Opinión

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Fue sacado del ‘infierno’ y traído a Juárez

El infierno de Dante es menor al infierno conocido por el Jesús Manuel Carrasco Chacón en su paso por la Fiscalía de Justicia en la zona occidente, con sede en Cuauhtémoc

LA COLUMNA
de El Diario

miércoles, 06 octubre 2021 | 06:00

-Fue sacado del ‘infierno’ y traído a Juárez

-La amistad abre Consejería de la Judicatura

-Todavía es puro mito la riqueza del litio

-Busca grupo Delicias PRI estatal

El infierno de Dante es menor al infierno conocido por el Jesús Manuel Carrasco Chacón en su paso por la Fiscalía de Justicia en la zona occidente, con sede en Cuauhtémoc.

Fue testigo de policías estatales que ahora permanecen sentenciados por desaparición forzada de varios hombres; también de policías tanto estatales como municipales acusados de asesinatos.

Encabezó aquellos operativos contra la inmovilización de la Policía Municipal cuauhtemense para mantenerla bajo la subordinación del exgobernador, Javier Corral. Derivado de semejante anarquía fue ejecutado el exdirector de la corporación preventiva, Efrén Peña Flores, operador y amigo cercanísimo del exalcalde de aquella ciudad, Carlos Tena, el expresidente municipal de Morena que sufrió su propio calvario personal de violencia. No terminó su período al frente de la alcaldía.

Carrasco no abrirá los ojos desorbitados de sorpresa en Juárez porque en Cuauhtémoc y toda la zona occidente fue también testigo de múltiples masacres; descuartizados, desgarradores feminicidios y múltiples actos más de las peores clases de crueldad que puedan ser utilizadas para privar de la vida a seres humanos.

En aquella región hay guerra entre facciones de cárteles; en Juárez la pelea es entre pandillas. La brutalidad es la misma, semejante el poder de fuego; considerablemente mayor la cantidad de homicidios.

Desde el lunes es Carrasco el nuevo fiscal de Justicia en la zona norte. No conoce Juárez, pero sabe lo que ocurre en Juárez. Llegó para suplir a Jorge Nava López, quien es ahora prófugo de la Fiscalía General de la República y víctima de un supuesto entramado político-policiaco que involucra a Palacio Nacional, Senado de la República y otras áreas del mayor poder en la nación.

Los nuevos jefes de la Fiscalía General de Justicia en el estado han tenido el visto bueno de Palacio de Gobierno para entregar su voto de confianza a Carrasco Chacón en Juárez y la zona norte.

Seguramente había otras opciones, pero precisamente las circunstancias de alta inseguridad ladearon la decisión en su favor... mientras toma su ritmo y conocimiento el nuevo régimen.

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A piedra y lodo encerraron su amistad durante más tempestades que días serenos el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles y Luis Abelardo Holguín Valenzuela, “El Bayo”.

Hoy esa íntima cercanía ha producido más frutos que la mera prolongación de la amistad. Una ambicionada por muchos (as) silla en el controvertido Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para “El Bayo”. Solía decir, que en paz descanse, el tiburón priista Mario Tarango: la amistad se demuestra, no se presume.

Mejor no lo podrá ir en el naciente régimen al juarense Holguín Valenzuela. Esa consejería tiene un valor económico cercano a los 200 mil pesos mensuales en salario y prestaciones. Además de una influencia tremenda sobre el resto del Poder Judicial en el estado.

El espacio que ocupa Abelardo desde ayer, una vez designado por el Congreso del Estado, es en calidad de presumible “interinato”, mientras su antecesor, Joaquín Sotelo, libra una guerra legal desde que fue destituido del cargo en marzo de este año.

El Consejo de la Judicatura del órgano judicial chihuahuense fue creado en tiempos de César Duarte, pero entró en funciones con Javier Corral, quien lo manoseó peor que su antecesor. Deberá ser sometido este órgano a un sólido proceso de limpia hasta que alcance la seriedad y la credibilidad requeridas.

Queda solo por mencionar que hubo otro actor fundamental en la operación que llevó a “El Bayo” a la Judicatura y que se perfila, cuando sea necesario, para ocupar nada menos que la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado civil, Luis Villegas Montes.

La votación en el Congreso solo requirió de Luis y de Jáuregui un guiño de ojo a los diputados. No necesitaron más.

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La nueva reforma energética, la regresión que representa y la incertidumbre que genera en los inversionistas, fue el tema central de una reunión con diputadas federales del PAN promovida por el presidente del Clúster Minero, Pablo Méndez Alvídrez.

Atendieron la convocatoria Rocío Reza, Laura Contreras y Patricia Terrazas para escuchar los planteamientos de los industriales mineros.

Ellos forman uno de los grupos más afectados con la potencial norma que devuelve a la Comisión Federal de Electricidad el monopolio de la generación de energía.

También en corto se abordó específicamente el tema del litio entre los expertos del clúster, cuya nacionalización suena más a golpe publicitario que a otra cosa.

Resulta que hay en Chihuahua yacimientos en exploración de este metal blando (Juárez, Ahumada, Ascención, Coyame y Cuauhtémoc), pero hasta ahora en terrenos arcillosos.

No hay tecnología que haga viable su explotación como cuando se encuentra en otros ambientes, situación que se repite en todo México. O sea que es puro mito esa riqueza que supuestamente se busca proteger como patrimonio mexicano.

La nacionalización del litio por manotazo presidencial y en sí la propuesta de reforma es mala señal para los inversionistas, tanto por los efectos prácticos como por el juego con el mensaje de la expropiación.

De ejemplo -plantearon los industriales cómo lo han hecho otros grupos del sector productivo- está el caso del uranio, cuya explotación se reservó por el Estado para un programa de energía nuclear de hace décadas.

Uramex, empresa oficial, jamás funcionó ni pudo llegar a una explotación aceptable del elemento radioactivo natural. ¿A qué se puede apuntar con el litio y con un falso mensaje de soberanía que únicamente manda señales de autoritarismo a los mercados e inversionistas?

Se llevaron mucha tarea las legisladoras para la discusión de la reforma que envió Andrés Manuel López Obrador. Por obvias razones los diputados federales de Morena no fueron invitados.

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Resulta que en la adelantada contienda por el PRI estatal, cuya convocatoria ni siquiera ha sido emitida, hasta el devaluado grupo Delicias quiere lanzar candidato en la persona de Guillermo “El Negro” Márquez Lizalde.

Están en la carrera el mismo dirigente actual, Alejandro Domínguez, que ayer anduvo por Juárez; el exalcalde de Aquiles Serdán, Ariel Fernández, que tampoco sale de la frontera; y el diputado federal Hiram Hernández. Como si fueran pocos, ya quieren meter al deliciense a ver qué saca.

No es discriminación por su color, pero los otros aspirantes a la dirigencia ven a Márquez con pobre currículum: coordinó a Enrique Serrano y perdió, coordinó a Reyes Baeza y perdió, coordinó a Graciela Ortiz y perdió. Esas son las credenciales más recientes del exalcalde de Delicias.

Por si fuera poco, “El Negro” fue parte de la burbuja que engatusó al exalcalde de Guachochi, Hugo Aguirre, con la idea de que podría ser candidato del PRI a la gubernatura, en una carrera en la que de plano no tenía posibilidades.

Ahí el deliciense junto con otros nomás le sacaron dinero a Aguirre, le metieron en problemas por pagarle “asesorías” a Márquez con dinero del ayuntamiento y, obviamente, nunca se tomó en serio para ser candidato.

Así que evidentemente le falta más nivel al grupo tricolor que pretende impulsarlo como dirigente.

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