Estallan ajustes por crimen y corrupción

• Estallan ajustes por crimen y corrupción

• Caso Urzúa golpea también a Juárez

• Van por la silla del profe en Morena

• Llevarán caso Aristeo a Palacio Nacional

Ninguna corporación policiaca arrastra los antecedentes rojos que ahora registra la Comisión Estatal de Seguridad (CES). La Municipal de Juárez ha presentado algunos casos de tortura; la de Chihuahua carga incluso con la muerte reciente de un detenido (por cierto todavía sin castigo los mandos y agentes agresores), pero la CES ha sido convertida en un volcán de corrupción sistemática, tortura y muerte.

Han sido los grupos delictivos internos los que al final del día han salido triunfantes con la remoción de la jefa de Asuntos Internos de la Fiscalía General del Estado, Erika Jasso, anunciada ayer por la propia institución.

Ella ha llevado centenas de carpetas de investigación contra las actuaciones irregulares del personal que labora en la Fiscalía; especialmente de agentes del Ministerio Público y policías ministeriales, pero en particular de mandos de la CES, dominada por jefes con licencia de la Policía Federal, incluido su titular, Óscar Aparicio Avendaño.

Han cometido toda clase de tropelías. Cecilio Hernández Martínez, jefe de la CES en Madera, mató a un detenido en Madera en mayo de 2017. Permanece recluido pero durante el proceso correspondiente trató de ser exculpado con persistencia por su amigo y jefe Aparicio.

El pasado 10 de abril  fueron sentenciados a 28 años de prisión los mandos de la CES en Cuauhtémoc, Jesús Cortés Jiménez e Israel Córdoba Castro. Meses antes desaparecieron a tres jóvenes.

“Esto no se quedará así”, le asestaron los federales con licencia a Jasso en plena audiencia judicial tras recibir la sentencia en una sala de juicio oral de Cuauhtémoc.

Ellos son protegidos por el jefe de inteligencia de la CES, Saúl Miranda, uno de los principales operadores de Aparicio y del fiscal general, César Peniche.

Miranda es el capataz de ambos jefes policiacos para defender sus intereses en las ardientes peleas internas contra mandos tradicionales de la Fiscalía, entre los que ahora se ha dado el cambio de Jasso y varios funcionarios más. La semana pasada fue expulsado el administrador general, Rafael Valenzuela.

Hace un mes fue ejecutado uno de los operadores del bando de Peniche, Óscar Díaz, ayer presumiblemente fueron detenidos un ministerial y varios sicarios como responsables, pero la supuesta investigación la dirigió Miranda.

Toda la información pública, privada y extraprivada, permanece en manos del gobernador del estado, Javier Corral Jurado, pero a pesar de su grave responsabilidad ha permitido que las cosas sigan igual mes tras mes durante los dos años y medio que lleva al frente de la administración. Y por las vísperas, será peor.

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La sacudida es inesperada y contundente. Carlos Urzúa Macías expone como una de las razones para dimitir a la titularidad de la Secretaría de Hacienda la “imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública, motivado por personajes influyentes del actual Gobierno con un patente conflicto de interés”.

El ahora exfuncionario relata que discrepancias hubo muchas, “alguna de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política económica sin el suficiente sustento... estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión las convicciones anteriores no encontraron eco”.

Casi es la misma fotografía de las motivaciones que tuvo por su lado Germán Martínez para renunciar hace escasas semanas a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): “injerencias perniciosas” y la llegada de funcionarios a los que importa “más el cargo que el encargo”.

El caso Urzúa pega en Juárez por doble partida, hay compromisos extraordinarios sin cumplir de inversiones para concluir la construcción de hospitales especializados y una zona fronteriza franca o libre que se ha quedado en mero decreto; ha sido un fracaso y un golpe tremendo para la economía local.

Esa renuncia deja nuevamente en evidencia la singular debilidad que sufre el equipo operativo de Gobierno de López Obrador y que se traduce justamente en malas decisiones, rezagos importantes por todos los ámbitos de la vida nacional y hasta sonados fracasos como éste del decreto fronterizo.

