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Opinión

Erradicar la violencia vs la mujer

La violencia contra las mujeres y las niñas, es considerada una de las más graves violaciones a los derechos humanos; la notoriedad y rechazo a su prevalencia, consolidación y tolerancia en el mundo es cada vez menor

Marco Gallardo
Sociólogo

jueves, 05 mayo 2022 | 06:00

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La violencia contra las mujeres y las niñas, es considerada una de las más graves violaciones a los derechos humanos; la notoriedad y rechazo a su prevalencia, consolidación y tolerancia en el mundo es cada vez menor.

Esta violencia es a la vez causa y consecuencia de la desigualdad y discriminación de género, según los expertos, lo que provocó que la comunidad internacional haya reconocido la prevención y eliminación de la violencia como una prioridad en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen una tarea primordial: la de desaparecer todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en las esferas pública y privada. 

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Los feminicidios se refieren a mujeres que son asesinadas con elementos sugestivos y de carácter sexual, para que se acepte como tal la hipótesis de víctima de feminicidio, esta debe ser investigada para verificación o refutada a través de procesos de investigación ministerial y revisión judicial.  

El Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y la Secretaría de Salud (SSA) recopilan estadísticas clave de defunción a partir de certificados de defunción en los que el médico forense, perito, o la persona que analiza y confirma su muerte, ha presumido asesinato y abuso o maltrato sexual que la persona pudo tener antes de su defunción, estos datos, están arrojando números alarmantes y nunca vistos, de hecho 2021 fue un año negro para el país, con los más altos niveles de feminicidio de los últimos años. 

Estas estadísticas de mortalidad permiten obtener información sobre las defunciones femeninas con presunción de homicidio, desde 1985 hasta 2020, con una amplia gama de características de víctimas y eventos, lo que permite desarrollar un análisis detallado y comparativo, estos números nos indican que  el estado de Chihuahua tuvo la tasa de homicidios más alta reportada para la entidad en 2010 y Baja California Sur, mientras que en 1990 y 1992 no se registró ningún caso, en 2010 encabezó la lista y en 2017, persistió con una tasa de 20.5 por cada 100 mil mujeres (casi cuatro veces el promedio nacional), seguido de Colima con 19.4, Baja California 11.5, Guerrero y Zacatecas con 11,1. 

En contraste, Aguascalientes obtuvo una tasa de 1.0, en Yucatán y Campeche una tasa de 1.2 y Chiapas, Nuevo León y Coahuila el doble, 2.3., esto significa que el porcentaje más alto representa más de 20 veces el más bajo, el análisis anual del comportamiento de las defunciones femeninas muestra una importante heterogeneidad, lo que indica la necesidad de continuar y profundizar sistemáticamente la incorporación de esta investigación a nivel estatal, cada estado tiene condiciones diversas, debido al tráfico de drogas, niveles de pobreza, niveles socioeconómicos, pero a pesar de que es una problemática presuntamente local, debe ser analizada y atendida específicamente por cada estado de manera diversa y urgente. 

Estos datos nos dan una ventaja y debe verse como una oportunidad para construir acciones afirmativas en los tres niveles de gobierno y asignar recursos a áreas geográficas donde las mujeres son más vulnerables a la violencia y mortalidad femenina por hechos violentos, a nivel de ciudades y estados, es necesario un plan estatal serio, ya con la base del análisis de datos, zonas geográficas, actores sociales, donde no se abandone reduciendo el problema a un hecho local o de ciudad, se tiene mucha información y se debe actuar en consecuencia, no estamos a ciegas y debemos afrontar y exigir a cada estado un plan serio de acción y métodos de evaluación del mismo. 

Si bien ha habido avances significativos en la información que brinda el SESNSP (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública) mensualmente, en particular sobre mujeres víctimas de homicidio y tentativa de homicidio, aún existen áreas de oportunidad para mejorar las políticas públicas y acciones de los estados, para la implementación efectiva de estas acciones, es necesario asegurar la participación no solo de las instancias estatales, sino también de las sobrevivientes de violencia, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, el sector privado y la sociedad en general.

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