OPINIÓN

En masacre hay más culpables que los asesinos

Todos los caminos conducen al robo de combustible como presumible móvil en la masacre de tres mujeres y seis niños radicados entre las comunidades mormonas de Galena, Chihuahua; y Bavispe, Sonora

LA COLUMNA
de El Diario
miércoles, 13 noviembre 2019 | 06:00

• En masacre hay más culpables que los asesinos


• No dejan a juarenses el control ni de su agua


• Trajo al superdelegado la bendición de Marcelo


• Sotelo deberá resignarse a no hacer olas


Todos los caminos conducen al robo de combustible como presumible móvil en la masacre de tres mujeres y seis niños radicados entre las comunidades mormonas de Galena, Chihuahua y Bavispe, Sonora.

Tenemos testimonios de primera mano recogidos por funcionarios federales que han acudido al lugar de los hechos, acontecidos a principios de la semana pasada.

Fueron los servidores públicos testigos de las grandes dificultades para conseguir gasolina fuera de los principales centros poblacionales de la región como son Buenaventura, Nuevo Casas Grandes y Ascensión.

Hacia el exterior de las cabeceras municipales no se consigue un solo litro de gasolina facturable, y por lo tanto, no se requiere ser adivino para concluir que se trata de huachicol, de gasolina robada.

Son múltiples los testimonios de los líderes mormones de aquella región y de autoridades de distinto nivel en relación al tráfico abierto de combustible hurtado como una de las principales actividades del crimen organizado; por supuesto, además del tráfico de drogas y las extorsiones a grandes y medianos comerciantes y a las presidencias municipales.

Quedan pocas dudas para la comunidad LeBaron que sus familiares fueron acribillados e incendiados por la disputa de huachicol entre bandas criminales de la región serrana de Sonora y Chihuahua. Hubo muchas amenazas antes de la masacre.

Queda entonces la conclusión sobre la culpabilidad clara en tales asesinatos de las corporaciones policiacas estatales y federales, solapadoras indudables de los delincuentes.

Casi un año la han pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Javier Corral,presumiendo “resultados” en el combate al huachicol pero resulta que sus policías en la región noroeste de Chihuahua no solamente simularon, sino que dejaron expuestas a la barbarie a las familias asesinadas y a miles más que habitan en la zona.


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El Consejo de Administración de la Junta Central de Agua y Saneamiento, encabezado por Óscar Fidencio Ibáñez e Ismael Rodríguez, acaba de emitir los lineamientos que uniforman las tarifas de las juntas municipales de todo el estado.

Con esta centralización se pretende homogeneizar los cobros por agua potable y residual, saneamiento, alcantarillado y demás servicios que son responsabilidad del Estado.

Los Lineamientos del Sistema de Cuotas y Tarifas se supone respetarán decisiones regionalizadas de los consejos de las juntas municipales, que de municipales sólo tienen el nombre.

Además van a regular el otorgamiento de descuentos y bonificaciones para hacerlos supuestamente más transparentes, pues no tienen base alguna y en cada municipio se tasan a ojo de buen cubero, sin criterios claros.

La normatividad es favorable en cuanto a fijar bases de observancia general para la mejor administración del vital líquido pero es brutal la centralización corralista.

De fondo, es claro que representa el adiós definitivo a la promesa que el gobernador Javier Corral le hizo a varios alcaldes, incluidos el independiente juarense Armando Cabada y la panista Maru Campos de la capital Chihuahua, de municipalizar el agua como marca la Constitución General de la República.

Ese centralismo se orienta a todo, menos a cumplir con ese compromiso que representa dejar los recursos de las JMAS en manos de los municipios, en donde legalmente deben estar.


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El fin de semana tuvo en el Barrigas una cena Juan Carlos Loera, cuyos asistentes la convirtieron en sintomática, particularmente dos de ellos.

Uno fue Mario Delgado, el líder de Morena en la Cámara de Diputados. Su pretexto principal para visitar Ciudad Juárez fue asistir a los informes de los diputados de su partido por esta frontera, pero en realidad su agenda marcaba rumbo en actividades específicas del superdelegado del Gobierno federal en Chihuahua.

