Diario
Opinión
domingo, 07 julio 2019 | 06:00
Casi rozando el octavo mes de la administración federal las promesas no se han consolidado en proyectos aterrizados; particularmente el tema de la zona franca en el norte del país, con severas repercusiones no sólo en el apartado económico, sino terriblemente y sin precedentes en lo social.
Las fechas se han venido cumpliendo, ya estuvo de nuevo el presidente en Juárez y regresó a tocar el punto a Ojinaga, y nada claro.
Han dicho el presidente y sus funcionarios que sería evaluado el programa de estímulos fiscales en tres meses, pero quedó también en el aire.
Estuvo en Chihuahua apenas la semana pasada el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, el empresario que le habla al oído al presidente, Alfonso “Poncho” Romo, pero pareció una visita de protocolo altamente cuidada.
Salvo excepciones, Romo vino, comió y se retiró, con la más cálida cordialidad y cortesía, llevándose un grueso portafolio de proyectos empresariales cuyo destino es incierto.
Las inversiones están priorizadas por el Gobierno con base en una nueva planeación nacional con énfasis en la subsidiariedad directa a la población y proyectos sin intermediación alguna.
Para colmo se agudiza la situación con los migrantes: Trump y López Obrador juegan a la alta diplomacia electoral, donde para ambos todo está bien –con sus datos– y se echan confeti.
Para Estados Unidos, México está haciendo su parte y se coloca estrellita por sofocar el problema, mientras en el norte, en Juárez, cruzan de 800 a 900 migrantes diarios hacia la Unión Americana, arriesgando su vida y la de sus familias, en una crisis humanitaria sin parangón.
Militarizar la frontera norte y sur fue la respuesta mexicana a las presiones norteamericanas, pero ello no ha resuelto en paralelo la lentitud en el cruce de mercancías por tierra y el cierre esporádico pero continuo de la línea fronteriza, y sus graves repercusiones en lo económico.
No es Chihuahua, ni Juárez en lo particular, es toda la frontera norte, tres mil quinientos kilómetros, industria, comercio, educación, salud, actividades que convulsionan sin respuesta, ante el fracaso de la varita mágica de la ilusión de una zona franca que ni en papel reglamentado existe.
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La zona franca es proyecto viejo para los municipios y entidades fronterizas. Trató de hacerse con Porfirio Díaz y fracasó.
Casi 100 años después, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez prohijó un estudio muy completo en la materia, que presentó al incipiente Gobierno de Peña Nieto, pero quedó en el tintero sin aplicación alguna.
En su campaña, Andrés Manuel hizo suya la propuesta. A lo largo de la frontera norte enarboló la bandera de una zona libre.
Pero ya en el Gobierno, el proyecto se trastocó. Es un Frankenstein, que no tiene pies ni cabeza, un híbrido fiscal que favorece todo menos su cumplimiento.
Desde su anuncio oficial en enero de este año hasta el decreto allá por el 31 de marzo –muy, pero muy tarde–, la constante fue y ha sido la incertidumbre tremenda.
Las reglas de operación buscan más evitar la evasión y la elusión, que servir de trampolín al impulso de la economía transnacional, que lo que menos requiere son barreras.
Todos los actores en la materia, sector privado y público coinciden en que ni hay zona franca ni los estímulos fiscales del ocho por ciento al IVA y el 20 por ciento al ISR han tenido los beneficios esperados.
Registrarse, acreditar y obtener la devolución del crédito fiscal es un martirio, en el cual están envueltos miles de millones de pesos, financiados por el sector empresarial, que está a punto de estrangularse.
Reglas convertidas en un laberinto y excepciones que excluyen por ejemplo honorarios y outsourcing, nulifican los incentivos fiscales para personas físicas y grandes empresas.
Súmese a ello el incremento a 160 pesos del salario mínimo diario –que si bien es cierto es menor de lo que se paga en términos generales–, hay un coctel de carga fiscal extraordinaria, que en lugar de convertirse en un alivio es un lastre.
