Fueron muy lejos con su broma de muerte

• Fueron muy lejos con su broma de muerte

• Ni en secreto impiden pago al magistrado

• Sacó chispas la reducción de sueldos

• Atrevida postura de empresarios vs Federación

Ábrete, tierra, y desaparezcamos, imploraron todo el miércoles y todavía ayer las dirigencias estatal y municipal del Partido Acción Nacional, deshechas de vergüenza por las inaceptables boberías surgidas de dos que no sólo militan en sus filas, sino que cobran del presupuesto público juarense como funcionarios del Gobierno del Estado.

“Si tuvieran que sacrificar una colonia para acabar con el Covid-19, ¿cuál sería y por qué Riberas?... ¿y por qué Las Torres?”. Así publicaron respectivamente en sus redes Luis Sigala e Irasema Gutiérrez.

Fueron 48 horas de reacciones de todo tipo; por supuesto ninguna a favor, muchas tomando a chunga los “memes” pero la mayoría de ellas cuestionando la irracional imprudencia. “Deberían arrestarlo por amenazas de muerte”, opinó uno de tantos.

Acción Nacional debió cargar en imagen por los “sangrepesada” de sus partidarios que por lo visto o no dimensionaron las consecuencias de sus palabras o simplemente les importa menos que un comino la población de estratos sociales vulnerables. Hubo amonestación de sus jefes (as), pero ya con el daño hecho.

No se entiende el exabrupto virtual tampoco en el contexto de las venideras campañas electorales. Ambos funcionarios son catalogados como afines al propósito de Ramón Galindo Noriega por convertirse nuevamente en presidente municipal. Con Riberas y Las Torres tiene para impedir que siquiera asome la nariz.

Galindo es actualmente subsecretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. Viene de una lucha intensa que libró contra su ahora exjefe titular del área en esa estructura pero perteneciente a Morena, Víctor Quintana Silveyra. Ahora estará obligado a los deslindes correspondientes.

Debe decirse también que en el pico de esa estructura aparece como mandamás el gobernador Javier Corral, quien ha sido incapaz de ganarse con trabajo el visto bueno de los juarenses. Al contrario, el rechazo es contundente. Así que la conducta de sus “cachorros” Sigala e Irasema no resulta otra cosa que una raya más al tigre de la impopularidad. 

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Algo descaradón pero no podía esperarse otra cosa. El miércoles sostuvo el gobernador Javier Corral una encerrona privada con la nueva integrante del Consejo de la Judicatura, Minerva Correa, y ese mismo día pero unas cinco horas después se reunió de nuevo con ella, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Pablo Héctor González, y con el magistrado Roberto Siqueiros.

Lo descarado del asunto es que el gobernador evidentemente requería ponerse de acuerdo con su ahijada la consejera antes de reunirse con los otros dos magistrados a pesar que ambos se suponen dignos de la más completa confianza. El supuesto es importante anotarlo en rojito porque alguna razón tuvo Corral para sostener las pláticas por separado.

De ese tipo de encuentros no son enviados boletines de prensa ni comunicados aunque impliquen decisiones del interés general de los chihuahuenses y recursos públicos.

Frente a ese hermetismo sólo podemos interpretar que fueron abordados dos temas: el primero de ellos relacionado con la enésima reingeniería financiera del Estado que pretende el gobernador llevar a cabo y que busca la reducción de sueldos también en el Poder Judicial. Ahora el argumento es el Covid-19. Algo de ello dijeron ayer oficialmente.

Los tres son miembros del Poder Judicial de Chihuahua e integrantes precisamente del Consejo de la Judicatura, que tiene que ver con la administración de la nómina.

Pero ese asunto resulta insignificante frente al que verdaderamente ha propiciado úlceras al grado de cancerosas y migrañas interminables al gobernador del estado. Los convocados a la reunión tienen mucho que ver con el tema acongojante.

