Fenómeno migratorio: potencial crisis humanitaria, económica y sanitaria

Para quienes piensen o crean que el fenómeno migratorio que se vive en esta frontera ha sido satisfactoriamente...

Francisco Ortiz Bello
Analista
domingo, 07 julio 2019 | 06:00

Para quienes piensen o crean que el fenómeno migratorio que se vive en esta frontera ha sido satisfactoriamente resuelto o que siquiera estamos cerca de ello, lamento mucho decirles que, por el contrario, tenemos en puerta una potencial crisis de alcances insospechados.

La presencia inusual y descontrolada de miles de migrantes en nuestra ciudad en fechas recientes, ya está generando en estos momentos alteraciones importantes al ritmo ordinario de vida de los juarenses y de sus instituciones, porque se trata de seres humanos (hombres, mujeres, niños, ancianos) que requieren de los más elementales servicios básicos y, dada su condición de migrantes, es decir, de personas sin documentos migratorios legales, resulta sumamente complicado brindarles tales servicios y atenciones.

La autoridad municipal tiene un estimado de 10 mil migrantes en Juárez, mientras que la autoridad estatal habla de casi 12 mil, en tanto que el Gobierno federal ni siquiera ha realizado un cálculo sobre este indicador, lo cual resulta muy preocupante ya que carecemos siquiera de un censo general, confiable y actualizado, sobre la cantidad de migrantes que hay en Juárez. Es decir, no sabemos a ciencia cierta cuántos son, de qué edades, de qué nacionalidades, cuántos son hombres y cuántas son mujeres, cuántos niños, cuántos adultos mayores, cuántos están enfermos, en fin, desconocemos casi todo sobre ellos. Y todos, o la gran mayoría, vienen desde lejanos países centroamericanos o caribeños literalmente sólo con lo que traen puesto.

Y ésa es la primera gran falla estructural del Estado mexicano. No hay una adecuada coordinación de funciones y acciones entre los tres niveles de gobierno, para establecer con precisión y claridad un censo completo de migrantes, uno solo, integrado y no conteos parciales de cada nivel de autoridad, los programas o medidas que se aplican, qué nivel de gobierno las debe aplicar, así como las acciones tendientes a prevenir complicaciones en aspectos de seguridad, de salud, de educación y de orden social aunque, la verdad, hablar de prevención a estas alturas ya suena bastante fuera de lugar.

La autoridad, hablando de los tres órdenes de gobierno, tampoco tiene establecidos institucional y coordinadamente programas sanitarios, educativos, laborales y de salud, para brindarles la atención básica a estos migrantes. Sí hay esfuerzos separados, desconectados, desarticulados, de cada una de las dependencias municipal, estatal y federal, pero no existe una reacción coordinada, conjunta, que afronte el problema. O no se percibe al menos.

De entrada, debemos apuntar que el tema de los migrantes es eminentemente de competencia federal, porque implica la calidad o estatus legal de extranjeros en nuestro país, en nuestro de territorio, y en esa calidad, las leyes mexicanas señalan con puntual precisión que es el Gobierno federal el encargado y el responsable de atender ese tema, con todas sus implicaciones y derivaciones.

Sin embargo, y reconociendo ampliamente lo señalado en el párrafo anterior, por tratarse de una problemática en la que el principal ingrediente o sujetos de la misma son seres humanos, personas, ni la autoridad estatal ni la municipal se pueden desentender del problema aunque no sean los legalmente obligados a hacerlo.

Ciudad Juárez ha sido siempre territorio hospitalario y generoso para la migración tanto nacional como internacional. La posición geográfica de frontera hace inevitable que recibamos permanentemente esta clase de flujos migratorios, y así ha sido por centenas de años desde la conformación de los límites fronterizos con Estados Unidos, pero no en las condiciones que hoy se viven. Sólo como contexto necesario al problema es necesario apuntar, recordar, que la actual crisis que vivimos se deriva de las políticas migratorias establecidas por el actual Gobierno federal, mismas que desataron la inconformidad primero, del Gobierno norteamericano, particularmente el presidente Trump, y luego una serie de medidas y “sanciones” económicas que pusieron a nuestro país ante la disyuntiva de negociar con los vecinos del norte.

