Opinión

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Encenderá el árbol y despedirá a cientos

El evento está programado para las cinco de la tarde en el Parque Central. Han sido convocados a la de a fuerzas muchos de los trabajadores gubernamentales que serán despedidos la próxima semana

LA COLUMNA
de El Diario

sábado, 07 diciembre 2019 | 06:00

• Encenderá el árbol y despedirá a cientos

• Recorre general Lohmann Chihuahua y Juárez

• Más dinero a la Fiscalía ¿para qué?

• Nadie informa sobre abono de duartista

Este sábado tiene agenda Javier Corral Jurado en Ciudad Juárez para lo que llaman en spots publicitarios el “encendido del árbol navideño”.

Al mismo tiempo dio ya su visto bueno para dejar sin trabajo a decenas de empleados públicos tanto en esta frontera como en el resto del estado en razón de más y más, y más austeridad.

El evento está programado para las cinco de la tarde en el Parque Central. Han sido convocados a la de a fuerzas muchos de los trabajadores gubernamentales que serán despedidos la próxima semana. 

Ayer presentamos algunos apellidos de los que están en la lista y que corresponden a la Subsecretaría de Desarrollo Social (no incluimos el nombre de la administradora Elisa Lomelí porque será la última en salir y cerrar la puerta), pero hay de otras dependencias, casi de todas.

Es todo un contraste que el cinturón de la austeridad deje sin empleo a cientos y que recorte programas sociales por todos los ámbitos del Gobierno estatal mientras el gobernador gasta a manos llenas, literalmente, como todo un sultán pero con pueblo empobrecido.

En el presupuesto de egresos del 2020 Corral está proponiendo aumentar su sueldo y el de sus funcionarios más ricos, en algo superior al seis por ciento. Pasará el mandatario de ganar 171 mil pesos mensuales a cerca de 180 mil pesos frente a los 108 mil que gana el presidente de la república.

No lo baja, lo sube aunque no lo merezca. Ayer arribó a un evento en San Agustín, en esta frontera, en el lujoso helicóptero Bell 429 que desde campaña y una vez arrancado su gobierno prometió vender por lo carísimo de su combustible y su mantenimiento.

También supimos que Corral Jurado giró instrucciones a su personal de seguridad para dar un “refresh” a su ejercicio físico: dejará el tenis un breve tiempo mientras es olvidado el caso del iPhone robado el pasado sábado por él y sus escoltas a un reportero de la ciudad de Chihuahua, para intensificar el atletismo.

Para correr tiene contratado de tiempo completo, con cargo al Gobierno, por supuesto, al entrenador y maratonista Royce Banda Núñez, de quien presentamos en la versión digital de La Columna varias fotografías al lado de su jefe.

En ese entorno la austeridad es un concepto desconocido. Hoy veremos a Javier Corral encendiendo el árbol navideño, feliz, sonriendo de oreja a oreja porque tendrá mejor sueldo el año próximo y podrá continuar su vida a todo lujo gracias al despido de miles de burócratas y recortes de programas sociales.

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Durante dos días hizo recorridos por las bases militares de Juárez y Chihuahua el general comandante de la XI Región Militar, Pedro Lohmann Iturburu, designado además como responsable en el norte del país del Plan Migratorio puesto en marcha por la administración de Andrés Manuel López Obrador.

El alto mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sostuvo reuniones con funcionarios locales y estatales que han estado a cargo de la crisis migratoria que ya cumple un año.

El diagnóstico de las fuerzas militares apunta a que se ha logrado disminuir en más del 60 por ciento el ingreso de migrantes a México por la región sur del país. 

Entraban de forma ilegal unas tres mil personas por día en la porosa frontera sur hace ocho meses, en los picos más altos de la crisis. Ahora la estimación es que ingresan poco menos de mil. 

La mayoría se dispersaba entre los estados del norte del país, principalmente Tamaulipas y Chihuahua, por ser las rutas del flujo migratorio relativamente más accesibles.

Ahora sin duda ha disminuido el ingreso de extranjeros de los países del centro y sur del continente. Pero el flujo fuerte hacia el norte se mantiene, sólo que ahora es de mexicanos.