Es el “regreso” del magistrado Jorge Ramírez Alvídrez a la Ciudad Judicial. A su sala penal. A su salario, tras haber librado otra guerra feroz que inclusive lo puso en la cárcel por unas horas. Todas las armas usadas por Corral contra el magistrado han topado con plástico duro, con el acero del sentido común más básico, ni siquiera con la objetividad de la ley.

Jueces federales han reinstalado en su sala a Ramírez pero los administradores siguen sin liberar el pago de su salario por obvias razones e instrucciones.

De esa encerrona en Palacio debe haberse desprendido la resignación a cumplir con la ley y por lo tanto a pagar, con billetes bañados en verdosa bilis, pero sin otra salida.

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Salieron chispas en la reunión de la Junta de Coordinación Política del Congreso por un acuerdo en el que se aliaron los líderes de las bancadas del PAN y Morena, Fernando Álvarez y Miguel Colunga.

Los legisladores plantearon una reducción de 180 millones del presupuesto del Legislativo en apoyo al plan de emergencia –todavía desconocido– del gobernador Javier Corral. 

Dicho recorte representa el 30 por ciento del gasto del Congreso del Estado para este año, desproporcionado cuando se compara con el pretendido ahorro que proyecta el Ejecutivo, de apenas 1.5 por ciento de su presupuesto.

Lo que encendió la discusión en la sesión de ayer fue que dicho ahorro se pretende lograr con un descuento de hasta 11 millones en las compensaciones de los diputados y de ocho millones en los ingresos de los empleados.

La coordinadora priista Rosa Isela Gaytán se opuso a tocar las percepciones salariales de los empleados. Los diputados pueden aportar su cuota, pero cuando hay millones de pesos de gastos injustificados de las dos grandes bancadas, la azul y la morenista, lo más viable es reducirlos sin afectar los ingresos de los trabajadores, fue en suma el argumento de la tricolor.

Pero Gaytán sólo tuvo algo de respaldo de Rubén Aguilar, del Partido del Trabajo, y de Rocío Sarmiento, de Movimiento Ciudadano. El trío se pronunció por un ajuste sin golpear los sueldos, debido a que la medida parece mero populismo, orientado a empobrecer a los empleados en vez de centrarse en acciones específicas de estímulo a la actividad productiva.

En la discusión se impusieron las mayorías, apoyadas por Alejandro Gloria del Verde y Misael Máynez del extinto Encuentro Social.

El recorte en sí es nada en términos de presupuesto público, pero es enorme en términos individuales para cada empleado. 

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Los presidentes de Desarrollo Económico de Juárez y Chihuahua, Álvaro Bustillos Fuentes y Miguel Guerrero Elías, enviaron ayer una carta a Palacio Nacional, así como a las cámaras legislativas federales. 

El planteamiento que hicieron llegar es producto de un consenso empresarial en las ciudades más importantes de la entidad. Se enmarca en la nueva crisis sanitaria y económica que se presentan ahora, pero no es resultado de la coyuntura de la pandemia.

El reclamo es muy claro. Hay un grave desequilibrio fiscal en el país, de tal forma que los estados más productivos, como Chihuahua, son los más castigados en el reparto de las contribuciones fiscales.

Desde el comienzo de la actual administración federal van cuando menos tres pedradas bien dadas a la entidad. Son el presupuesto 2019, el de 2020 y la nueva, la falta de apoyo y solidaridad al empresariado formal en tiempos de emergencia.

Las tres pedradas ya pesan en la productividad de la entidad. Y por el pronunciado decrecimiento agravado con la recesión que se anticipa, no puede más que pronosticarse una caída que llevará años superar si no hay un respaldo decidido de la autoridad federal.

De ahí la advertencia que envían: o cambia la Ley Federal de Coordinación Fiscal o que Chihuahua abandone el pacto tributario que sólo deja el 20 por ciento de las contribuciones a las entidades, mientras la Federación se queda con un 80 por ciento para su operación y reparto a discreción. 

Es la postura más atrevida hasta hoy del empresariado estatal.