De estas negociaciones surgieron acuerdos entre ambos gobiernos, para suspender las medidas económicas impuestas a nuestro país, acuerdos aun no muy claros todavía, entre los que destaca la contención del abundante flujo de migrantes por nuestro territorio hacia los EU, y por otro lado la aceptación en territorio mexicano de estos migrantes, lo que de facto nos convirtió en el tercer país seguro dentro del TLCAN, lo que a su vez nos obliga a brindarles toda clase de atenciones y servicios humanitarios básicos. Así está más o menos en estos momentos la situación.

Bueno pues, en este contexto, nos enfrentamos como ciudad al primer problema delicado: no hay recursos económicos para hacerle frente al problema. Y es sólo uno de los contratiempos, si bien quizá el más determinante porque sin dinero no se puede hacer nada o muy poco. Se requieren recursos forzosamente para habilitar albergues donde duerman, casi 15 mil personas, también para su alimentación e higiene básica. Pero no es sólo darles una cama donde dormir, un techo donde guarecerse y un plato de comida, no. También hay que atender su estado general de salud, y este es el otro problema de gran importancia y trascendencia que no se está atendiendo adecuadamente.

¿Por qué la salud de los migrantes es tan relevante en todo este asunto? Bueno, pues fácil, primero por ellos mismos, porque como seres humanos y como lo determina la ONU y la OMS, la salud es un derecho básico para cualquier migrante en el mundo y, por tanto, hay que verificar que se encuentren en buenas condiciones de salud. Pero también por nosotros mismos, por los juarenses, ya que al ser una población en tránsito en muy precarias condiciones sanitarias, higiénicas y humanas, están mayormente expuestos a toda clase de enfermedades, algunas de ellas altamente contagiosas.

Así lo reconoce la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) en un comunicado del 21 de enero de este año, en el que señala que los migrantes y los refugiados presentan un mayor riesgo de tener mala salud que las poblaciones de acogida; según se desprende del primer informe de la OMS sobre la salud de los desplazados en Europa, y lo cual no es muy distinto a lo que ocurre en nuestro país.

En el documento señalado, la OMS indica que, pese a que las enfermedades transmisibles suelen estar relacionadas con los desplazamientos y la migración, hay una creciente concienciación de que diversas afecciones agudas y crónicas también requieren atención. También señala que la depresión y la ansiedad tienden a afectar más a los refugiados y los migrantes que a las poblaciones de acogida. Sin embargo, la variación en función del grupo de migrantes de que se trate y en los métodos utilizados para evaluar la prevalencia hacen que sea difícil sacar conclusiones definitivas. En general, la tasa de incidencia y de prevalencia de la diabetes entre los refugiados y los migrantes, así como de mortalidad por esta enfermedad, es mayor que entre la población de acogida, registrándose tasas más elevadas entre las mujeres.

En ese orden de ideas, está por demás señalar la urgente necesidad de adoptar estrictas medidas sanitarias con los migrantes asentados en nuestra ciudad, a pesar de lo delicado del tema que en algún momento pudiera rayar en el filo de la discriminación o la xenofobia pero que, sin embargo, es algo que se debe hacer por el bien de ellos y de nuestra comunidad, por supuesto cuidando escrupulosamente sus derechos humanos y su integridad.

Un tema aparejado con el de la salud, igual de importante y desatendido, es el de los menores de edad, los niños y niñas que vienen con este grupo de migrantes, empezando por saber cuántos son, de qué edades y de que género, para atenderlos en lo más básico de su educación, ya que es uno de los derechos internacionales reconocidos para la niñez y, por lo que se advierte, estarán por un buen tiempo entre nosotros.

No advierto, ni en el Gobierno municipal, ni el Gobierno estatal, y menos en el federal, la intención de establecer una política gubernamental de acción conjunta, coordinada, eficiente e integral que –desde hoy– permita aminorar los riesgos de una grave crisis entre la población migrante y, por ende, en nuestra comunidad. 

Quisiera equivocarme y que me desmintieran, principalmente el Gobierno federal, pero no con bonitas promesas de acciones futuras, sino con acciones concretas e inmediatas. Aceptaría con gusto el desmentido y la corrección a todo lo aquí expuesto. Ojalá que así fuera.