel, y los consecuentes compromisos adquiridos, la liberación de los agricultores marchara viento en popa, que avanzara pues, lo cual no se advierte por ningún lado. 

Ante estas circunstancias, el cuestionamiento sobre la posible chamaqueada a la gobernadora cobra fuerza por sí solo, natural, lógico. Ojalá y que solo sean percepciones equivocadas o producto de malos entendidos, porque con lo que nadie puede jugar y trivializar es con la esperanza de las personas, y los agricultores injustamente detenidos y procesados, han creído que pronto estarán libres para pasar la Navidad en sus hogares, con sus familias.

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