En este contexto Juárez sigue siendo un foco rojo, según el cuadro que vino a pintar Lohmann Iturburu en su recorrido.

Las medidas de contención se mantienen pero no hay una política sólida orientada a, por ejemplo, apoyar a las ciudades que tienen encima la carga migratoria, como la frontera, que de lugar de paso se ha convertido en destino.

Así las cosas, el plan federal de atención a la migración sigue quedando a deber.

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Ya comenzó el pataleo por el presupuesto 2020 en el Congreso del Estado. Uno de los temas más cuestionados es el de la seguridad, por razones más que obvias.

Las bancadas de Morena y PRI han condicionado de alguna forma la aprobación del paquete de gasto que envió el gobernador Javier Corral al análisis a fondo de los resultados tanto del fiscal general César Augusto Peniche como del comisionado estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio.

Es aquí donde se atora todo porque la gestión corralista en la materia está reprobada. Por ello resulta ilógico dar luz verde al aparato de seguridad un aumento del 13 por ciento, cuando los resultados caen mes a mes y año por año.

Hay unos datos reveladores sobre la ineficiencia de la FGE y su área preventiva: en octubre la entidad se colocó, para variar, por encima de la media nacional en incidencia delictiva general, con 171.9 delitos por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional fue de 140.

En el comparativo mes a mes, es decir, de septiembre a octubre, creció uno por ciento; en el comparativo anual, o sea, el mismo mes de referencia de los años 2018 y 2019, el incremento fue del 10.5 por ciento.

Son los delitos en general, sin ver en específico las ejecuciones, renglón en el que Chihuahua ocupa el deshonroso tercer lugar del país, con un aumento del 5.9 por ciento al año. Datos oficiales de la misma FGE reportados al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En opinión de algunos legisladores que revisan con lupa el desglose del proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, es necesario no tener vergüenza para hacer un planteamiento al alza, sin una esperanza siquiera de que mejorarán los resultados.

El manejo de las finanzas públicas no puede estar sujeto a premiar con más presupuesto a los que entregan las peores cuentas del aparato estatal.

¿Con qué razonamiento se le puede aprobar ese incremento al barril sin fondo que ha sido la seguridad en el estado desde hace años?

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Ha sido tal la cerrazón para informar si ya pagó o no el exsecretario de Educación duartista Ricardo Yáñez Herrera el primer abono (un millón de pesos) de su millonaria multa, que tarde o temprano tendrá que salir a relucir la razón real de tanto esfuerzo por ocultarlo.

En los tribunales remiten a la Secretaría de Hacienda o a la Fiscalía estatal, pero en éstas remiten a los tribunales. Y en todas partes niegan ser las responsables de vigilar y dar seguimiento al acuerdo signado por el exfuncionario para obtener su libertad.

El caso es que nadie dice si ya depositó o no Yáñez el millón de pesos de abono que debía pagar el 30 de noviembre, de los 222 millones que ilusamente se supone habrá de pagar como reparación del daño al erario por el delito de peculado. 

El mecanismo legal que se prevé para la libertad anticipada mediante la reparación del daño, por el que logró salir de la cárcel el también exdiputado de Nueva Alianza, contempla el pago a la tesorería estatal directamente, así como el reporte quincenal a firmar que debe vigilar la Fiscalía de Ejecución de Penas, de la que aún depende el sentenciado.

Pero hay una forma de evasión mediante acuerdos que se pueden hacer en lo oscurito entre la Secretaría de Hacienda y la Fiscalía del Estado, superiores de las dos áreas que deben hacerse cargo de aplicar la sanción.

En este supuesto podría encontrarse cómodamente Yáñez Herrera, que si bien no es gratis tampoco cuesta los 222 millones de pesos que le faltan de pagar, de 246 millones de desfalco que le imputaron junto con otros acusados.

No es gratis porque esos acuerdos son a cambio de algo, como engrosar expedientes de la devaluada Operación Justicia, que con casos como el de Yáñez exhibe la selectividad de la justicia que ha caracterizado los procesos penales contra exfuncionarios.

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