OPINIÓN

Fueron 15 muertos en primer topón; ahora seis

Es evidente que ni antes ni ahora la autoridad ha ejercido su poder legítimo para poner orden en la región

LA COLUMNA
de El Diario
lunes, 12 agosto 2019 | 06:00
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• Fueron 15 muertos en primer topón; ahora seis


• Con ‘Alito’ ganado, Omar se fue al cine 


• Pleitos de amparados contra provisionales


• Viene amplio perdón para ‘Quique’ y Amparo 


En el nuevo “topón” de La Línea y el Cártel de Sinaloa otra vez fue notoria la ausencia de las fuerzas estatales del comisionado Óscar Alberto Aparicio, igual que de la nueva Guardia Nacional, que no existe más allá del papel.

En Las Varas, Madera los grupos que tratan de imponer su ley chocaron de nuevo con un saldo de seis muertos y varios lesionados.

La vieja Estación Babícora ha sido escenario recurrente de conflictos entre grupos criminales, enfrentamientos hasta cierto punto permitidos por las fuerzas estatales y federales, ya por complicidad, ya por omisión. En consecuencia es de terror permanente para la población pacífica de aquella zona.

Es un corredor en disputa donde los pobladores de las comunidades aledañas han tenido que acostumbrarse al mando de la delincuencia, ante la inexistencia de facto de gobiernos de cualquier nivel.

Justamente hace dos años fue el punto de una carnicería que dejó 15 muertos, el cinco de julio de 2017. Fue la secuela de la pelea por las plazas en toda la región de la Babícora.

Entonces, además, se acreditó a la pugna entre los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y uno de los líderes de la organización que fundó, cuando comenzaba el declive del ahora reo sentenciado en Estados Unidos.

Según lo que se escucha en el bajo mundo policiaco, ahora la batalla obedece al control de brechas y carreteras por parte de los dos grupos más identificados del narcotráfico local, “La Línea”, brazo operadores del Cártel de Juárez, y la Gente Nueva de “El Tigre”, o Cártel de Sinaloa.

Pero es evidente que ni antes ni ahora la autoridad ha ejercido su poder legítimo para poner orden en la región. 

Son puras poses reforzadas con boletines oficiales las de Aparicio y la del nuevo órgano policiaco de carácter nacional, que hasta la fecha sigue sin hacer presencia en los lugares donde realmente es necesario...Madera, Temósachi, Matachí, Cuauhtémoc, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Namiquipa... toda aquella región y todo el estado.


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La imagen del dirigente estatal del PRI, Omar Bazán Flores, con su hijo en Cinépolis lo dijo todo sobre la elección de nuevo presidente nacional del tricolor.

Era evidente que desde las primeras horas del día y conforme avanzó la mañana se amarró el triunfo de Alejandro “Alito” Moreno para suceder a Claudia Ruiz Massieu en la dirigencia nacional del PRI.

Cerca del mediodía el también diputado posteó en Facebook: “domingo familiar, día de cine con familia”, mientras los seguidores de la candidata fallida, Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadora de Yucatán, seguían una estrategia identificada desde temprano, tendiente a descalificar el proceso.

El dirigente en la capital del estado, Fermín Ordóñez y el exsíndico juarense Aarón Yáñez entraban y salían de los “cuartos de guerra” montados en el PRI municipal y el Comité Directivo Estatal, sin más acciones que denunciar todo tipo de maniobras, reales o ficticias, para favorecer al candidato que condujo la aplanadora.

Pura faramalla y patadas de ahogado las de Ortega y su gente. Otra muesca en las derrotas de Serrano y compañía, por si alguna hacía falta.

Así fue como se leyeron las denuncias tempraneras de urnas embarazadas en Chihuahua, acarreos en Coahuila y Oaxaca, además de violación a la secrecía del voto en otros estados.

Todas eran incidencias menores, pero la desesperación de la candidata y su equipo los llevó a denunciar el robo de la elección y a magnificar cuanta señal aparecía de la repasada que les estaban dando en las urnas.

Ni modo, a la yucateca y la gente que eligió en el estado para ayudarle les faltó oficio y ponerle cuando menos algo de emoción a la contienda interna. Así que “Alito”, sin sorpresas, asumirá la silla del Comité Ejecutivo Nacional del PRI el próximo domingo.


