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Opinión

Escándalo Maru: la banalización de la justicia

El escándalo de corrupción que vincula a la alcaldesa con licencia María Eugenia Campos Galván con César Duarte cuenta ya en su haber con un déficit: la justicia y el Estado de Derecho se han banalizado

Jaime García Chávez
Escritor

domingo, 28 febrero 2021 | 06:00

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El escándalo de corrupción que vincula a la alcaldesa con licencia María Eugenia Campos Galván con César Duarte cuenta ya en su haber con un déficit: la justicia y el Estado de Derecho se han banalizado. Quiero decir con esto que se ha trivializado e incurrido en una profunda falta de respeto a la sociedad al convertir los aparatos de justicia en simples apéndices del partido en el poder y su empleo para dirimir los conflictos internos en el PAN y sus facciones en pugna.

Así, tenemos de una parte el menguado corral-maderismo, y del otro los proyectos de poder que encabeza la aspirante a la gubernatura, con el apoyo decidido y férreo de los intereses económicos concentrados en una oligarquía que quiere ponerle freno a la Cuatroté en esta parte del país y con miras a generar una mayor plataforma hacia la elección de 2024.

Esta banalización se podría sintetizar en una frase: con Maru sí ganamos y que todo lo demás se tire por la borda. Si estas opiniones circularan exclusivamente en las cantinas y los restaurantes, aunque preocupante el hecho, no sería de la gravedad que entraña darle un nivel supeditado, a modo, de uso discrecional, a eso que podríamos denominar “administración de la justicia”, en un tema nodal que tiene como fuentes a la clase política, los aparatos de estado, los proyectos de poder, las relaciones con la sociedad, las relaciones sociedad-estado, y el desprecio de la comunidad a la que, al paso que vamos, se le pretenderá engañar con mentiras superlativas, como la falta de unas copias, un notario olvidadizo, la declaración de que hay algo detrás, o de plano tener que creerle a Campos Galván que todo está hecho con perversidad para perjudicar su desenfrenada carrera política.

Frente a la banalización en marcha, que pretendería satisfacer con baratijas la obligación de ir a fondo, cualquiera que sea el desenlace en la resolución del caso, bajo los principios que rigen a un estado de leyes que se cumplen, con transparencia suficiente y máxima publicidad, vemos a sectores de la sociedad insensible al atraco que se cocina y que manchará para un ciclo largo la credibilidad en el derecho y la justicia, asociada a los designios del poder.

Lo que vemos en estos momentos es una convergencia para ponerle un colofón –probablemente con un forzado sobreseimiento– a un escándalo que se tramitó con negligencia una causa real desde el Palacio de Gobierno, no obstante la importancia del mismo y por tratarse de la agenda insignia del corralismo. Corral y su fiscal, César Peniche, no hicieron la tarea, se durmieron en sus laureles, quizás pensando que ya convertidos en corona ceñirían sus frentes. En realidad poco mérito tienen a la luz de una historia que está por escribirse y en la que ambos ocupan un lugar deplorable. 

Campos Galván trivializa: llegó a la cita el pasado miércoles 24 de febrero envuelta en una bandera: a ella la apoya “el de arriba”, el cielo, y ya con largueza, es fácil suponer que dios, pero con una suspensión otorgada por un juez federal que claramente ordenó que no se lleve a cabo la audiencia de formulación de imputación hasta que se resuelva la suspensión definitiva, aclarando que “hasta en tanto la quejosa (Campos Galván) obtenga las copias que solicitó, pues en ese caso quedaría suspendido el obstáculo para la celebración de la audiencia… y evitar que la quejosa sufra daños de imposible reparación”. En otras palabras, la alcaldesa con licencia se apoya en el muy católico refrán, “a dios rogando y con el mazo dando”. 

Y aquí entra la falta de respeto al Estado de derecho. Un juez federal que sabe a ciencia cierta que el juicio de garantías, con fraude a la ley, se emplea para que no haya el despliegue de la justicia que la sociedad reclama, demostrando de paso que las ramificaciones del panismo son profundas en el Poder Judicial de la Federación y donde los abogados panistas, caros pero no de alto nivel, son magos en cabildear resoluciones del tipo de la anotada, que exhibe cómo el litigio se hermana con el cinismo.

En esta trivialización juega un papel importante el suspenso y la siembra de miedos a los cuatro vientos. Se dice que son muchísimos más los de la nómina secreta, pero a cuentagotas trasminan los nombres del exdirector de El Heraldo de Chihuahua, Javier Contreras, de la antigua dueña del PRD, Hortensia Aragón, del ahora morenista Armando Cabada, y de otros, quizás de menos calado, pero igualmente corrompidos. Aquí banalizar es mostrar nombres a ton ni son, para amedrentar bajo cuerda, pero nunca para hacer justicia. 

A su vez el Poder Judicial del Estado rompe sus obligaciones y compromisos con el derecho. Encargado central de realizar la justicia a través de los debidos procesos, se ha entregado en brazos de las consignas corralistas y de las pifias que luego resultaron en sonados casos como el del exalcalde priísta de Chihuahua, Javier Garfio, o el del gordillista Ricardo Yáñez. Su presidente, Pablo Héctor González, pone otra pieza en esta falta de respeto –léase banalizar– a las instituciones, por una sencilla razón: no halla qué hacer a la hora en que su rey muere y la posibilidad de que lo sustituya una reina a la que ya le quema incienso, por si acaso. Su narrativa es que él no hace sala, que no dicta sentencias, que administra, pero no nos explica, si así fuera, el porqué no únicamente se cambió de juez, sino de grupo de juzgadores, algo inusual en estos casos, y dicho sea de paso, circunstancia que no acontece sin que la cabeza del tribunal no esté enterado y con las manos adentro.

Pero la mayor trivialización se dará si cobra estado la injusticia con una grotesca puesta en escena de la magnífica obra de Lope de Vega (Fuenteovejuna) en la que todo quede reducido a un show mediático, un vodevil pues. Y digo grotesca porque aquí se pretenderán diluir responsabilidades en favor del partido, de la señalada alcaldesa con licencia y del gobernador holgazán. En otras palabras, un Fuenteovejuna a la inversa.

No hay mayor banalización de la justicia que supeditarla a los vaivenes de la política electoral del partido en el poder. Ninguna mayor que reducirla al pragmatismo electoral. Pareciera que el corralismo, para salir del laberinto en el que se metió, no le ha quedado de otra que entregarle a la sociedad a una robusta Campos Galván que se autovictimiza en cada oportunidad. Ya ven cómo gusta a muchos el martirologio. 

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