Sin duda Delgado parece definido hasta ahora con su respaldo hacia Loera de la Rosa, que se mantiene como uno de los dos principales precandidatos del partido de AMLO hacia la gubernatura 2021. Hace poco fue el informe en la ciudad de Chihuahua de su competidor en ese objetivo, Cruz Pérez Cuéllar; lo invitaron pero no asistió.

El otro que estuvo en la cena con fama de muy influyente es el ingeniero Bernardo Aguilar Calvo, director general de la Secretaría de Relaciones Exteriores para Europa, amigo y operador político infaltable del jefe de esa área, Marcelo Ebrard.

Marcelo tiene su corazón puesto en la Presidencia de la República 2024 y requiere también el apoyo de sus correligionarios morenistas, sobre todo de aquellos que tienen mayor cercanía con el jefe López Obrador. Juan Carlos sin duda es uno de ellos. Ayuda recíproca.

Hubo otras asistencias a la cena del superdelegado, pero algunas no conviene ni siquiera mencionarlas. Por ejemplo, la exfiscal especial de la hoy Fiscalía General del Estado para la investigación del caso conocido como Campo Algodonero, Sully Ponce Prieto. Ahí aparece en la foto que presentamos en la versión digital de La Columna, junto con Jesús Barragán, Jonathan Vargas y los otros mencionados.

Ella será perseguida por la historia de esos Campos Algodoneros que, junto con el Cerro del Cristo Negro, el Lote Bravo y más recientemente, el Arroyo del Navajo, han dado fama negra a Ciudad Juárez en materia de feminicidios impunes.


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La reconformación de fuerzas al interior del Consejo de la Judicatura –que trajo la renuncia de Luz Estela “Lucha” Castro– dejó marginado al panista Joaquín Sotelo Mesta. Excluido y bajo la lupa.

El consejero ciudadano que llegó a propuesta del Congreso del Estado trató de hacer migas con el relevo de “Lucha”, la también panista Minerva Correa Hinojosa.

Para ello se acercó a los grupos que llevaron a la mujer a un asiento en el órgano administrador del Poder Judicial, los “gaudinistas” y los “maderistas”. Ambos se adjudican la decisión del jefe del Ejecutivo, Javier Corral, quien envió formalmente a Minerva a esa posición.

Sotelo Mesta fue bateado, sin embargo, por unos y otros, luego del problema olvidado en el cajón de la Fiscalía Anticorrupción en torno a los exámenes para la designación de jueces y magistrados que provocó “Lucha” Castro y que explotó el consejero.

Buscó los acercamientos ante la determinación casi formalizada de que no había materia para continuar con su denuncia. Pero sobre todo lo hizo porque, en contrario, supo que le anduvieron jalando la cuerda a las investigaciones contra él mismo por varios excesos cometidos.

No encontró apoyo ni interés de tener algún tipo de respaldo, alianza o pacto a su favor. La condena por el escándalo desatado le fue extendida.

Los tres magistrados que conforman el CJE, el presidente Pablo Héctor González, Gabriel Ruiz y Roberto Siqueiros, acataron el reclamo de sus pares del Tribunal Superior de Justicia de unirse en las decisiones administrativas, en tanto que Correa fue previamente instruida de que a su compañero consejero ni los buenos días se le daban.

Pero la “ley del hielo” es lo de menos para Sotelo Mesta. Al menos no es algo que le deba quitar el sueño, si a eso se acostumbró desde principios de año, cuando comenzó el jaloneo por las supuestas irregularidades en los exámenes que se supone él mismo revisó meses atrás.

Lo que sí debe preocupar al consejero son justamente las acusaciones de acoso a personal del Poder Judicial y otros pecadillos que pesan en su contra.

Específicamente se habla de litigios relacionados con el despacho de su hermano en Ciudad Juárez, sospechosamente favorecidos en los tribunales donde Sotelo aún tiene entrada por su posición de poder. Eso y otros detallitos están bajo la lupa.