La semana pasada estuvo con directivos de Índex Juárez Horacio Duarte, subsecretario de Trabajo y Previsión Social. Llamó más la atención de los jefes de la industria manufacturera por haber arribado al encuentro en una flamante Lincoln Navigator que por los resultados obtenidos en el encuentro.
Este martes andará de nuevo dicho funcionario por Ciudad Juárez. Ahora la reunión la tendrá con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, quienes esperan soluciones y no más retórica.
En el caso del cacareado precio de la gasolina, supuestamente emparejado, Juárez-El Paso, es una más de las mentiras piadosas. No es tal, pero se diluye al pagar 13 pesos y soportar el susto con los 19 pasando Villa Ahumada.
Con un pequeño agregado en todo esto: la crisis migratoria que no estaba en el radar. La política adoptada por la Cuarta Transformación basada en abrir de par en par las puertas de la frontera sur hicieron que colapsara el sistema aduanero en el norte, con pérdidas multimillonarias en dólares y de competitividad en las cadenas de producción y distribución.
Se trastocó la vida cotidiana binacional de millones de personas de un lado y del otro.
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En este entorno, Donald Trump se ha mostrado precisamente complacido por las medidas adoptadas por el Gobierno mexicano, particularmente con el despliegue de Fuerzas Armadas en la frontera, que es mucho más grande que la ordenada por él y por la que los demócratas se rasgan las vestiduras.
En México, tan sólo en el sur, hay un despliegue aceptado de seis mil efectivos militares identificados como Guardia Nacional, pero vestidos con camuflaje y con armas de uso exclusivo del Ejército.
En el norte los mismos elementos rondan el Río Bravo con sus armas de alto poder para tratar de detener a los migrantes, situación que no han podido lograr ni de cerca.
Casi mil de ellos cruzan por el desierto o por las peligrosas aguas del Río Bravo, donde las imágenes de muerte ya nos han sacudido.
Ambos presidentes, que han hablado por teléfono pero no se han entrevistado personalmente, llegaron a un pacto migratorio-comercial a revisarse en 45 días.
Pero sabemos que, con las elecciones presidenciales en puerta en los Estados Unidos, el resultado va a ser abrumador, de halagos mutuos por la colaboración y el trabajo conjunto.
La mano dura de Trump dio resultado, y sólo fue un manotazo, pero en ese contexto hay muchos temas que resolver, el fundamental es el económico que ha quedado en segundo término.
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Alfonso Romo, el exitoso empresario norteño, fue en campaña el principal operador de Andrés Manuel. Es de tal tamaño la confianza que hoy ocupa un escritorio en Palacio Nacional.
Es quien abre paso a las críticas de empresarios, operando en el sector donde se desenvuelve con holgura.
Estuvo en Chihuahua para escuchar planteamientos y proyectos, luego de dos visitas presidenciales –la última insustancial, dándole la vuelta a Juárez– y la atención deficiente de las secretarías de economía y hacienda.
Sin embargo, fuera de Rogelio González (presidente de Canaco Juárez), la reunión ocurrió como miel sobre hojuelas. Se presentaron proyectos, se discutió lo de la zona franca, pero por encimita. Cuando es verdad sabida que hay un fracaso rotundo.
Romo fue un operador para calmar las aguas y ganar tiempo. Enjugar el dedo en la boca, y nada más.
Pero afuera de esas reuniones el agua está llegando a los aparejos. El año fiscal está por concluir y las secretarías de Hacienda y Economía juegan al gato y al ratón.
Una y otra se echan la culpa de un fracasado régimen de zona franca y tortuosos incentivos fiscales a los cuales pocos tienen acceso y en condiciones que requieren alto nivel de resiliencia.
Es un programa perfectible, han insistido el presidente y los responsables de operarlo, pero no escuchan las quejas y señalamientos para adoptar medidas inmediatas.
El decreto de los incentivos fiscales parece escrito sobre loza de granito. No hay la más mínima intención de moverlo, pese a que las consecuencias están a la vista, con daños irreparables para la economía nacional.