¡Fuchi! ¡Guácala!

En varias ocasiones he repetido en este mismo espacio que la función primigenia del Estado es brindar seguridad. La teoría del Estado nos dice que precisamente nos asociamos para protegernos de los peligros exteriores, y para vivir en armonía en el interior. De ese contrato social deriva la obligación del Estado de proteger a sus ciudadanos, y de castigar las conductas punibles. ¿Quién tomará las decisiones en nombre del Estado? Precisamente aquéllos a quienes las mayorías (en un Estado democrático) elijan para cumplir esa tarea.

Cuando el Estado deja de cumplir con su función originaria, pueden suceder varias cosas: que el mismo colapse por que no pueda sostener su supremacía soberana cayendo en un estado de anarquía, o que los vacíos se poder sean ocupados por los más fuertes, que no son precisamente quienes tienen esa tarea constitucional. Decía el reputado constitucionalista mexicano Diego Valadés que “ahí donde hay algo más grande que el Estado, eso es el Estado mismo”.

Como trascendió en todos los medios de comunicación, el jueves pasado se detuvo a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la ciudad de Culiacán, por parte de miembros del Ejército. Las células criminales que integran el Cártel de Sinaloa actuaron, cerrando los accesos a la ciudad, generando terror por horas, mientras pasaba la balacera iniciada por los criminales para liberarlo. Al final, el Gobierno sucumbió ante la presión del crimen, y decidió liberar a Guzmán. El Gobierno actuó como si tuviera que elegir el menor de los dos males, en lugar de actuar con responsabilidad constitucional de evitar el derramamiento de sangre mientras detenía y custodiaba a Guzmán.

Este proceder oficial parece ser la tónica del actual Gobierno. Si quienes violan la ley son anarquistas, taxistas en paro, manifestantes, o narcotraficantes, el Gobierno ha dejado en claro que no tiene el mínimo interés en perseguirlos. Desde luego que no podemos ponerlos a todos en la misma canasta, sin embargo, la actuación del Gobierno ha sido la misma contra todos: nula. Por tratar de ser percibido como un Gobierno sensible, este Gobierno se ha convertido en un Gobierno blandengue. Si quienes resultaron electos para tomar decisiones complicadas claudican ante el crimen, lo mejor es entonces que dejen el poder. Si no, ¿para qué resultaron electos?

¿En dónde ha sido el Gobierno implacable? En las decisiones que toman contra la clase media que trabaja, y contra los adversarios políticos. Las recientes decisiones del Congreso (en sintonía con el Gobierno) de equiparar el uso de facturas falsas (aunque el contribuyente no lo sepa) con delincuencia organizada, así como la extinción de dominio, son golpes que no distinguen entre el ciudadano de bien y el criminal.

En el mismo sentido, el Gobierno ha sido implacable en contra de los adversarios políticos. Para encarcelar a Rosario Robles incluso falsificaron una licencia de conducir. A Lozoya lo persiguen y encarcelaron a su madre, mientras que a Collado lo tienen encerrado. Quizá Collado y Robles les gustaría que el Gobierno les extendiera la misma atención y trato cordial que el dispensado a Ovidio Guzmán.

Esta historia la he venido denunciando de la misma forma en el fuero común en Chihuahua. En el estado de Chihuahua hay zonas que se encuentra bajo el control de los grupos criminales; incluso son varias las voces que han expresado que, en ocasiones, los policías estatales son desarmados en retenes de grupos criminales, para el efecto de que los primeros se internen en zonas donde tienen diligencias que desahogar, y que al salir de las mismas, las armas les son regresadas.

¿Qué hace el Gobierno de Chihuahua en estas ocasiones? Frente a los criminales, agachar la cabeza; frente a los enemigos del actual régimen y que tengan alguna vinculación con el exgobernador Duarte, perseguirlos con toda la fuerza del Estado, y con toda la contundencia que no le imprimen a su combate contra el crimen organizado. Recientemente detuvieron a la viuda del exdiputado Carlos Hermosillo. Mientras el asunto de Miroslava Breach no se ha aclarado, el Gobierno de Chihuahua detiene a la viuda de uno de sus enemigos. Este proceder recuerda el synodus horrenda, aquel juicio promovido por el papa Esteban VI en contra del papa Formoso cuando éste ya había muerto. ¿Qué instruyó Esteban VI? Desenterrar el cadáver de Formoso, ponerlo en el banquillo de los acusados, sentenciarlo, y después arrastrarlo por toda Roma.

Para los enemigos políticos la inconmensurable fuerza del Estado; para los criminales, ¡fuchi! ¡Guácala!