Opinión

Fiscalía General vs Defensoría Pública: desigualdad de armas

Nadie puede negar la supremacía del Ministerio Público por cuanto a los recursos ilimitados de que dispone (en todos los órdenes) para orquestar una acusación

Héctor García Aguirre

martes, 30 marzo 2021 | 06:00

“El supremo Arte de la Guerra es someter al enemigo sin luchar”. Núcleo de la filosofía de Sun Tzu sobre la guerra.  El arte de la guerra. 

Que existe una humillante desigualdad de armas entre Fiscalía General del Estado y el Instituto de Defensoría Pública del Estado, es una proposición irrefutable hasta hoy; nadie puede negar la supremacía del Ministerio Público por cuanto a los recursos ilimitados de que dispone (en todos los órdenes) para orquestar una acusación.

El Instituto de Defensoría Pública carece de cualquier recurso económico para la generación de pruebas periciales.

Esta situación pone en evidente disparidad a las partes en el proceso, no obstante que la igualdad es un derecho fundamental establecido en los artículos 1 y 20 apartado A fracción V de la Constitución General de la República, 8.2.c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1. y 14.3.b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Desafortunadamente no ha habido voluntad política en las últimas administraciones sexenales para hacer efectivo el citado derecho fundamental, convirtiendo a la Defensoría Pública como un apéndice de la Fiscalía y en un órgano de manipulación política para el gobernador en turno. 

La igualdad de armas es un principio que incide en el debido proceso; no se puede litigar un caso exitosamente si la Fiscalía General tiene a su favor toda una estructura gubernamental mediante la cual puede producir prueba pericial en todos los órdenes, y la Defensoría ni un solo dictamen pericial, indignante, pero cierto.

Algunos agentes del Ministerio Público quieren venderles a los defensores públicos la idea de que los servicios periciales de la Fiscalía también están al servicio de la Defensoría Pública, ¡cosa más alejada de la realidad! Dos razones les deben impedir aceptar tan “generosa” ayuda: a) De acuerdo a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses es la unidad técnica y científica de la Fiscalía General del Estado (no de la Defensoría); eventualmentepudiera prestar servicios a órganos distintos del Ministerio Público, sujeto desde luego a una tarifa para el cobro de derechos. En el caso del Instituto de Defensoría Pública esta prestación de servicios resulta nugatoria ante la falta de recursos para financiar sus investigaciones. b) Y aunque la Defensoría tuviera recursos para pagar servicios periciales, obviamente no serían los oficiales de la Fiscalía General del Estado, es absurdo pensar que éstos se contradijeran en sus dictámenes; en todo caso si la Defensoría tuviera recursos, como sí los tiene el Instituto de Defensoría Pública Federal , se contratarían los servicios de peritos particulares, con ello se lograría la tan anhelada imparcialidad que no se encuentra en los peritos oficiales. 

Es grave la situación que padece la Defensoría Pública del Estado de Chihuahua, sin servicios periciales no puede existir investigación paralela, y sin ésta, difícilmente se puede llegar a otro resultado que no sean las pírricas victorias que obtiene la Fiscalía, que de ninguna manera resultan plausibles, si le han invertido dinero público a raudales para allegarse de dictámenes en todas las materias, servicios con los que la Defensoría Pública jamás ha contado, pero que puede contar, si la próxima administración es sensible al cumplimiento de los derechos fundamentales que les asisten a los imputados, particularmente, al principio de igualdad de armas.

Con un relato sobre el tema, cierro mi participación. En años recientes acudió una delegación de Chihuahua a las instalaciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales en  la Ciudad de México para exponer los avances del sistema acusatorio en nuestra entidad, viajaron una jueza, una defensora pública y un capacitador de renombre nacional; el anfitrión fue ni más ni menos que el doctor Sergio García Ramírez, investigador conocido por la comunidad jurídica nacional e internacional, pues fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además su presidente de 2004 a 2007. Nuestros embajadores le expusieron a tan distinguido personaje la situación global del sistema procesal penal en nuestro Estado; al concluir, el Dr. García Ramírez les pidió el domicilio y teléfono del director de servicios periciales del Instituto de Defensoría Pública, ante lo cual los enviados se voltearon a ver buscando alguna respuesta; la jueza atinó a decir: no señor, el Instituto de Defensoría Pública no tiene servicios periciales, a lo cual el insigne catedrático se levantó y les dijo que ese no era un verdadero sistema acusatorio, que no tenía nada más que escuchar, dando por terminada la reunión.

P.D. Por cierto seguimos esperando desde hace quince años, el reglamento del Instituto de Defensoría Pública y el aumento de la compensación de los defensores públicos, que en quince años no ha subido un solo peso.