Fue asignada a farmacia con sueldo de Gobierno

• Fue asignada a farmacia con sueldo de Gobierno

• Le da Cruz probadita de poder a Corral

• Presupuesto de Juárez apenas crecerá 1%

• Lista de los 30 que serán despedidos (as)

Las huellas de la corrupción han quedado visibles como el paso de un elefante por un maizal. Desde el Gobierno del Estado fue “adscrita” Andrea Nereida Anchondo Sáenz a una farmacia particular... ¡bajo sueldo del propio Gobierno!

Ella tuvo un sueldo de 36 mil 991 pesos mensuales con cargo al erario pero su jefa en el Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal), Selene Aguirre, la tenía laborando en la Farmacia Egro.

Hemos tenido acceso en La Columna a los datos que marcan el folio número 79 del 16 de mayo del 2017 como uno de los documentos comprobatorios sobre semejante irregularidad.

Digamos que ese hecho fue como la cereza de un pastel cargado de corrupción en la Secretaría de Salud del Gobierno que encabeza Javier Corral.

Egro farmacias apareció de la nada. Germinó y nació bajo el sol cálido del nuevo amanecer corralista. Meses después de arrancado el gobierno en 2016 recibió una adjudicación directa para la compra de medicamentos mínima por 45 millones y máxima por 80 millones de pesos.

El robo descarado pronto quedó expuesto cuando los miles de derechohabientes del Ichisal enfrentaron graves problemas para surtir sus recetas en Egro. 

Abrieron dos pequeños locales en la ciudad de Chihuahua que en automático quedaron rebasados por la demanda de usuarios. Ni pensar que trasladaran sus servicios a Ciudad Juárez con miles de inscritos también en Ichisal.

Ahora podemos comprobar que la empresa particular tuvo facilidades extraordinarias para conseguir la adjudicación multimillonaria sin despeinarse y que no contentos con la tremenda ganancia, pidieron respaldo de empleados con costo al presupuesto público.

Repetimos, esa empleada pública comisionada en Egro es menos que una hoja en el fango. Una rascadita muy superficial a las cuentas que pagó el Estado a esa empresa, las irregularidades respectivas y maniobras con otros múltiples proveedores en el Sector Salud, suman corrupción por miles de millones de pesos.

Javier Corral tiene en su oficina de Palacio de Gobierno expedientes más gruesos que la enciclopedia británica, pero no ha movido un dedo para crear su propio “fondo de recuperación de lo robado”.

Toda la información será expuesta a los chihuahuenses como prueba de ese dicho.

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Una probadita de poder le ha dado el senador morenista Cruz Pérez Cuéllar a su compadre el gobernador Javier Corral Jurado. Ambos sostienen desde hace años una trepidante pelea que afortunadamente ahora se ha quedado en el terreno político.

Corral ha pasado casi toda la semana pasada y la presente en la Ciudad de México, de cuya vida política color de rosa no se debió haber separado. Nunca estuvo preparado para ser gobernador ni ha querido ejercer el cargo al que accedió tras una seguidilla de milagros rezados a los santos del inframundo.

Preparó en esos periplos el gobernador un foro que llama “federalista”, a celebrarse en uno de los antiguos edificios pertenecientes al Senado de la República. La intención: cacayacas contra el Gobierno federal, ahora bajo control de Morena.

Antenoche le informaron a Corral que no podría contar con el edificio de Xicoténcatl porque había sido ya reservado para otros eventos que, ayer supimos, serán presididos por Pérez Cuéllar: la firma de un convenio con el sistema público de radiodifusoras y la presentación de la nueva programación del canal de televisión del Congreso de la Unión.

Mónica Fernández Balboa, la presidenta del Senado (de Tabasco por cierto igual que AMLO) prefirió a su muchacho Cruz que ceder el foro al gobernador chihuahuense.

Amor con amor se paga. Y lo que viene.

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Con recortes federales y estatales en puerta, la administración municipal del independiente Armando Cabada prepara una propuesta presupuestal que rondará el cinco por ciento de incremento nominal.

Pero en términos reales el gasto de la frontera apenas alcanzará un aumento del uno por ciento, de darse la expectativa que se tiene de Ley de Ingresos, cuyo proyecto ya fue aprobado en el Ayuntamiento y está haciendo antesala en el Congreso del Estado.

Le rozará a los cinco mil 400 millones de pesos, con reorientaciones importantes ocasionadas por las reducciones aprobadas a nivel federal principalmente.

El anteproyecto que se prepara para ser presentado a los regidores la próxima semana contempla una fuerte inversión en alumbrado público, con el “plan B” anunciado por Cabada luego del dar marcha atrás al proyecto “Juárez Iluminado”.

Otra gran parte del gasto va a infraestructura y equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. El renglón podría considerarse como una cuarta parte del gasto total de la ciudad, sumados todos los conceptos.

Especialmente se proyecta el sistema de videovigilancia para la zona urbana y atacar el déficit de agentes preventivos con academias para ingresar entre 400 y 500 nuevos elementos durante el año.

El año será complicado y algunos funcionarios municipales deberán aguantar el apretón, además de ser creativos para hacer más con menos.

Cabada ha tenido el respaldo del gobernador Corral pero sólo en apariencia y en el cuidado de lo que llaman formas porque en el fondo no hay ni más apoyos ni más recursos extraordinarios del Estado hacia el Municipio. Eso ha quedado claro en el paquete 2020 ya presentado por el mandatario al Congreso del Estado.

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Del escritorio del contador público Ramón Galindo, subsecretario de Desarrollo Social del Gobierno estatal en Juárez, ha surgido una lista muy interesante, nada agradable, para los empleados de esa oficina.

Aparecen ahí los 30 trabajadores de la Subsecretaría de Desarrollo Social que no pasarán feliz Navidad.

Se trata de un nuevo recorte que entrará en vigor a partir del 15 de diciembre del presente año, nos aseguran, generada en parte por instrucción de la vicegobernadora Leticia Corral –quien domina a Galindo–,  y por otra parte de la nueva titular de Programas Sociales, quien no ha logrado hacer su propio equipo.

Nuestra fuente informativa nos entregó la lista temblando no de miedo, sino de emoción, puesto que ha sido manejada en total reserva dentro de la Subsecretaría.

Entre los enlistados aparecen los siguientes apellidos: Saucedo Olivas, Rodríguez Robles, Almazán Mata, Castañeda Castañeda, Medrano Rodríguez, Cisneros Sánchez, Valadez Monsivais, Romero Pérez, Lomelí Torres, Gallegos Moreno, Nava Flores, Gamboa Meléndez, García Sánchez, Morales Chávez, Montoya Álvarez, Ángel Mejia, Trejo Alvarado, Mares Espinoza, Valdez Monsiváis, Vargas Zavala, Contreras Vela, Núñez Ramírez, Montelongo Rentería, entre otros.

Pues nadie da pie con bola. La pregunta obligada es, ¿para qué buscan generar ahorro en el gasto de nómina? ¿Acaso no sería más fácil recortar del erario el flamante sueldo que recibe la vicegobernadora tras bambalinas, lo cual ya es un secreto a voces, aunado a la camioneta blindada y los guardaespaldas que también cobran en la nómina de Gobierno?

Son preguntas que surgen desde la propias oficinas gubernamentales.