Opinión
OPINIÓN

Falló la política y llegó la muerte

Un joven matrimonio de productores cuyas edades no llegaban a los 40 años fue acribillado en el trayecto de la presa a su hogar

LA COLUMNA
de El Diario

jueves, 10 septiembre 2020 | 06:00

-Falló la política y llegó la muerte

-El homicidio es un crimen de Estado

-Siguen pateando acuerdo en la Jucopo

-Si no se apuran aplicarán otro recorte

A finales de marzo, casi al mismo tiempo que fue paralizado el país por la pandemia del coronavirus, productores de la región centro-sur de Chihuahua empezaron a bloquear carreteras y a sostener fuertes encontronazos con policías estatales, federales, militares y la Guardia Nacional.

Desde entonces a la fecha no faltó nada para la llegada de la tragedia. Era inminente la fatalidad. Se presentó sorpresivamente a la medianoche de este martes en la región de Delicias y tras desalojar los campesinos a unos 500 militares que se habían posesionado de la presa La Boquilla.

Un joven matrimonio de productores cuyas edades no llegaban a los 40 años fue acribillado en el trayecto de la presa a su hogar. La mujer murió en el sitio de la agresión, el hombre fue trasladado grave a un hospital de la ciudad de Chihuahua.

El extraordinario conflicto suscitado por la extracción de agua de las presas de aquella región para cumplir con un tratado internacional de aguas firmado con los Estados Unidos desde 1944 ha escalado hasta el nivel de la confrontación física y la fatalidad porque ha fallado terriblemente el ejercicio político y han sobrado intereses particulares y electorales.

Han sido casi cinco meses y medio en el 2020  (y cada año es la misma) de pleito, gritos y amenazas cada vez que las válvulas de las presas son abiertas para enviar el agua fuera de Chihuahua con el consecuente enojo de los más de 12 mil campesinos y sus familias pertenecientes a los distritos de riego en la zona.

No fue suficiente todo ese tiempo para que las autoridades particularmente estatales y federales dialogaran con los productores y los acuerdos necesarios para evitar la confrontación.

Frente a esa incapacidad en el ejercicio político de primer nivel, tanto el Gobierno estatal como el federal optaron por enfrentar con policías y militares a los productores.

Las consecuencias no podían ser otras que la agresión y la muerte. Policías y soldados no entrenan en salas de café ni toman cursos de diplomacia, en casos aislados son obligados a conocer cualquier cosa sobre derechos humanos. Su preparación es para la contención física y el ataque.

Por supuesto que en el conflicto hay intereses político-electorales y de mero lucro económico pero no entre el grueso de los productores, víctimas de vividores, sí, pero ahora también de un mal gobierno, incapaz de alcanzar acuerdos mediante acciones pacíficas.

***

La necropsia dará luz en el homicidio de Jessica, quien murió en el asiento de copiloto de la camioneta de su marido, también herido. La retirada del responsable de la Guardia Nacional en la zona es evidencia de culpa. Careció del valor para enfrentar a los agricultores.

Tenía cinco heridas de arma de fuego y al parecer fueron realizadas por la espalda. No traían armas y las pruebas de radizonato de sodio saldrán necesariamente negativas, por lo que no pudieron haber disparado.

El comunicado enviado en redes por la Guardia Nacional trata de exculpar responsabilidades, pero no tiene cuadratura. Dispararon a la oscuridad, rompiendo todo protocolo de actuación. Hay testigos.

Es un asunto grave del tamaño de los que en el pasado han sido señalados como crímenes de Estado, y en el colmo, Jaime Torres, gravemente herido, no había sido intervenido quirúrgicamente por falta de dinero. Andaban los agricultores haciendo coperacha para pagar la cirugía.

Tétrico el asunto sin duda, historia de una tragedia anunciada, que no le regresará su madre a tres pequeños.

Las indagatorias corren por cuenta de la Fiscalía General del Estado Zona Centro, que deberá guardar como oro el casquillo localizado en el lugar de los hechos, así como las ojivas incrustadas en los cuerpos y el vehículo.

***

El conflicto entre productores, Comisión Nacional del Agua, Guardia Nacional y Gobierno estatal -en calidad de pasivo espectador- resonará hoy en la sesión del Congreso del Estado. De nueva cuenta eso llevará la agenda de pronunciamientos, llamados y exhortos prácticamente inútiles.

Ese problema impidió que el martes la Junta de Coordinación Política se reuniera para votar el relevo del coordinador panista, Fernando Álvarez Monje, como presidente del órgano colegiado.

Inicialmente los diputados patearon para antes de la sesión de hoy el necesario acuerdo para designar presidente de la Jucopo, debido a que su dirección actual viola la misma Ley Orgánica del Legislativo. La norma prohíbe concentrar en un mismo partido la conducción de la Junta y de la mesa directiva del Congreso, como hoy sucede a favor de Acción Nacional.

Sin embargo, ante la previsión de un nuevo choque la crisis del agua y sus consecuencias que ya dejaron saldos mortales, la Jucopo se encargará de su relevo hasta mañana... si no es que se vuelve a retrasar la convocatoria a una sesión.

Siguen las mismas apuestas (Miguel Colunga por Morena, Rosa Isela Gaytán por el PRI o cualquiera de los minipartidos que pueda empoderar el PAN), y en realidad ya se han andado mucho por las ramas los líderes de las bancadas.

El problema es que la violación a su norma general por parte de los diputados ya comienza a ser notable y a generar suspicacias entre los mismos legisladores. Ellos saben que de la Jucupo dependen muchas prebendas y concesiones más allá de las formalidades y por eso tan reñida pelea por la tan insignificante, en apariencia, posición política.

***

Los primeros reportes del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 apuntan una baja de 0.3 por ciento en lo correspondiente a las aportaciones para Chihuahua. Si se suma el índice inflacionario el golpe será superior al cuatro por ciento en términos reales.

La prospectiva de ingresos y gasto del Gobierno federal, entregada la tarde del martes a la Cámara de Diputados por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, apunta a un castigo directo a menos de una decena de entidades, entre ellas Chihuahua; y a un crecimiento nominal insignificante en otras 16.

No son las participaciones federales las que caen, esas permanecen sin cambio alguno en la fórmula de distribución. Son las aportaciones, que corresponden a proyectos conjuntos de los gobiernos y que surgen de acuerdos, negociaciones, cabildeos.

A ello y no a otra cosa deberían avocarse tanto el Ejecutivo estatal que representa Javier Corral como los 13 diputados federales de la entidad. De los legisladores seis son de Morena, dos del Partido del Trabajo, uno de Movimiento Ciudadano y cuatro del PAN, entre estos últimos la presidenta de influyente la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas Baca.

El proyecto del Ejecutivo federal puede modificarse en San Lázaro, de hecho seguramente ocurrirá. Pero depende del talento gestor y negociador de gobernadores y diputados federales amortiguar el impacto a sus respectivas entidades.

La caída en términos reales del gasto federalizado es una amenaza grave sobre cualquier proyecto del año 2021, que por cierto es electoral y eso motiva recortes, premios y castigos para que los gobernadores no se pasen de listos.

La mala relación de la administración corralista con la gestión de Andrés Manuel López Obrador, desgastada además por las crisis constantes en todos los renglones, será un gran escollo. Si eso se toma como pretexto para victimizarse en vez de una señal de alerta que apure al mandatario estatal y a los diputados, el recorte podría ser incluso mayor.