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Los amparos de 11 jueces locales de Chihuahua, Juárez, Guerrero y Delicias han provocado que la nómina del Poder Judicial se infle con juzgadores provisionales, cortesía del Consejo de la Judicatura.

Para esta semana y lo que queda del mes se esperan resoluciones a favor de más jueces, ya no por las condiciones particulares de los jueces que han demandado el juicio de garantías, sino contra el proceso que la consejera “Lucha” Castro promovió para una supuesta renovación de los tribunales, lo que podría considerarse estancado.

Es relativamente fácil anticipar qué sigue: el litigio eterno o mínimo hasta su llegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras el Poder Judicial no acepte que cayó en los mismos vicios que se supone combatiría.

Pero lo peor no son los gastos que esto le representa al Tribunal Superior, que debe pagar tanto a jueces ganadores del proceso de “Lucha” como a los amparados. Lo peor es el clima de confrontación al interior del TSJE.

Los jueces que ganaron plazas con el proceso de selección para titulares de 56 juzgados han comenzado a ser llamados a los juicios de amparo, como parte en los pleitos.

Ahora los amparados no sólo luchan contra el poder que pretende someterlos, deben luchar contra los provisionales, que finalmente son compañeros, unos y otros, de diversas áreas del Poder Judicial.


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Los delegados regionales de la Secretaría de Bienestar, al mando del superdelegado Juan Carlos Loera, ya no están en la nómina de la administración pública federal.

Tras varios días de rumorearse su despido por las acusaciones de nepotismo e influyentismo en las áreas a su cargo, finalmente desaparecieron del registro oficial.

Ahora es un lío encontrar los pagos a Luis Fernando Duarte, de Parral, y su esposa Ishtar Ibarra Barraza; Marcelino Gómez Brenes de Chihuahua, quien tenía a su parentela y hasta su mascota en la nómina; Leticia Loredo de Delicias, Francisca Contreras de Guachochi y otros.

Pero no es que se haya corregido el nepotismo, sólo se simuló hacerlo. A unos que dependían de la administración centralizada los pasaron a contratos por honorarios, de 70 mil pesos para arriba, por supuesto, y a otros se les cambió el modo de contratación.

Vaya, a varios hasta los pusieron en el rubro de “servidores de la nación”. Pero claro que no con esos salarios de risa que ofrecen al común de los morenistas, sino unos de categoría “fifí”.

Total que fue un movimiento administrativo menor para mostrar una realidad que no es tal. En la Función Pública tomaron nota de ello.


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El independiente alcalde de Parral, Alfredo “Caballo” Lozoya, tiene cita hoy por la mañana en la sala Revolución del Congreso del Estado. Entregará una iniciativa para fortalecer los procesos de reforma a la Constitución.

La propuesta busca darle más peso a los municipios en las reformas constitucionales, independientemente de la cantidad de habitantes, pues Lozoya considera que en la actualidad la fórmula que demanda el apoyo de cuando menos 20 municipios que concentren el 50 por ciento o más de la población, va contra la agenda municipalista en que debe basarse el desarrollo estatal y municipal.

 El tema es un buen debate; reduciría el requisito para reformar la Constitución del Estado al número de municipios y no a la cantidad de población de cada uno. 

Que comiencen las apuestas a ver cómo le va al “Caballo” en el Legislativo, donde más de un diputado obedece a los relinchidos que llegan desde Parral.


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La Comisión de Orden y Disciplina Interpartidista del Consejo Nacional del PAN puso los puntos sobre las íes en aquel pleito sostenido entre los regidores Enrique Torres  y Amparo Beltrán contra el exdirigente del PAN municipal, ahora candidato de nuevo a la presidencia de ese partido, Joob Quintín Flores.

El motivo de la discordia fue el “Juárez Iluminado” que “Quique” y Amparo encantados votaron a favor en el Ayuntamiento supuestamente sin tener el visto bueno de su dirigencia partidaria que les impuso como sanción la pérdida de sus derechos partidistas.

Pero Torres y Beltrán se defendieron ante el comité estatal y el nacional, cuyas instancias les han extendido sendos perdones. Presumiblemente la Comisión de Orden ha concluido que Job y su cuerpo jurídico no motivaron ni fundamentaron correctamente la sanción. Así que... más oxígeno para los ediles.