Después de Germán Martínez la renuncia que seguía era la de Olga Sánchez Cordero a la Secretaría de Gobernación. No se ha dado pero nos aseguran que es cada vez más cero a la izquierda en el gabinete y por lo tanto pendiente su salida en cualquier instante, por si algo faltara.

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Tras la reunión del Consejo Nacional de Morena, donde a la dirigente Yeidckol Polevnsky le fue como en feria, el líder estatal del partido, Martín Chaparro, desistió de competir para una reelección.

En realidad el dique de los estatutos y la reconformación de fuerzas dentro del partido de izquierda hacían imposible la permanencia del dirigente al que se acredita buena parte del crecimiento alcanzado por Morena en Chihuahua, en contra del marcado bipartidismo existente.

El desistimiento de Chaparro desató la pugna por la presidencia estatal, pues todos estaban a la espera de la jugada del profe.

Ya hay un primer listado con detalles de los aspirantes, pero es un hecho que habrá de crecer al paso de las semanas.

Por la presidencia de Morena se soltaron Pedro Torres, cercano al superdelegado Juan Carlos Loera; además de Osman González, actual secretario del Trabajo del partido y Fernando Tiscareño, excandidato a la Presidencia Municipal de Chihuahua.

Por otra banda corren Marcelino Gómez Brenes, delegado regional para la capital y sus alrededores, a quien algunos ven como una opción que uniría varias corrientes internas.

Y además figura en la lista Omar Holguín, actual presidente del Consejo Estatal, conocido por su efímero nombramiento de secretario de Asuntos Legislativos del Congreso del Estado.

Pero en Morena hay otra posición de influencia en juego, además de la dirigencia ejecutiva. Es, precisamente, el Consejo Estatal.

Para encabezar este órgano están enlistados Hugo González, coordinador de asesores en el Legislativo y Ximena Reyes, secretaria de Formación Política, ambos ligados a Loera de la Rosa.

Así la desatada sucesión en Morena. Hay que agarrar aire porque la carrera es de resistencia, ya que la meta se alcanza hasta después de septiembre. 

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La Oficina de la Presidencia de la República dio cita a una veintena de juarenses con Andrés Manuel López Obrador, para plantear el caso del sacerdote Aristeo Baca.

La audiencia se programó tarde, hasta el 4 de septiembre en Palacio Nacional. 

Al menos eso les dará tiempo a los activistas para preparar evidencias de cómo han sido desprotegidas las víctimas de violación y abuso sexual en Juárez y en general en todo el estado.

El grupo lo conforman estudiantes, maestros y ciudadanos de diferentes sectores, que han condenado la forma en que se manejó el caso del sacerdote católico. 

Acusan omisiones intencionales de la Fiscalía General del Estado y una protección de la Diócesis de Ciudad Juárez, a cargo del obispo José Guadalupe Torres Campos.

En el proceso judicial que se instauró contra Baca Olmos nada puede hacer el Ejecutivo federal, pero obviamente lo que se busca es hacer presión para que el asunto no se quede enterrado y congelado en los archivos.

Pero además critican –y en esto sí puede intervenir la autoridad federal– que desde las esferas gubernamentales se ha promovido el discurso que ensalza la obra de Aristeo en sus dos décadas de apostolado, como si ello restara importancia a las acusaciones en su contra.

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La bancada completa de Morena en el Congreso del Estado fue reunida la noche del lunes en la Garuffa Juárez con el subsecretario de Trabajo, Horacio Duarte, y el superdelegado federal en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa.

Durante más de dos horas, los legisladores fueron aleccionados sobre las acciones que ha venido desarrollando la Secretaría del Trabajo en materia de contención migratoria y las alternativas que vienen del Gobierno federal para ayudar en materia de empleo y sustento a los migrantes.

Fueron notorias las presencias del jefe de los diputados morenistas, Miguel Colunga, quien cargó al menos con un par de asesoras y choferes; de la diputada Ana Estrada, y “del tío favorito Pichú” de la Rosa, pariente y escudo del superdelegado. La foto correspondiente en la edición digital .